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Paga CBP a mujer casi medio millón de dólares

El Diario de El Paso | Viernes 22 Julio 2016 | 13:32 hrs

El Diario de El Paso |

El Paso– Una mujer de Nuevo México ganó una demanda por 475 mil dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por someterla a “dolorosas y humillantes” revisiones físicas al cruzar la frontera a finales del 2012, informó ayer la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).



La fémina, de 54 años, fue detenida en uno de los puentes entre El Paso y Ciudad Juárez bajo sospecha de traer droga. Fue revisada ahí y luego enviada al University Medical Center para más procedimientos médicos sin una orden judicial, incluyendo la aplicación de “lavativas” y un examen vaginal “bimanual”.

No se encontró ninguna droga, y en vez de un “usted disculpe”, los funcionarios le enviaron un cobro de 5 mil dólares por los exámenes.

La mujer cuya identidad se omite en los documentos oficiales, demandó en el 2013 y obtuvo en aquel entonces 1.1 millones de dólares en compensación por parte del hospital. Ahora obtiene la del CBP.

Activistas de los derechos civiles esperan que las indemnizaciones que han tenido que pagar un hospital paseño y una agencia federal a una mujer de Nuevo México contribuyan a reducir los abusos de autoridad en los cruces internacionales.

“Hubo un acuerdo monetario (con el CBP), pero también se logró que cambiaran su política y la forma que capacitan a sus agentes para prevenir que esto siga ocurriendo”, dijo Vicki Gaubeca, directora del Centro Regional de Derechos Fronterizos del ACLU de Nuevo México.

“Además emitimos una carta a 110 hospitales en las que les recordamos que necesitan una orden de cateo antes de empezar a revisar a las personas de esa manera”. ACLU, una organización sin ánimo de lucro que proporciona asesoría legal, se involucró en el caso luego de recibir la denuncia en su página web.

Gaubeca dijo que este caso la mujer tuvo el valor de poner una denuncia, pero advierte que otra gente que sufre abusos los calla, quizás por miedo a las autoridades. En esta situación la persona afectada era una ciudadana de Estados Unidos, pero Gaubeca aclaró que todo individuo, sin importar su estatus migratorio, nacionalidad o cualquier otro factor, tiene derecho a que sus garantías constitucionales sean respetadas.

“No debemos de someternos a este tipo de tratamiento por parte de ninguna entidad gubernamental, menos sea que ellos tengan evidencias fuertes para cumplir con una orden de cateo”, concluyó.

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