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Estado

Confiscarán cuentas y bienes a procesados

Blanca Carmona/El Diario de Juárez | Lunes 13 Junio 2016 | 10:27 hrs

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Ciudad Juárez.- Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) hoy, queda prohibido mantener en un centro estatal bajo arraigo a los procesados que esperan una sentencia, además le quita al Ministerio Público el monopolio de la acción penal en los asuntos que se siguen por denuncia y que se castiguen con penas no mayores a tres años de prisión, pues cualquier ciudadano podrá solicitarle a un juez que ejerza acción contra otro civil.



Otra innovación es que los acusados podrán enfrentar el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero con el fin de garantizar la reparación del daño a las víctimas, así como la posibilidad de que éstas cuenten con un asesor jurídico.

El CNPP o Código Único, prevé que el arraigo como se aplica en el estado de Chihuahua desaparezca. Actualmente los jueces de Garantía y de Tribunal de Juicio Oral autorizan a que las personas que cumplen dos años presas sean enviadas al Centro Estatal de Arraigos ubicado en la calle Barranco Azul mientras esperan la sentencia, es decir, el arraigo es utilizado como medida cautelar para asegurar la presencia de los procesados a juicio.

Sin embargo el nuevo ordenamiento, en su Artículo 155 fracción XIII, establece únicamente “el resguardo (del indiciado) en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga”, lo que significa un arraigo pero domiciliario.

En materia procesal la ley no es retroactiva. Sin embargo, jueces consultados sobre el tema, que pidieron que se omitiera su identidad porque no están autorizados para hablar,  señalaron que la aplicación de esta ley quedará como un criterio abierto respecto a las personas que ya se encuentran internadas en el Centro Estatal de Arraigos.

Se trata, explicaron de una ley que de alguna manera regula la libertad personal y hay opiniones encontradas entre los juzgadores sobre si los internos que actualmente se encuentran en el Centro deberán continuar privados de su libertad, si deben enfrentar el proceso en libertad o bien si el Estado tiene la capacidad de mantenerlos bajo resguardo domiciliario.

El CNPP también contempla 14 medidas cautelares, dos más que el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, estas son: el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero esto para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

El Código Nacional es más garantista que la Constitución Mexicana, indicaron los jueces entrevistados, esta última establece como plazo máximo dos años de prisión preventiva y el Código Único, un año. Sin embargo, la Constitución es la ley suprema y en el caso de Chihuahua no habrá cambios, pues los jueces venían imponiendo dos años como tiempo máximo de la medida cautelar de prisión preventiva.

Fecha límite nacional 18 de junio

En el nuevo ordenamiento, que estará vigente en toda la República Mexicana a más tardar el próximo 18 de junio y que tiene por objeto homologar los códigos de los estados, en el Artículo 137 se le otorgan facultades a los agentes del Ministerio Público para que apliquen medidas cautelares a los sospechosos de un delito, para proteger a las víctimas cuando se considere que los acusados representan un riesgo y antes de que la carpeta de investigación sea presentada ante un juez de Control como se le denominara a los actualmente llamados jueces de Garantía.

Los fiscales podrán imponer 10 diversas cautelares, entre estas: prohibir que los acusados se acerquen o comuniquen con la víctima u ofendido; limitantes para que se acerquen a las víctimas, la separación inmediata del domicilio, protección policial a víctimas y la posibilidad de trasladar a los afectados a refugios. En los tres primeros supuestos en los cinco días siguientes a que se apliquen estas medidas el caso deberá ser presentado a un juez para que convalide o rechace lo dispuesto por los fiscales. En el resto de las medidas no es necesario buscar la opinión de los resolutores.

Otra novedad del CNPP es que abre la posibilidad de que los particulares ejerzan la acción penal. Uno de los candados que se establecen es que únicamente procederá “en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión”, señala el Artículo 428.

El particular al ejercer la acción penal ante el juez de Control podrá solicitarle que ordene la comparecencia en contra del imputado o que lo cite a una audiencia inicial, y reclamar la reparación del daño.

Protegerá nueva ley más a víctimas

El Código Único le da nacimiento a la Ley Nacional de Víctimas y crea la figura del asesor jurídico para las víctimas u ofendidos de ilícitos. Por lo que además del agente del Ministerio Público –que se avoca a la pretensión punitiva y que también representa los intereses de la parte afectada– estas personas  contarán con un representante más.

Con la nueva ley se podrá ejercer acción penal contra las sociedades mercantiles o personas jurídicas, actualmente se hace a través de los representantes legales o se busca en específico al empleado que incurrió en la conducta antisocial. Este cambio será útil para los delitos ambientales, señalaron los expertos.

El antiguo Código de Procedimientos Penales del Estado no preveía ninguna sanción para los agentes del Ministerio Público que no respeten el plazo para el cierre de la investigación que es máximo de ocho meses y se empieza a contar a partir de que una persona es vinculada a proceso, tiene como objetivo que se terminen de anexar a la carpeta de investigación las pruebas necesarias para demostrar el delito y la responsabilidad penal del acusado y también corre para los procesados a fin de que ellos reúnan pruebas de descargo.

En el CNPP se establece como plazo máximo para el cierre de la investigación seis meses y también ordena que si el Ministerio Público incumple con presentar la acusación por escrito para avanzar a las siguientes etapas del proceso penal -que sería obtener una sentencia ya sea a través de un procedimiento especial abreviado o irse a un juicio oral.

O bien, tomar una salida alterna que finalice el proceso- el Tribunal de Control requerirá al fiscal, dándole un plazo de 10 días para que presente el documento, en caso de no hacerlo se le darán otros diez días al fiscal General del Estado para que presente la acusación y de no hacerlo el asunto vencerá o se dictará el sobreseimiento y el o los acusados podrán salir libres.

Con el Código Nacional volverá a prohibirse que la declaración que el procesado rindió ante el Ministerio Público se presente al Tribunal de Juicio Oral -instancia que a partir de este CNPP se llamará Tribunal de Enjuiciamiento-, excepto si el acusado rinde declaración ante el juez.

En cuanto a las salidas alternas que prevé el sistema para acelerar la finalización de los procesos penales, como son la suspensión del proceso a prueba, acuerdos reparatorios y el procedimiento especial abreviado, el Código Único quita varios candados por lo que se espera que estas herramientas se utilicen más.

En cuanto a la prensa se establece “los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al Órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia”, se señala en el Artículo 55 último párrafo.

Además se establece el derecho de consultar los registros de audio y video a cualquier persona aunque no sea parte del proceso penal.

Hasta ayer no se había definido un criterio sobre cómo se dará cumplimiento a lo anterior.

Durante varios años los operadores judiciales trabajarán con el CNNP y con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el primero se utilizará para atender los hechos que se registren a partir de la entrada en vigor de esta ley que es el lunes 13 de junio y el segundo con todos los procesos iniciados bajo la vigencia del Código Estatal.

En el caso de los tribunales de Enjuiciamiento, hasta ahora llamados Tribunales de Juicio Oral, se espera que les lleguen asuntos que se regulen con el CNPP mínimo hasta dentro de seis meses. (Blanca Carmona/ El Diario)

Algunos cambios

• Desaparece el arraigo en un centro estatal

• Aumentan de 12 a 14 las medidas cauterales

• Se pueden embargar bienes e inmovilizar cuentas del acusado para garantizar el pago de daños a las víctimas

• Los ciudadanos pueden acusar directamente ante juez y no sólo a través del Ministerio Público

• El MP tiene la facultad de imponer hasta 10 medidas cautelares, antes eso era exclusivo del juez

• La víctima tiene derecho a un asesor jurídico que será un representante aparte del MP

• Se reduce de 8 a 6 meses el plazo máximo para el cierre de investigación

• Abre los registros de audio y video de las audiencias a cualquier persona

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