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Estado

Desfalcan juicios al Municipio de Ciudad Juárez

Juan de Dios Olivas/El Diario de Juárez | Lunes 22 Agosto 2016 | 14:48 hrs

El Diario |

Con un ‘ejercito’ de abogados, el Gobierno Municipal se ha enfrascado en una ‘guerra’ legal al hacer frente a 689 demandas que empresas nacionales y extranjeras, proveedores, empleados, ciudadanos y hasta la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) además de Ferromex, la Central Camionera y el Aeropuerto emprendieron contras sus disposiciones o servicios en los últimos dos años.



Entre los recursos jurídicos que ha enfrentado la administración local del 2014 a la fecha se encuentran el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP); despidos laborales injustificados; para conseguir el pago de obras o servicios (algunos con más de 10 años en proceso); para no pagar impuestos; así como para seguir cobrando el estacionamiento a sus clientes, entre otros motivos.

Desgraciadamente, al menos dos de cada procesos que ha enfrentado –civiles, laborales y penales– en disputa los ha perdido.  

Los fallos en su contra o los acuerdos extrajudiciales han obligado al Municipio a regresarles a los particulares o empresas cerca de 240 millones de pesos en este lapso, en su mayor parte por el DAP que generó el 61.2 por ciento de las demandas, revelan datos oficiales.

Aun así, y con la intervención de su equipo de abogados, el Gobierno local ha conseguido fallos favorables o acuerdos que le han representado ahorros por alrededor de 200 millones de pesos, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra.

En todos estos casos en contra del Ayuntamiento, “el elemento fundamental fue no abandonar el proceso y llegar hasta la última resolución, así como mantener el ejercicio de derecho del Municipio y lo logramos, logramos sentar precedentes y llegar también a acuerdos fundamentales para evitar que se siguiera sangrando el presupuesto”, agregó el funcionario.

Para defender estos casi 700 litigios en su contra, el Municipio cuenta con un equipo de doce abogados que están en la nómina local dentro de la Dirección Jurídica que depende de la Secretaría del Ayuntamiento. En ningún caso se ha recurrido a despachos externos.

“Falta solidaridad con Juárez”

De acuerdo con un reporte de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, seis de cada 10 demandas en contra del Municipio fueron motivadas por el cobro del DAP, aplicado en los recibos de luz o en cuentas catastrales, y fueron interpuestas por el sector empresarial, principalmente maquiladoras, que recurrieron a juicios de amparo para solicitar la protección de la justicia federal.

En total, de las 689 demandas que se presentaron en el lapso mencionado, 422 son por ese concepto. Y aun cuando la tendencia es a disminuir, de acuerdo con el Municipio, por esta causa el Gobierno local se vio obligado a regresar a los demandantes alrededor de 80 millones por año en 2014 y 2015, y en el actual se espera una suma similar, indican datos de la Tesorería Municipal.

El reporte especifica que en 2014, el sector empresarial interpuso 146 demandas de amparo en contra del DAP; en 2015 fueron 164 y en este año ya van 102.

 

Por este concepto, que se aplica a todos los contribuyentes juarenses para sostener el servicio de alumbrado público, este año hubo empresas que demandaron al Ayuntamiento para lograr la devolución de ¡61.33 pesos!, que fue la suma más pequeña, hasta 192 mil 500 pesos, la cantidad más alta.

 “Siguen incurriendo en esa práctica, que no se les puede limitar porque es el ejercicio de un derecho, pero lo que yo he cuestionado siempre es la falta de solidaridad con la comunidad, porque el no pagar el Derecho de Alumbrado Público es negarse a colaborar con la ciudadanía, incluso de sus mismos empleados. Esta es una práctica permanente de muchas empresas, incluso de industrias maquiladoras”, dijo el secretario del Ayuntamiento.

Señaló que hay demandas por sumas muy pequeñas, pero promovidas por despachos que son los que realmente ganan en estos casos por los honorarios que cobran.

En el listado de Transparencia aparece una empresa maquiladora que en enero de este año ganó dos juicios de amparo, uno por el que obtuvo la devolución de 61.33 pesos y otro por 11 mil 220 pesos.

Sin embargo también aparecen compañías que obtuvieron sumas más altas, una de ellas por 192 mil 500 pesos.

El funcionario agregó que el Municipio mantiene pláticas con la iniciativa privada para convencerlos de desistirse y logró una reducción en las demandas que se interpusieron y que se espera se refleje también en los montos devueltos.

“El razonamiento jurídico aplicado por quienes promueven los amparos se sostiene en que el cobro del DAP debe ser igual para todos los contribuyentes por tratarse de un derecho; pero aquí el problema es la justificación legal y la justificación social”, refirió.

Indicó que el servicio de alumbrado público es parte de la seguridad pública que se brinda a toda la ciudad y sus habitantes, no se discrimina a aquellos que lo pagan de los que no.

Quintana señaló que en este caso se requiere que el Congreso legisle y en lugar de derecho, convertir en contribución el pago por el servicio del alumbrado.

“Va a ser una práctica que se va a seguir repitiendo en tanto no cambiemos la clasificación fiscal del Derecho”, dijo.

Juicios civiles y acuerdos extrajudiciales

De enero de 2014 a la fecha, la Dirección Jurídica del Municipio dio seguimiento a 45 demandas civiles entre las que se encuentra la que promovió el constructor del Mercado Reforma, José Clarke Bujanda, que inició en 2003 tras el incumplimiento del gobierno en el pago del contrato pactado en la administración del panista Jesús Alfredo Delgado.

 

El Diario | Archivo | El constructor del Mercado Reforma ubicado en la Zona Centro, demandó al Municipio

El Diario | Archivo | El constructor del Mercado Reforma ubicado en la Zona Centro, demandó al Municipio

En este caso los magistrados fallaron a favor del constructor, quien falleció el año pasado tras recibir una parte del pago, y por el resto se llegó a un acuerdo extrajudicial que fue validado por el Cabildo el mes pasado.

El convenio aprobado por los ediles fue para pagar el adeudo de 20 millones de pesos a los descendientes de Clarke Bujanda. Originalmente la reclamación era de 7.5 millones de pesos, pero por los intereses y daños la cantidad aumentó. El Municipio pagaría lo reclamado y posteriormente entregará un millón y medio de pesos por mes a los herederos del empresario hasta cubrir el saldo total.

Adicional a este caso, el Ayuntamiento resolvió también por la vía extrajudicial el caso del parque Revolución, reconstruido recientemente y en vías de inaugurarse antes de concluir la actual administración.

Las instalaciones, que el presidente Adolfo López Mateos mandó construir hace más de 50 años, fueron edificadas en un terreno que no pertenecía al Municipio, dijo Quintana Silveyra.

“El problema fundamental fue que los terrenos pertenecían a una sucesión, y nunca se hizo el traspaso. Desde su construcción se edificó en terreno ajeno. Lo que se hizo es negociar con la sucesión y en realidad se pagó un precio simbólico por toda la superficie y con ello justificar la inversión pública para recuperar este espacio que fue muy importante en su tiempo y que ahora vuelve a cobrar relevancia”, añadió.

La solución fue pagar 2 millones de pesos a la familia Padilla, propietaria legal del predio, lo que permitió al Municipio invertir este año 53 millones de pesos del Fondo Metropolitano para reconstruir el popular parque.

 

El Diario | Archivo | Parque Revolución en mayo, aún en proceso de remodelación

El Diario | Archivo | Parque Revolución en mayo, aún en proceso de remodelación

El caso del Mercado Reforma y el parque Revolución “son asuntos resueltos que le ahorraron muchos recursos al Municipio”, enfatizó.

Además de estos casos civiles, la Dirección Jurídica atendió un listado de 158 casos de todo tipo entre los que destacan los litigios para aplicar el cobro del Impuesto Predial al Aeropuerto y a la empresa Ferromex, así como la recuperación de un pago de 10 millones de pesos otorgado a la empresa Costos, contratada para supervisar el Plan de Movilidad Urbana (PMU).

Esta compañía demandó por la vía civil al Municipio para obligarlo a pagar un monto de 30 millones de pesos que recibió para auditar las obras de movilidad. Sin embargo tras fallar en contra de Costos la Segunda Sala Civil, el Ayuntamiento contrademandó para obligar a esa empresa a regresar un anticipo que se le otorgó por un trabajo que no realizó.

Por el PMU, el gobierno local también recibió el reclamo de 21 millones de pesos hecho por seis empresas constructoras que realizaron trabajos de planeación por encargo de la Dirección de Obras Públicas, que dirigía entonces Arcadio Serrano en 2011.

 

El Diario | Archivo | Demanda en contra del Municipio por constructora del Plan de Movilidad Urbana no procedió

El Diario | Archivo | Demanda en contra del Municipio por constructora del Plan de Movilidad Urbana no procedió

El caso no prosperó debido a que no se firmó ningún contrato legal.

De octubre de 2013 a la fecha, la Administración municipal despidió a más de mil 200 empleados por diversos motivos. Una parte de ellos, atendiendo la política de reducción de gasto corriente, y en el caso de la Policía Municipal y Tránsito, por actos de corrupción e involucrarse en probables delitos así como por no pasar exámenes de confianza, aptitud y otros que obliga el Sistema de Seguridad Nacional, de acuerdo con reportes oficiales.

Lo anterior le generó al Municipio un total de 32 demandas laborales en los casi tres años transcurridos, muchas de las cuales se resolvieron a favor del Ayuntamiento y en menor medida mediante acuerdos extrajudiciales que le ahorraron al Municipio desembolsar fuertes cantidades, indicó el secretario del Ayuntamiento Quintana Silveyra.

“Son litigios laborales que logramos resolver obteniendo la resolución definitiva a favor del Municipio, litigios laborales uno que reclamaba 5 millones de pesos”, agregó.

El Aeropuerto y los estacionamientos

El 4 de abril de este año, el Cabildo aprobó el Reglamento para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados que prohíbe cobrar en sus aparcaderos a negocios comerciales, de servicios e industriales, además de hospitales y Central Camionera, el cual entró en vigor 10 días después.

La nueva normatividad provocó una reacción en cadena de centros comerciales, Central Camionera y Aeropuerto, que solicitaron la protección de la justicia federal promoviendo 32 juicios de amparo que en su totalidad fueron sobreseídos en una primera instancia, con excepción del Grupo Aeroportuario del Norte (OMA) que obtuvo la suspensión definitiva aun antes de la audiencia constitucional, lo que le permitió seguir cobrando en su aparcadero.

 

El Diario | Archivo | En abril las casetas y plumas del estacionamiento del Aeropuerto fueron clausurados, al no acatar la orden del Municipio de abolir el cobro a los usuarios

El Diario | Archivo | En abril las casetas y plumas del estacionamiento del Aeropuerto fueron clausurados, al no acatar la orden del Municipio de abolir el cobro a los usuarios

Por este caso el Ayuntamiento interpuso formalmente ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja en contra del Juez Noveno de Distrito, Jesús Alberto Ávila Garabito, quien permitió al aeropuerto seguir cobrando sin considerar que el artículo 41 de la ley de aeropuertos establece que los concesionarios deben sujetarse a las disposiciones de orden estatal y municipal de los lugares donde se les concede el uso de instalaciones federales, y sujetarse a las reglas de Desarrollo Urbano, señaló el presidente municipal Javier González Mocken.

Este caso, considerado el más relevante porque traerá un impacto en todos los municipios donde hay aeropuertos concesionados por el Gobierno federal, está aún sin resolverse.

“Se va a heredar, el titular del órgano jurisdiccional sigue difiriendo la audiencia constitucional. Yo creo que este es un litigio que tiene un impacto nacional, por eso yo creo que va a seguir así el procedimiento. Es el caso más grande que tiene el Ayuntamiento, con implicaciones nacionales, en la medida que se resuelva como debe ser, va a repercutir en todos los municipios del País donde se tengan aeropuertos”, estableció el secretario del Ayuntamiento.

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