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Estado

Identificados homicidas de activistas; operativo en la Sierra: Corral

De la Redacción | Jueves 02 Febrero 2017 | 16:03 hrs

El Diario |

Chihuahua, Chih.- Un gran número de carpetas de investigación sobre homicidios dolosos en el estado que habían sido desestimadas, fueron reabiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para responder a la demanda ciudadana sobre el esclarecimiento de crímenes atribuidos a la delincuencia organizada.



Asesinatos como el de los defensores de derechos indígenas, Juan Ontiveros Ramos e Isidro Baldenegro López, ocurridos en la Sierra Tarahumara, así como de los activistas, Manuela Martha Solís Contreras e Ismael Solorio Urrutia, originarios de Buenaventura, e incluso las víctimas en la masacre de Villas de Salvárcar y el atentado contra el exdirector de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, en Ciudad Juárez, serán resueltos, afirmó el gobernador, Javier Corral Jurado.

Expuso que se trata de un "acumulado de impunidad" heredado de la pasada Administración estatal, cuyos responsables "arrumbaron expedientes" e ignoraron solicitudes de órdenes de aprehensión, presentadas por el Ministerio Público, y por ello las retomaron para recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Lamento profundamente, y condenamos cualquier acto de violencia, en contra de cualquier persona, sobre todo en los personajes que han luchado por los derechos indígenas. En el caso de  Juan e Isidro, tenemos identificados a los responsables y estamos tras de ellos", expresó.

Anunció que el fiscal general, Arturo Peniche Espejel, encabezará un operativo especial en la zona serrana, para ejecutar "una serie de órdenes de aprehensión que estaban pendientes", porque "esa impunidad es lo que ha fomentado que se sigan dando los homicidios".

Precisó que las detenciones no han podido concretarse debido a la complejidad geográfica de esos municipios e invitó a los ciudadanos a cooperar por medio de las denuncias anónimas, para ubicar personas y lugares, que pudieran implicar actividades ilícitas.

"Hoy el Gobierno está de su lado y tenemos una plataforma con los mecanismos de seguridad necesarios para hacer las denuncias", señalóConsideró que existe un déficit en Seguridad Pública en las comunidades de la Sierra donde frecuentemente los policías municipales son corrompidos por el crimen organizado, ante lo que el Estado ha propuesto asumir su control  y "forzarlos" a depurar la fuerza por medio de nuevos controles y exámenes de confianza,  ordenados a todos los mandos.

"Lo estamos pensando en varios municipios, de tal manera que rompamos el vínculo de la complicidad,  que les permite a los delincuentes evadir la justicia al darles un pitazo y hasta terminan protegiéndolos", detalló.

Dijo que el repunte de incidencia delictiva ocurrido en enero, fue similar en al menos 10 estados del país, ligado a disputas por plazas para el narcomenudeo.

Informó que la FGE implementó una estrategia que permitió el arresto de siete miembros de una banda vinculada a 26 homicidios en Juárez, en tanto que en la capital se arrestó a otras personas ligados a 11 asesinatos.

"Dimos un golpe muy importante. La prospectiva es que este mes vamos a contener más este ajuste de cuentas entre ellos", agregó el gobernador.

Paralelamente el Estado comenzó la integración de expedientes sobre todos los integrantes de las organizaciones delictivas identificados como objetivos claves en la estrategia nacional del Programa de los 50 Municipios Prioritarios, coordinado con Cisen, PGR, Policía Federal, FGE y Policía Estatal Única, aseguró el mandatario.

Javier Corral adelantó que el próximo 14 de febrero,  se reunirán los grupos de coordinación Chihuahua-Durango, en Parral, con el propósito de definir una estrategia especial entre entidades, en torno al combate a la delincuencia.

"Estamos en tarea permanente de desmantelamiento, y sin reservas. Eso es lo que vamos a hacer, coordinarnos, cumplir órdenes, trabajo de inteligencia y enfocarnos a zonas con alta incidencia delictiva", explicó.

En ese sentido, compartió la solicitud planteada al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para ceder una parte de los mil 500 elementos, entre federales y del Ejército Mexicano, que custodiaban a Joaquín Guzmán Loera, antes de ser extraditado a Estados Unidos, a fin de incrementar la presencia en la Sierra Tarahumara.

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