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Estado

Demandan ante la Corte a Corral y al Congreso

Salud Ochoa/El Diario | Jueves 27 Julio 2017 | 10:59 hrs

Tomada de internet |

Chihuahua– El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNDH- Luis Raúl González Pérez, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del gobernador y el Congreso del Estado.



El motivo de la queja es por considerar que en Chihuahua se atenta contra el derecho de acceso a la información pública en materia de seguridad tras la reforma a la ley del sistema estatal hecha por el Estado, en la que se restringe al público cualquier dato.

El ombudsman demanda se invalide dicha reforma al Artículo 225 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que establece que: “Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos y Registros del Sistema de Información Estatal de Seguridad Pública.

La CNDH reclama que hay una violación a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Derecho de Acceso a la Información Pública y el Principio de Máxima Publicidad.

Entre la información que el Estado ahora reserva están datos en materia de detenciones, criminal, penitenciaria, de personal, equipo de seguridad pública y privada, armamento, vehículos y huellas dactilares.

Además se niegan teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada y sentenciados.

Se indica que para la operación del sistema cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública y cada una designará a sus servidores públicos, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.

La reforma que hizo el Estado fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de junio, mediante el decreto LXV/RFLEY/0340/2017 II P.O.

De acuerdo con el demandante, hay una violación a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Derecho de Acceso a la Información Pública y el Principio de Máxima Publicidad.

El documento señala que la CNDH está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad, ya que el Artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “expresamente dispone que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte”.

Destaca que el Artículo 6° Constitucional, desde 1977 reconoce ampliamente el derecho a la información, instituyendo desde entonces el deber del estado para garantizarlo.

“En ese orden de ideas, el 20 de julio de 2007, el artículo antes referido sufrió diversas adiciones, con la finalidad de ampliar la protección del derecho de información y en ese sentido se establecen, las bases y principios bajo los que regirá, dos de estos presupuestos son los que interesan aquí:

1. La información en posesión de las autoridades de cualquier nivel de gobierno, será pública y se establece la reserva a casos de interés público.

2. Para acceder a la información, no es necesario acreditar interés alguno o justificar el uso que se le vaya a dar”.

En el caso en cuestión, indica, existe una norma restrictiva en todo sentido, y contraria a la obligación de las autoridades de que prevalezca el principio de máxima publicidad de sus determinaciones o actuaciones, fuera del marco constitucional y convencional.

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