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Estado

Destituyen a 2 magistrados por presunto desvío millonario

Heriberto Barrientos/El Diario | Domingo 10 Diciembre 2017 | 07:34 hrs

El Diario | El presidente del Tribunal Superior de Justicia, ayer en rueda de prensa

ChihuahuaEl Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) suspendió de sus cargos al expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, y al magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.





Esto luego de que ambos fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto desvío de más de 6 millones de pesos a favor de la empresa “Infocom S.A. de C.V.”.



La querella interpuesta por la contraloría del Poder Judicial es por la adquisición, a finales del año 2015, de una bóveda digital que tenía un costo de 7 millones 800 mil pesos, y se pagó a sobreprecio de 14 millones 200 mil pesos.



El presidente del CJE y del Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, anunció ayer que los dos magistrados permanecerán un año suspendidos mientras la FGE determina su posible responsabilidad penal.



Explicó que de manera simulada ellos emitieron la licitación pública para la adquisición de equipos necesarios que almacenaran toda la digitalización de las audiencias.



“Sin base se adjudicó de manera directa y en forma ilegal, porque un día antes de esa contratación, a las 12 de la noche, se presentaron las facturas y al día siguiente se presentaron los estudios correspondientes y de mercado”, señaló.



Acompañado de la secretaria general del TSJ, Norma Angélica Godínez, el consejero Jiménez remarcó que el sobreprecio ronda el 82 por ciento del valor real de la referida bóveda con los equipos.



“El monto de lo que se pagó por la bóveda fue aproximadamente de 14 millones 200 mil pesos, cuando el dictamen de nosotros dice que esa bóveda con los componentes tiene un precio que ronda los 7 millones 800 mil pesos”, agregó.



Los también integrantes del Consejo de la Judicatura Luz Estela Castro, Joaquín Sotelo y Pablo González, acordaron el pasado viernes en su resolución otorgar el 30 por ciento del ingreso a los magistrados mientras dura el procedimiento de sanción, “para que puedan satisfacer sus necesidades apremiantes”, remarcó Jiménez Castro.



Al ser cuestionado sobre el fuero que gozan desde el Congreso los funcionarios judiciales por el desempeño de sus cargos, Jiménez dijo que “hay una discusión de si se suspende o no, porque están sujetos a un procedimiento o  por el contrario sigue vigente, la respuesta categórica no la tengo, pero cuando la tenga la haré saber”.



Informó que el salario promedio que percibe un magistrado ronda los 110 mil pesos mensuales.



–¿Los magistrados sancionados dicen que se trata de una persecución política, usted qué responde?



–De ninguna manera se trata de una persecución política. Como ustedes saben el magistrado Sepúlveda fue presidente del Tribunal y anteriormente secretario general, por lo que él puede influir de manera muy decisiva, acercarse a personas subalternas. Lo mismo pasa con el magistrado Jorge Ramírez, porque fue durante un tiempo secretario ejecutivo del Cispen, en esas condiciones tiene relevancia jerárquica.



Jiménez Castro mencionó que la denuncia penal en contra de ambos magistrados se presentó en la FGE en septiembre pasado, por lo que sus cargos en la Primera Sala Penal, así como Cuarta Familiar, de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, los ocuparán como encargados del despacho los secretarios de sala, respectivamente.



“Si no se llega a revocar esa suspensión, se buscará nombrar a magistrados provisionales”, indicó.

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