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Estado

Ni a sus agentes hace Fiscalía justicia

Sandra Rodríguez/El Diario | Martes 26 Diciembre 2017 | 07:22 hrs

El Diario de Juárez |

Ciudad Juárez.- La fotografía que la Fiscalía General del Estado (FGE) imprimió para el funeral del agente ministerial Juan Carlos Flores Ayala, asesinado a los 26 años en el 2011, domina la oficina de la vulcanizadora que su padre, Arturo Flores Barroso, tiene en la colonia Postal, en el norponiente de Juárez.





Frente a la imagen, sobre el escritorio, el padre de familia de 58 años acostumbra también tener las páginas de los periódicos que sigue a diario para tratar de entender el crimen.



“Porque digo, todavía no comprende uno bien”, explica Flores Barroso en entrevista. “Nadie ha investigado nada, haga de cuenta que no pasó nada”.



Su hijo, agente A de la Policía Ministerial Investigadora, fue asesinado el 12 de octubre de 2011 junto con otros dos elementos de la Unidad de Atención al Delito de Extorsión y con quienes, se recordó en el funeral, había logrado 85 detenciones y la liberación del “pago de cuotas” de 600 comerciantes.



Sus homicidios, sin embargo, continúan impunes, como el 87 por ciento de los crímenes cometidos en los últimos siete años contra el personal policiaco adscrito a la Fiscalía General del Estado. La estadística oficial indica que 47 de 54 casos reportados entre octubre de 2010 y noviembre pasado en la entidad están sin sentencia.



“Mi hijo andaba con muchas ganas de acabar con los ‘malandros’, y pues no; es una mafia ahí”, dice Flores Barroso.



El archivo periodístico indica que, en el funeral en el que les rindieron honores a Flores Ayala y a sus compañeros –Julio César Arroyo Mariscal, de 28 años y Eliud Jovane Saucedo Moreno, de 23–, el entonces fiscal estatal, Carlos Manuel Salas, se refirió a posibles filtraciones a un grupo de extorsionadores por parte “de compañeros de los oficiales”.



Y habría sido así, agrega la nota publicada por este medio el 15 de octubre de 2011, que los atacantes habrían conocido “las ubicaciones de los policías” y tenido tiempo de dispararles 34 ocasiones con una metralleta tipo AK-47.



“Estamos investigando y vamos a encontrar a los responsables, en una acción solidaria en la que estamos participando todas las corporaciones, incluso el Ejército, para mandar un mensaje a los criminales y esto no se quede impune”, dijo Salas entonces.



Esta semana, a más de seis años, el caso fue reportado por la FGE todavía en etapa de “investigación” y sin detenidos, como están en total 35 de los 54 casos registrados en estadística entregada a través de la Unidad de Transparencia.



Otros cinco expedientes, indican estos datos, fueron enviados al archivo de temporal por ausencia de indicios o pistas, y dos más concluyeron la acción penal “por muerte del imputado”.



Sólo en otros cinco casos se mencionan avances, o la “judicialización con vinculación a proceso” de algún sospechoso, mientras que otros siete, o un 13 por ciento del total reportado, son los únicos que cerraron la investigación con una sentencia condenatoria.



“Yo pensaba que antes no tenían relación los ‘malandros’ con los jefes, pero sí, y precisamente por eso leo los periódicos, porque digo ‘ah, este comandante…”, narra Flores Barroso.



“Muchas veces los de arriba están de acuerdo, y mandan a los de abajo al matadero. Yo siento que fue así (…) matan a los buenos”, agrega.



La Fiscalía General del Estado no respondió una solicitud de entrevista sobre la falta de avances en la mayoría de las investigaciones.



‘En cumplimiento de su deber’



Otra fotografía del agente Flores Ayala está en el exterior del edificio de la Fiscalía en esta frontera. Casi junto a la entrada al público, una placa con su rostro y su nombre forma parte de un memorial que, en total, recuerda a 57 agentes asesinados “en el cumplimiento de su deber” desde 2005 en la Zona Norte.



El cuadro con el reconocimiento más reciente pertenece al subcomandante regional Jesús Eduardo Alemán Medina, ultimado en 2015 y por cuyo crimen, si bien hay dos exoneraciones y denuncias de tortura, se dictó una condena de 50 años en octubre pasado.



En el homenaje faltan las placas de quienes le han seguido víctimas de asesinato en la Zona Norte y que, de acuerdo con la estadística oficial, son cinco casos registrados este año.



Los más recientes fueron los ocurridos el pasado 27 de octubre contra los agentes Pedro Valadez Rodríguez, de 25 años, y Héctor Manuel Montañés Ríos, de 45, adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del delito por Razones de Género (FEM).



Ambos habían participado en la investigación de una red de trata acusada de haber hecho víctimas a varias adolescentes cuyos restos fueron encontrados desde 2011 en la zona conocida como el Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez, y de la que han derivado diversas detenciones.



Y, como en el caso de los policías anti-extorsión registrado el sexenio pasado, las primeras líneas de investigación reportadas por el doble homicidio apuntaron también a una traición interna.



“(Compañeros) narraron que hay un agente que observó pasar dos vehículos, al parecer oficiales, circulando junto a un auto particular momentos antes del ataque”, publicó este medio.



El caso de los agentes de la FEM es también de los pocos que presentan avances y, el pasado 24 de noviembre, fue vinculado a proceso Juan Pablo Vázquez Olivas, presunto jefe de sicarios de la pandilla “Los Aztecas”.



La embestida, sin embargo, ha recordado en la Fiscalía los años con la mayor cantidad de ataques y que, desde 2012, cuando se registraron once casos en todo el estado, no había sido tan letal como este 2017, con nueve crímenes contra elementos reportados por la Unidad de Transparencia hasta el pasado 9 de noviembre.



El 5 de diciembre pasado, por separado, Comunicación Social de la FGE reportó que la cifra de agentes estatales caídos en todo el estado era de 17.



“Como que está empezando otra vez; a lo mejor no en la misma cantidad como ocurrió (entre 2008 y 2010)”, dice Lorena Marín, sicóloga adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que ingresó a la FGE en 2011.



“A pesar de que ellos están conscientes del riesgo que implica su trabajo y que es algo que a ellos les gusta, de alguna manera el que suceda con alguno de los compañeros genera temor, incertidumbre de qué va a pasar, si es en contra de la corporación o es parte de alguna investigación que ellos estuvieran haciendo”, agrega.



Marín describe que, cuando se registra el asesinato de algún empleado de la Fiscalía, el ambiente se torna tenso, expresado sobre todo en un silencio casi generalizado en los pasillos en la dependencia.



En las escenas del crimen, agrega, los elementos que acordonan el perímetro o los peritos que recogen los cuerpos se ven también afectados, “y más si hubo un vínculo, si era su compañero de trabajo o de la unidad; claro que hay un sentimiento”.



Los protocolos que se aplican, sin embargo, dice, son los mismos que con los cientos de homicidios que se registran en la entidad y que, si hay familiares cerca del lugar del crimen, exigen la presencia del personal de atención a víctimas.



“A lo mejor no hay mucho qué decir en esos casos, pero sí tratar de informar qué sigue a los familiares que estén cercanos y que veamos un poco más tranquilos, (…) el apoyo asistencial que se les brinda, que es hacer efectivo el seguro de vida que tienen aquí”, dice Marín.



“Posteriormente se les da seguimiento, les ofrecemos el apoyo integral, y entre esto está la terapia sicológica, el acompañamiento en este proceso de duelo con la finalidad de que puedan asimilar la pérdida o poderse adaptar a su entorno sin esta persona”, agrega.



Motivo de orgullo



Entre los familiares de policías que ha asistido, Marín dice haber detectado la falta de expectativas de que haya justicia y que, observa, es una desconfianza generalizada en los afectados por una muerte violenta.



La falta de respuestas sobre los motivos y responsables de cada crimen, agrega, aumenta entre los deudos los sentimientos de angustia, enojo y tormento de no saber, sobre todo, “¿por qué a él o a ella?”



Pero entre los seres queridos del personal de las corporaciones por lo general también existe, explica la especialista, un recuerdo del apego que las víctimas tenían por su oficio.



“Comentan que, a pesar de que no estaban de acuerdo, que decían ‘mira la seguridad está muy difícil; hay mucho riesgo’, sí tienen claro que era lo que les gustaba, lo que su familiar había elegido como profesión o como trabajo”, dice Marín.



“Y de alguna manera es algo que compensa, y dicen ‘bueno, a él le gustaba su trabajo, yo veía que él era entregado, responsable, a pesar de que sabía todo lo que implicaba’ (…) el poder ayudar y servir a la comunidad, de alguna manera es un trabajo que da gratificación”, agrega.



Desde su negocio en la colonia Postal, Flores Barroso coincide. El dolor de haber perdido a Juan Carlos, el segundo de sus tres hijos, fue tan intenso que por casi cinco años no pudo soportar ni aun una risa cerca.



Pero también recuerda que el agente amaba su profesión, que desde niño jugaba a que era policía y que, aun cuando se graduó como licenciado en Derecho en 2010, decidió seguir la carrera de ministerial que había iniciado en diciembre de 2008.



No desistió ni aun porque eran los años, dice su padre, en los que en Juárez “se soltó el diablo” y empezó a ser la ciudad más violenta de México.



La pasión de Flores Ayala estaba alimentada además de su éxito. Cuando en el funeral se mencionaron los cientos de comerciantes liberados de la extorsión por su trabajo y el de sus compañeros, también se les llamó “héroes” y Salas se refirió a ellos como “el grupo más capacitado y con mejores resultados del país”.



Por eso, dice Flores Barroso, “sé que mi hijo andaba feliz; que era feliz en ese trabajo”. Lo notaba, agrega, cuando lo veía emocionado contarle sobre las detenciones que lograba y que no descansaba sino hasta saber que llegaban a tribunales.



La voz se le quiebra al entrevistado sólo en momentos, como cuando recuerda que, al igual que sus hermanos –uno enfermero graduado en Estados Unidos y el otro contador público–, Juan Carlos también había crecido ayudándole en el negocio y que, como él, “fueron desponchadores mis tres hijos”.



Otro es el final de la entrevista, cuando permite citar su nombre y, conteniendo el sentimiento, descarta lamentar la remoción del duelo.



“No… yo estoy muy orgulloso de m’ijo”, dice. “Me pongo a pensar y digo: ‘mira, m’ijo dio la vida ahí, por andar defendiéndonos a nosotros, a toda la gente”, afirma. (Sandra Rodríguez / El Diario)



Carpetas de investigación



Proceso Cantidad



Archivo temporal (sin pistas) 5



En investigación  35



Investigación judicializada/vinculación en proceso 5



No ejercicio por muerte del imputado (caso cerrado) 2



Sentencia condenatoria en juicio oral abreviado 3



Sentencia condenatoria en juicio oral ordinario 4



Total general 54

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