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Estado

Denuncian "ecocidio" en comunidad de San Elías

Salud Ochoa | Sábado 24 Febrero 2018 | 09:53 hrs

Francisco López |

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Chihuahua, Chih.- Habitantes de la comunidad de San Elías, en el municipio de Bocoyna, denunciaron el “ecocidio” que aseguran se ha cometido en ese lugar, luego de que la empresa “TransCanada” –encargada de construir el gasoducto Encino-Topolobampo— derribara cientos de árboles a lo largo de 4.5 kilómetros con aproximadamente 40 metros de ancho.



Enoel Carrasco, representante de la comunidad, dijo que las irregularidades persisten desde el inicio del proyecto, mismo que tendría que haber sido presentado y autorizado por el Tribunal Agrario, sin embargo, no fue así.

“Se hicieron muchos contratos con artimañas, hicieron firmar a la gente sin saber nada. Además no ha cumplido con los requisitos legales ni le ha dado culminación a los términos que se pactaron. El gran problema es que tumbaron árboles en una superficie de 40 metros de ancho a lo largo de 4.5 kilómetros.

“Después dijeron que siempre no, a raíz de un amparo que metió Teresa Guerrero con una comunidad inexistente de San Elías de Repechique y Río Oteros. Entonces desviaron el gasoducto y quieren meterlo por el lado de las antenas pero no han dado cumplimiento con los daños”.

Carrasco agregó que dejaron abandonado el lugar y no sólo no han realizado las labores de reforestación sino que argumentaron que ya se había pagado al gobierno para que éste la hiciera.

“Ya se venció el término y no han reforestado. Dijeron que ellos no tenían por qué pagar a la comunidad, que ya habían pagado al gobierno federal para que reforestara pero, ya es cosa de la dependencia si la reforestación es aquí o en Chiapas o en Zacatecas. Cuando los presionamos, dijeron que lo harían pagándole a la comunidad un mes de empleo temporal para la reforestación pero todo el daño que hicieron queda en el aire, quieren plantar los árboles y dejarlos allí, no les importa si se secan o no, cuando la ley establece que se tiene que dar seguimiento por 5 años”.

Enoel Carrasco aseguró que derribar árboles es solamente una parte de la afectación ya que también hubo daños en el centro ceremonial, así como en flora, fauna y mantos acuíferos.

“Tumbaron los árboles y desmontaron, los animales tuvieron que emigrar, los cauces de los arroyos los dejaron tapados y ese escurrimiento es vital para el ecosistema. Todo el material talado lo dejaron enterrado y eso ya ni siquiera sirve para los aserraderos porque lleva tierra y por si fuera poco, la comunidad será sancionada porque con la tala que la empresa hizo, se excedió la cantidad autorizada para aprovechamiento forestal”.

Agregó que los habitantes de esta comunidad, ubicada a 15 kilómetros de Creel rumbo al Divisadero, viven de la agricultura, ganadería a baja escala y aprovechamiento del bosque por lo que ahora tendrán que enfrentar dificultades mayores.

“La empresa lo hizo todo con papeles falsos y causaron daños ecológicos tremendos y no conformes con eso, demandaron penalmente a la comunidad por extorsión y despojo, y cuando fuimos a reclamar, el área jurídica nos amenazó. Durante una de las últimas reuniones, la empresa presionó a la delegación de la Profepa para que autorizara todo. Ellos traen una orden de México de la Secretaría de Energía y otra de la Profepa a nivel federal pero no tomaron en cuenta a la delegación local”.

El entrevistado cuestionó, “¿por qué se permite que una empresa extranjera venga a hacer desastres en nuestro estado causando afectaciones tan graves al medio ambiente? Además, legalmente tienen que poner viveros a 500 metros de donde están trabajando y no hay nada. Dicen que allí están pero no existen ya hemos hecho recorridos y no están. Luego cuando se les confronta, dicen que uno está en Culiacán y otro en Torreón”.

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