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Estado

Acusan a militares ante Corte Penal por crímenes en Chihuahua

De la Redacción | Martes 12 Junio 2018 | 07:56 hrs

Archivo/El Diario | Fotografía ilustrativa

Chihuahua.- El pugilista juarense Víctor Manuel “El Dragón” Pasillas y sus amigos Luis Carlos Sigala, Ismael Talavera y Rodolfo Oropeza, fueron detenidos el lunes 4 de agosto del 2008 en un retén militar instalado en la avenida Ejército Nacional.



Luego de ser torturados por los soldados, los amigos fueron abandonados, cada uno por separado, en una oscura brecha de la ciudad donde se encontraron, mientras corrían desesperados y vejados.

Los soldados, decía ese mismo mes Saúl Hernández, entonces director de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fue una respuesta del presidente Felipe Calderón a la solicitud del gobernador del estado, José Reyes Baeza Terrazas, quien aplaudió la puesta en marcha del Operativo Conjunto Juárez y que se extendió al estado de Chihuahua.

Una década después, el controversial jefe policiaco está muerto tras suicidarse el año pasado, sin embargo, Reyes Baeza, actualmente candidato a senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el expresidente Calderón Hinojosa, podrían ser investigados por  “las  atrocidades cometidas que calificarían como crímenes de lesa humanidad.

“Hasta la fecha sus más altos responsables, aquellos que la promovieron, alentaron y cooperaron en su implementación, no han sido investigados, procesados, o sancionados por el sistema de justicia civil mexicano. Por el contrario, funcionarios públicos desde entonces constantemente niegan, minimizan o directamente ignoran la existencia de crímenes cometidos contra la población civil por las fuerzas armadas mexicanas (en adelante “FAM”), misma que ha prolongado sus efectos de violencia en la actual administración, refiere el informe presentado por las organizaciones firmantes.

El Movimiento Mundial de los Derechos Humanos dio a conocer, mediante un comunicado de prensa, la denuncia contra autoridades militares y civiles interpuesta este lunes ante la Corte Penal Internacional (CIP) por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chihuahua.

Esta denuncia es el primer paso para que cientos de familias vislumbren un atisbo de la justicia que el estado mexicano les ha negado, como ocurre actualmente a los cuatro amigos que no conocen los rostros, nombres, ni apellidos de los probables responsables a diez años del ataque sufrido, explican las organizaciones firmantes.

Ellas son la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Así como el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Renacer Lagunero, Idheas, Litigio Estratégico y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que ayer presentaron un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Mexicano durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) entre los años 2008 y 2010.

“Según la investigación de las organizaciones denunciantes, las atrocidades cometidas en aquel estado fronterizo calificarían como crímenes de lesa humanidad por lo que la CPI podría investigarlos”, cita el comunicado.

De acuerdo al documento entregado, los integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (guerra contra las drogas), con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas.

“Los casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil. Asimismo, se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura”, agrega.

Para la elaboración de la denuncia fueron analizados 35 casos, los cuales comprenden un total de 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron en el marco de la primera fase del OCCH por elementos militares.

“La documentación que presentan las organizaciones da cuenta de una escena criminal en donde los máximos responsables no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha”, destaca.

La continuidad de la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales -que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior- han incrementado exponencialmente las violaciones a derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas al amparo de las instituciones de justicia del país, lo cual implica que en México no hay ni voluntad, ni capacidad para llevar a juicio a los responsables, como se denuncia en el Informe, advierte.

Las organizaciones firmantes recurrimos a la Corte Penal Internacional con la finalidad de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos. 

Esta constituye la tercera comunicación que la FIDH, la CMDPDH y otros organismos transmiten a la CPI, luego de las presentadas respecto a la situación en Coahuila y Baja California.

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