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Estado

'Ministerio Público no recibió pruebas de parte del Estado'

Miguel Silva/El Diario | Sábado 01 Septiembre 2018 | 08:49 hrs

Archivo |

Chihuahua, Chih.- El juez federal, Antonio Fuerte Tapia, sobreseyó el caso que se le sigue a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alías “La Coneja”, con lo que dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en contra del implicado por el presunto desvío de recursos públicos por la cantidad de 250 millones de pesos, que supuestamente fueron utilizados para campañas políticas del PRI; dinero federal que debió ser entregado al estado de Chihuahua.



Ayer, en el reclusorio norte de la Ciudad de México se realizó la audiencia solicitada por el Ministerio Público Federal, mientras que en Chihuahua, en la sede del Poder Judicial de la Federación se trasmitió en vivo, pues se esperaba la presencia del imputado; sin embargo, no estuvo presente debido a que no se le permitió la salida del Centro de Reinserción Social número 1 de Aquiles Serdán, en el que permanece recluido desde diciembre del 2017.

Con esto, el caso más fuerte que el Estado tenía en la llamada “operación justicia”, quedó sin efecto, y la resolución del juez será a partir de que se notifique al director del penal en el que está recluido, y advirtió que la Fiscalía de Chihuahua se puede inconformar por el fallo.

Durante la audiencia, los ministerios públicos federales afirmaron que no contaban con los elementos suficientes para sustentar las acusaciones, por lo que se determinó que no era prudente llevarlo a juicio, pues el caso era débil, debido a que no se pudo establecer la posible responsabilidad de Alejandro Gutiérrez en los hechos de los que se le acusa.

Alejandro Gutiérrez que fue detenido el 20 de diciembre del 2017, fue acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE), por el presunto desvío de 250 millones de pesos cuando era secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; se estableció que el dinero de procedencia federal que fue destinado a Chihuahua, se logró sustraer a través de la simulación de contratos con cinco empresas para la prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECD), así como a la Secretaría de Hacienda, y estos negocios el imputado los habría facilitado.

La defensa del imputado sostuvo que la FGE sustentó las acusaciones en las declaraciones de testigos protegidos, particularmente de los identificados como T701/2017 y 534XJ2L/2017, así como de coacusados entre los que se encuentran Ricardo Yáñez, Karla Jurado Bafidis, Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, los tres últimos vinculados a proceso y el primero ya sentenciado.

Sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua fue incapaz de establecer el cómo, el cuándo y el dónde participó el imputado en la celebración de los contratos que se celebraron para la simulación de la prestación de servicios, además de que no existe un solo documento firmado por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que lo implique en los hechos.

Cabe señalar que el pasado mes de febrero, un juez federal “arrebató” el caso a Chihuahua al argumentar que le compete a la federación llevarlo, por estar involucrados recursos públicos federales, y a pesar de la inconformidad del estado, se mantuvo el fallo, razón por lo que la Procuraduría General de la República (PGR), asumió las indagatorias y se le otorgó un plazo para realizarlas, el cual concluyó el pasado 8 de agosto.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal sostuvo que le solicitó la información a la FGE para continuar con las indagatorias, en la cual pidió dos teléfonos celulares propiedad de “La Coneja” y otro implicado, para obtener datos incriminatorios a través de estos dispositivos; sin embargo, no le fueron facilitados y por ende no se pudo sustentar la acusación, además, se solicitó información a la SECD para corroborar que los servicios contratados se hayan realizado, y secretaría no contestó en tiempo y forma, y lo hizo una vez que se agotó el plazo de las investigaciones, pero además lo enviado no correspondía lo que se le pidió.

Debido a lo anterior, el Ministerio Público Federal no pudo armar un caso lo suficientemente sólido que tuviera elementos para iniciar un juicio y decidió abstenerse de ejercer acción penal en contra del imputado.

Los contratos que se signaron entre las dependencias de gobierno y las empresas particulares son; el SH/AD/078/2016 por la cantidad de 55 millones de pesos, a través del cual la SECD contrató un taller de capacitación para padres de familia.

El contrato SH/AD/079/2017 por la cantidad de 55 millones de pesos entre la SECD y un particular para la capacitación y actualización docente; de igual modo se cuenta con el contrato SH/AD/080/2016 por 46 millones de pesos para un curso en favor del medio ambiente, también signado por la SECD.

Un contrato por 90 millones de pesos identificado como SH/ AD/077/2016 para la contratación de un software que supuestamente fue dotado por la empresa Futura S.A de C.V., y finalmente el contrato SH/AD/067/2016 con el que se contrató un manual de procedimientos en tierra y protección civil para las aeronaves del gobierno estatal, mismo que se signó con la empresa Jet Combustible S.A de C.V. por cuatro millones de pesos.

A pesar de esto, la Fiscalía de Chihuahua fue incapaz de demostrar más allá de las declaraciones obtenidas por testigos protegidos, la relación de Alejandro Gutiérrez con estas empresas y su participación en el quebranto de las finanzas públicas.

Con estos elementos, el juez consideró que la petición del Ministerio Público Federal de sobreseer el caso es procedente, pues además como juzgador no tiene la facultad de obligar a los agentes a continuar con las investigaciones y con esto se dio carpetazo al caso, a reserva de que el Estado presente algún recurso de inconformidad.

Esta audiencia estaba programado para celebrarse a las 07:00 horas tiempo local, pero el Estado argumentó que no fue notificado a tiempo y no permitió el traslado del implicado a los juzgados federales, ante este precedente, la defensa de “La coneja”, envió un oficio al juez de distrito para que celebrara la audiencia aun sin la presencia del imputado, debido a la negativo del Gobierno del Estado en trasladarlo. Fue así como la audiencia se celebró únicamente con la presencia de los ministerios públicos federales y los abogados defensores.

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