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Estado

Fincan nuevo cargo vs exlíder de la Secc. 8a. por desvío de 3.5 mdp

De la Redacción | Viernes 14 Septiembre 2018 | 07:02 hrs

El Diario | Villarreal y sus abogados durante audiencia

Chihuahua.- A punto de obtener la libertad condicional estuvo ayer el exsecretario General de la Sección Octava del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz, quien depositó la cantidad de cinco millones de pesos como garantía económica, dentro del primer proceso penal que se le sigue por el presunto desvío de 5 millones de pesos, en complicidad con funcionarios de Educación de la pasada administración estatal.



Sin embargo, debido a que la Fiscalía Estatal y el propio Tribunal de Justicia no tenían conocimiento de un nuevo amparo que había tramitado el exlíder magisterial, bajo el número de expediente 1350/2018 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, y donde el Juez federal le concedió el pasado 24 de agosto la suspensión provisional, vigente hasta el próximo 21 de septiembre cuando se llevará a cabo la audiencia incidencial, contra cualquier orden de captura y de aprehensión, el debate entre las partes se extendió hasta el filo de las 23:00 horas.

El juez de control Napoleón Rayas Valdez, en evidente nerviosismo y cayendo en diversas contradicciones, utilizando términos como “el chiste de este asunto”, tras decretar un receso resolvió finalmente que el amparo reciente no afectaba la nueva acusación penal que iba a realizar la FGE, por el presunto desvío de 3.5 millones de pesos, ni mucho menos afectaba la orden de aprehensión que había ejecutado la noche del miércoles en el Cereso, la FGE en contra de Villarreal Aldaz.

“Si usted, señor juez, no corrige esta violación sistemática al debido proceso en contra de nuestro cliente, puede cometer desacato y recaer en responsabilidades penales.

El mandamiento de captura es totalmente ilícito”, expresó la defensa, sin tener respuesta positiva del juzgador.

El juez Rayas resolvió que como anteriormente se había declarado improcedente el amparo 1378/2018 promovido por Alejandro Villarreal, en ese mismo sentido, con vencimiento al 11 de septiembre, también éste alcanzaba al último.

“No teníamos conocimiento, señor juez, de ese amparo”, dijo con cierta sorpresa la representante social, al igual que el juzgador, quien incluso pidió el documento para leerlo y verificó en el sistema del Tribunal su notificación.

Finalmente la nueva acusación en contra de Villarreal se presentó casi a la media noche por el delito de peculado agravado, tras haber desviado fondos para el hotel “Sntenario”, presuntamente en el mes de junio de 2016, donde cobró de manera indebida, a decir de la FGE, el cheque con número de folio 01825511179.

Previamente por la tarde, en audiencia de modificación de medida cautelar, diverso juez de control retiró la medida cautelar de prisión preventiva y le impusó a Villarreal acudir cada 15 días a firmar, no salir del estado ni del país, por lo cual le fue retenida la visa y pasaporte.

Asimismo, se le impuso la prohibición de acercarse a cualquiera de los testigos que deponen en su contra. Con el número de certificado de depósito 1562477 el exlíder magisterial comprobó que entregó en la Secretaría de Hacienda la cantidad de cinco millones de pesos.

El acusado a través de sus abogados presentó el certificado correspondiente; sin embargo, la Ministerio Público señaló que Villarreal seguía siendo un peligro para la sociedad y podía huir.

Asimismo, sus abogados defensores, encabezados por Erick Muñoz, señalaron que su cliente debía ser puesto en libertad, porque la recién orden de aprehensión ejecutada carecía de legalidad.

En su investigación, el Ministerio Público estableció que durante los meses de abril y mayo de 2016, Alejandro Villarreal se desempeñaba como director general del SNTE Sección Octava, y en previo acuerdo con Diógenes Bustamante y Martha Patricia Banderas, exdirector ejecutivo y exdirectora de Administración de los Seech, respectivamente, desviaron la cantidad de cinco millones de pesos, que estaban destinados a fines públicos y gasto corriente.

Simularon –según el Ministerio Público— la realización de procedimientos administrativos de otorgamiento del bono por concepto del día del maestro por un monto de un millón 200 mil pesos, así como de becas de nivel medio superior para los hijos de los trabajadores de la educación por la cantidad de tres millones 800 mil pesos, que nunca llegaron a los beneficiarios.

Para realizar el desvío, se estableció que los tres integraron una solicitud de suficiencia presupuestal y diversa documentación a fin de “justificar” la salida del dinero de una cuenta bancaria perteneciente a la Secretaría de Hacienda con la expedición del cheque número 1329358 con fecha 29 de abril de 2016, el cual se cobró el 2 de mayo de ese mismo año.

Sólo Diógenes Bustamante Vela obtuvo la libertad condicional -por ser adulto mayor-, y en el caso de los otros tres se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por 12 y 8 meses, respectivamente. Hasta antes del cierre de esta edición se discutía la posibilidad de que se aplicara nuevamente a Villarreal Aldaz la segunda prisión preventiva en su contra.

 

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