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Internacional

En conflicto, ciudades santuario y agentes de ICE

Agencias | Sábado 04 Marzo 2017 | 14:56 hrs

Agencias |

Ciudad Juárez.- Casi todas las mañanas, los nombres de la gente arrestada y que es llevada a la corte de fianza en la principal corte criminal de Chicago son escritos en listas de papel que son pegadas en una pizarra en el pasillo afuera de la corte. Amigos y familiares, ansiosos, recorren las hojas para asegurarse de que están en el lugar correcto, pero no son los únicos que revisan las listas, reveló una investigación del Chicago Tribune.



Los agentes del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) también revisan las listas para hallar los nombres de inmigrantes que están indocumentados en el país y que cayeron en el sistema de justicia criminal local, indicaron funcionarios federales. Eso los ubica en la mira de ICE y en un potencial camino a la deportación.

Ese método primitivo es una realidad para los agentes federales cuyo territorio es Chicago, una de las principales ciudades que se autodefine como santuario y para implementar políticas dirigidas a desafiar los operativos federales contra los indocumentados —un movimiento que ha ganado impuso conforme algunos gobernantes en el área de Chicago expresan su oposición a los planes del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones.

El alcalde Rahm Emanuel y otros políticos locales, quienes aseguran apreciar las contribuciones de los inmigrantes, han proclamado el estatus de Chicago como un lugar que recibe y protege a aquellos sin documentos, incluido el que la Policía de Chicago no coopera con ICE.

“Aquí van a estar seguros”, dijo Emanuel en un mensaje para inmigrantes. “Aquí se les va a apoyar”.

En Chicago, el estatus de ciudad santuario significa que los agentes de ICE tienen si acaso cooperación limitada de las autoridades locales, incluidas la Policía y la oficina del allguacil del Condado de Cook, la cual administra la cárcel. De hecho, el número de detenciones que ICE ha emitido en la cárcel ha bajado vertiginosamente desde que el condado adoptó su ordenanza santuario, obligando a los agentes a recurrir al método que emplean en la corte, señala el Chicago Tribune.

Julie Myers Wood, que dirigió ice durante el segundo término del presidente George W. Bush, dijo que ella esperaba que el sistema de justicia criminal siguiera siendo un punto de conflicto y confusión conforme el gobierno federal intenta implementar las nuevas políticas migratorias de Trump.

“Si se detiene a alguien, ¿que puede o debe hacer el oficial?”, se preguntó Wood. “Si ICE quiere hablar con esa persona, ¿se les permitirá ingresar a las instalaciones para hacer una determinación sobre ellos?”.

Otros líderes en el Condado de Cook se unieron al esfuerzo para proteger a los inmigrantes, añadiendo obstáculos al gobierno. Recientemente, funcionarios de las Escuelas Públicas de Chicago instruyó a sus directores no permitir el ingreso de agentes de ICE sin órdenes judiciales, y el cardenal Blase Cupich instruyó a los curas de la Arquidiócesis de Chicago, que abarca los condado de Cook y Lake, a hacer lo mismo.

Pero ser una ciudad santuario ofrece protección limitada a los indocumentados. Chicago no puede impedir que los agentes de inmigración hagan su trabajo al buscar a trabajadores o detener a inmigrantes en sus casas. Como resultado, algunos barrios han estado en alerta por semanas en medio de detenciones reales en el Aeropuerto Internacional O’Hare y visitas a hogares de agentes de ICE —así como rumores infundados en redes sociales sobre operativos de inmigración en estaciones del tren.

“Hay mucha preparación para lo peor”, dijo Tania Unzueta, integrante de Mijente, un grupo local dedicado a organizar a los latinos y crítica de las políticas migratorias de Trump. “Tuve conversaciones con gente (a las que les dije) ‘eres una prioridad. Estás en peligro. Si ICE viene y te lleva, no sé si te pueda sacar”.

Sin ayuda de la cárcel

La Junta del Condado de Cook declaró su ordenanza santuario en el otoño de 2011. El comisionado Jesús 'Chuy' García, quien fue electo a la junta en 2010, impulsó la ordenanza luego de que defensores de los inmigrantes y clérigos le dijeran que había problemas con el trabajo agresivo de ICE en el condado. Invitaron a García a una protesta contra las prácticas de deportación de ICE “hasta por infracciones mínimas a la ley”.

“La gente terminaba en la cárcel del Condado de Cook por multas de tránsito o infracciones menores a la ley, principalmente por incidentes que ocurrían en los suburbios de Cook, donde los departamentos de policía detenían a la gente por (no usar) las direccionales, en un vehículo en el que una madre llevaba a su hijo a la escuela o el doctor”, dijo García. En ocasiones la gente se encontraba bajo custodia de ICE “y terminaban deportados como resultado de ello”.

Chicago hizo lo propio y en 2013 adoptó una ordenanza que en lo general prohíbe la divulgación del estatus migratorio de un individuo e impide a ICE su ingreso a instalaciones municipales. Como resultado, “la policía nunca pregunta a nadie su estatus migratorio”, dijo Anthony Guglielmi, portavoz de la Policía. Las órdenes del departamento sí permiten compartir información con ICE de sujetos que aparecen en las listas de supuestos pandilleros.

En ambos casos, los funcionarios locales buscaron enviar dos mensajes: Que los indocumentados en el área serían apreciados por contribuciones, y que el gobierno local estaba reacio a gastar el dinero o los recursos para asumir responsabilidades federales.

Antes de que se aprobara la ordenanza santuario, los agentes de ICE trabajaban de forma regular con los fiscales condales utilizando el Sistema de datos de Agencias del Orden (LEADS). Los agentes revisaban las hojas de antecedentes de los nuevos acusados, buscando a aquellos que podrían haber nacido en el extranjero. Los sospechosos de no tener papeles eran interrogados por agentes de ICE en el área de ingreso de la cárcel, y se emitía una “orden de detención” a la gente que ICE quería que se detuviera si podían pagar la fianza.

“Íbamos a las 6 ó 7 de la mañana para detener a aquellos con órdenes de detención, unos 10 al día”, dijo James McPeek, asistente del director de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en Chicago. “Cuando la ordenanza entró en vigor, tuvimos cero”.

La ordenanza condal parece haber tenido un efecto claro. En los 11 meses previos a que la ordenanza entrara en vigor, los agentes de ICE emitieron más de 1,400 órdenes de detención en la cárcel de Cook. En los últimos 12 meses con datos disponibles, entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, ICE mitió menos de 70 órdenes de detención en la cárcel.

Los datos de ICE para Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri y Wisconsin muestran que 11 mil 786 órdenes de deportación fueron emitidas en el año previo a la ordenanza, y 2 mil 326 en 2016, un descenso que puede reflejar los cambios nacionales en la política.

Una agencia que sí coopera con ICE es el Departamento de Correccionales de Illinois. Entre el 1 de enero de 2012 y el 32 de diciembre de 2016, el departamento entregó casi 4 mil presos a ICE, según datos. La mayoría —2 mil 456— fueron de Cook.

Trump ha puesto la vista en aumentar las deportaciones. Días después de juramentar, firmó órdenes ejecutivas prometiendo 10 mil nuevos agentes de ICE y ampliar las directrices de la agencia. Una orden posterior del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó a sus agentes remover a “extranjeros” condenados, acusados e incluso sospechosos de cometer crímenes, incluidas ofensas tales como hurto haber ingresado ilegalmente al país.

Las órdenes ejecutivas difieren de las prioridades de la administración Obama. Con Obama, ICE se enfocaba en indocumentados condenados de crímenes graves, considerados una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.

Ahora, con órdenes más amplias para deportar a gente, los agentes de ICE en Chicago están limitados por una falta de cooperación y deben ingeniárselas para identificar a aquellos que quieren detener.

En la Corte Leighton de lo Criminal en Cook, con sede en Chicago, los agentes revisan los nombre de las listas de fianza en los corredores y ya no tienen la ayuda de los fiscales. Esos nombres son ingresados a un sistema que coteja referencias de información criminal tales como huellas dactilares con datos de toda la gente con la que DHS ha tenido contacto, incluidos aquellos que ingresaron legalmente a EU y alguien en el exterior que solicitó una visa.

Si un extranjero es identificado en el sistema de justicia criminal, ICE aún emite una orden de detención no obstante que Cook no cooperará y detendrá a alguien para ellos, informaron líderes de la agencia. Aún peor, los agentes tampoco son notificados por los fiscales o la oficina del alguacil Tom Dart cuando alguien a quien buscan es liberado bajo fianza, rompiendo con una práctica del pasado, lo que significa que deben revisar los nombres en las computadoras disponibles al público en general.

Aquellos identificados por ICE son clasificados en base a sus crímenes. Si los agentes se enteran de que alguien a quien quieren detener es liberado bajo fianza en el sistema de Cook, pueden intentar encontrarlo en su casa u otro lugar, algo que según ICE puede conducir a situaciones de arresto más peligrosas.

McPeek dijo que los agentes están frustrados con un sistema en Chicago que, desde su punto de vista, tiene poco sentido.

“Podríamos tener a alguien que removimos por asalto o robo, que cumplió sentencia bajo custodia estatal, y lo deportamos”, dijo McPeek. “Y después reingresa indocumentado a Estados Unidos y es arrestado por una ofensa menor, y Cook dice: ‘Bueno, es una ofensa menor. No vamos a respetar la orden de detención’”.

“Es decir, no respetan ninguna, pero esa es una que tampoco respetarían no obstante su condena criminal previa que fue atroz y fue deportado”, dijo.

Ofrecer protección

Si bien ha ampliado la ejecución migratoria, la administración Trump ha emitido amenazas vagas para castigar a las municipalidades que no apoyan los esfuerzos de deportación. Trump también ordenó al director de la Oficina de Administración y Presupuesto revisar los fondos federales que reciben actualmente “cualquier jurisdicción santuario”.

En una entrevista con Fox News, Trump dijo que está preparado para retirar los fondos federales a California, por ejemplo.

“Si tengo que hacerlo, les quitaré los fondos”, dijo.

No está claro cómo el gobierno federal puede cortar los fondos, pero programas como State Criminal Alien Assistance Program, que ayuda a reembolsar a jurisdicciones locales el costo de encarcelar a inmigrantes, podría ser vulnerable, según expertos.

García cree que el condado se mantendrá firme ante las amenazas de Trump. El condado, sin embargo, respetará las órdenes judiciales, una orden de la corte para que alguien sea detenido y que difiere de las órdenes de detención, las cuales son una solicitud de ICE para detener a alguien para determinar su estatus migratorio.

“Apoyamos la Constitución”, dijo García. “No detenemos a la gente más que por causas probables. Cualquier orden judicial presentada por ICE será respetada en Cook por el alguacil”.

La ordenanza condal señala que cooperar viene con un costo —43 mil dólares diarios para que Cook retenga a la gente que solicita ICE. Las peticiones para retener a la gente puede ser declinada sin un acuerdo escrito para reembolso.

Los funcionarios indicaron que no se espera que la cuestión de los gastos altere la posición condal en el asunto. Frank Shuftan, portavoz de Toni Preckwinkle, presidenta de la Junta del Condado, destacó que, en 2012, John Morton, entonces director de ICE, ofreció reembolsar al condado los gastos incurridos por el alguacil.

“Preckwinkle declinó respetuosamente la oferta”, dijo Shuftan. “Nuestra posición era y sigue siendo que la ejecución migratoria es una responsabilidad del gobierno federal, no de las jurisdicciones o las agencias del orden locales. Simplemente, el condado no está obligado a fungir como oficiales de inmigración a nombre de ICE”.

Aún está por verse si el gobierno federal y las municipalidades escalan su disputa por las ordenanzas santuario. Los grupos comunitarios se han comprometido a vigilar el nuevo empuje de ICE para determinar si tiene un efecto pavoroso en programas diseñados a ayudar a inmigrantes, tales como protecciones ofrecidas a los más jóvenes por DACA, una orden firmada por Obama.

Mark Fleming, coordinador de litigio nacional para el National Immigrant Justice Center, el cual ha sido crítico de las políticas migratorias de la nueva administración, dijo que la oficina ha visto un aumento en los arrestos.

“Y en definitiva hemos visto un aumento en la aprehensión de personas que ha cometido delitos menores o ninguno”, señaló Fleming.

Los funcionarios de ICE, cuestionados sobre si las órdenes de la nueva administración conducen a deportaciones por delitos menos serios, dijeron que no podían comentar más allá de lo que indican las órdenes ejecutivas.

Pero desde vecindarios como Rogers Park o La Villita en Chicago, varias organizaciones llevan a cabo pláticas y distribuyen información en la que piden a los residentes no abrir las puertas de sus hogares si los agentes de ICE no tienen órdenes judiciales. De cualquier forma, los activistas han visto un efecto en la comunidad a raíz de las directivas de la administración.

Por temor, muchos indocumentados buscan no llamar la atención, dicen los activistas, a tal grado de no reportar que fueron víctimas de un crimen.

“Hay comunidades que son tan vulnerables que la gente está dispuesta a no hacer nada para evitar ser detectadas”, indicó Bharathi Pillai, socio de libertades civiles generales en ACLU. “Se ven obligados a evaluar los riesgos”.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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