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Internacional

California se dispone a convertirse en ‘estado santuario’

The New York Times | Lunes 10 Abril 2017 | 15:43 hrs

Agencias |

Nueva York— Cierta tarde del mes pasado una inmigrante de 42 años se dirigía a la iglesia en Mendota, California, cuando la policía le marcó el alto porque los vidrios polarizados de su Nissan 2006 era demasiado oscuros. Lo que sucedió después dice mucho sobre el creciente conflicto entre estados como California y el gobierno de Trump.





Tras revisar su licencia, el agente preguntó a la mujer si sabía que se le había emitido orden de deportación. Sí, contestó ella, se suponía que compareciera en Texas ante un juez inmigratorio hace casi 15 años, pero no tenía manera de ir allá.



El agente la dejó ir, no antes de llamar a las autoridades inmigratorias. El policía le advirtió que oficiales de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) irían a su domicilio. Temiendo ser deportada a El Salvador, la mujer no regresó a su casa –unos vecinos le avisaron que los agentes se presentaron media hora después de la infracción vial− y ya no ha vuelto, informó uno de sus abogados.



Para el gobierno de Trump, ese tipo de colaboración de policías locales es modelo. Para los legisladores californianos, constituye la evidencia más clara sobre la necesidad de contener la comunicación entre corporaciones policiacas locales y funcionarios inmigratorias federales.



Ahora que el gobierno federal está ampliando considerablemente las prioridades para deportación, la semana pasada el Senado estatal de California aprobó una iniciativa aumentando las protecciones para los inmigrantes. Dicha medida prohíbe a las corporaciones policiacas locales destinar recursos a investigar, detener, reportar o arrestar a personas por violaciones inmigratorias.



Quienes la apoyan sostiene que la ley –que básicamente convertiría a California en el primer “estado santuario” a nivel nacional− evitaría que inmigrantes como la mujer de Mendota, quien no enfrentó cargos penales, sean turnados para su deportación. De aprobarse, la propuesta podría contradecir directamente los lineamientos federales, colocando a las corporaciones policiacas locales en la difícil posición de decidir si obedecen a Sacramento o a Washington. Se considera probable que haya batallas legales.



“El gobierno federal va a tener que intervenir y decidir si esto vale la pena una demanda, porque no estoy seguro sobre lo que nosotros podamos hacer”, dijo Donny Youngblood, alguacil del condado Kent y presidente de la Asociación de Sheriffs del Estado de California, el cual está cabildeando contra la medida. “Todo lo que estamos haciendo es dar información al gobierno federal para que pueda hacer su trabajo. Esa restricción no tiene sentido”.



Aunque California está tomando medidas con  mayor determinación y presteza que cualquier otra entidad, se han presentado proyectos de ley que restringen la cooperación con funcionarios inmigratorios en varias legislaturas alrededor del país, como en Illinois, Maryland, Nevada y Nueva York.



De ser promulgada, la ley californiana tendría un efecto considerable en las detenciones inmigratorias federales –al menos la mitad de los inmigrantes radicados en Estados Unidos deportados proceden de penales locales, dicen expertos.



Ahora la iniciativa se remitirá a la Asamblea, donde se espera su aprobación. Pero el gobernador Jerry Brown no ha indicado si la apoya.



El teniente de la policía Mendota Kevin Smith señaló que en forma rutinaria los agentes capturan en una base nacional de datos el nombre de cualquier persona a quien le hayan marcado el alto. Si descubren que los agentes inmigratorios están buscando a la persona, explicó, alertan a la oficina local del ICE. Smith dijo no ignorar si la corporación modificaría sus políticas en caso de aprobarse la propuesta de ley.



Según una ley estatal establecida en el 2013, en California las cárceles locales no han acatado las “órdenes de resguardo”, las solicitudes del ICE de retener a los inmigrantes con posibilidades de deportación.



Sin embargo, casi todos los penales de condado permiten agentes del ICE en su interior, por lo cual ellos pueden monitorear fácilmente a quién se apresa y cuándo saldrá libre, cotejando nombres y huellas digitales con las bases de datos inmigratorias federales. La nueva ley pondría fin a dicha política y además de prohibir a la policía notificar al ICE sobre las personas a quienes se marque el alto.



El objetivo de la ley es impedir que se deporte por delitos menores a inmigrantes, dijo Kevin de León, presidente interino del Senado californiano y autor de la iniciativa. “Es absolutamente ridículo que el ICE venga y nada más deporte a alguien a comparación de que esa persona comparezca ante un tribunal inmigratorio”, opinó.



Los opositores de la política sostienen que en la práctica el estado obligará a las autoridades inmigratorias a efectuar más arrestos en público, llevándose también a otros inmigrantes que no hayan sido declarados culpables de ningún delito.



Tácticamente al parecer California está siguiendo el ejemplo de Texas cuando confrontó al gobierno de Obama sobre la inmigración. En el 2014, Texas demandó para bloquear los planes de proteger en forma temporal de la deportación a inmigrantes indocumentados que cumplieran ciertos requisitos.

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