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Contrademandan ejidatarios por abuso policíaco

Miguel Silva/El Diario | Jueves 12 Julio 2018 | 07:24 hrs

El Diario |

Chihuahua.- El gobierno de Javier Corral Jurado es represor y toda aquella persona que participa en manifestaciones sociales en reclamo a sus derechos, es catalogada como un delincuente, afirmó ayer Gerardo Cortinas Murra, representante legal de la Asamblea Popular Comunitaria, al exigir al gobierno estatal respetar la tasa cero en la caseta de peaje Sacramento para los habitantes de las 36 comunidades rurales.



El abogado cuestionó el actuar que el Gobierno del Estado ha tenido en las manifestaciones sociales, las cuales pretende disuadir con el uso de la fuerza policíaca y criminalizar a quienes participan en éstas en un claro atropello a la libertad de expresión, pues de inmediato se envía a elementos de la Policía Estatal, quienes sin mediar palabra agreden a los quejosos.

Esta situación se presentó el pasado viernes, cuando integrantes de la Asamblea Popular Comunitaria trataron de retirar las barricadas que colocó el gobierno estatal en la brecha que los pobladores de la zona rural, abrieron para evadir la caseta de peaje ubicada a la altura de Sacramento.

Cortinas Murra aseguró que no tolerarán ese tipo de conductas por parte del Estado, que debe ser garante de los derechos humanos y respetar la libre manifestación de las ideas sin criminalizar a quienes participan en ellas, aseguró que cuentan con las evidencias suficientes para demostrar la responsabilidad de los elementos en las agresiones que se presentaron en contra de los manifestantes.

En este sentido, Fidel Chávez activista que estuvo presente en la gresca del pasado viernes expresó: “No se puede tomar al pueblo como tonto cuando es el claro ofendido”, en alusión a  las agresiones de las que fueron objeto por parte de los policías estatales, motivo por el que presentó una denuncia por el delito de daños y lesiones.

Dijo que es clara la represión por parte del Estado y existen las evidencias suficientes que demuestran el actuar ilegal y el uso desmedido de la fuerza.

De esta manera, organizaciones que apoyan a los habitantes de la zona rural, cómo la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), encabezada por Mario Lerma, exigieron al Estado, el retiro de las casetas de peaje por considerarlas ilegales, debido a que las vías de comunicación deben ser libres.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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