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Venganza y largas en caso "La Coneja"

Miguel Silva/El Diario | Jueves 20 Septiembre 2018 | 09:05 hrs

El Diario |

Chihuahua.- La venganza política está por encima del resarcimiento del daño en la llamada “Operación Justicia”, que el Gobierno del Estado realiza para castigar la corrupción que se vivió durante la pasada administración estatal, acusó el abogado Héctor Villasana, al señalar que el actuar de las autoridades ha sido incongruente y mantiene en prisión a exfuncionarios, incluso aquéllos que han ofrecido resarcir el daño y pagar por lo que se les acusa.

El Gobierno del Estado mantiene 25 procesos penales abiertos en contra de exfuncionarios y empresarios implicados con el supuesto desfalco a las arcas estatales y se han establecido siete sentencias condenatorias, entre las cuales se encuentra la del expresidente municipal de Chihuahua, Javier Alfonso Garfio Pacheco y el exdiputado local, Fernando Reyes Ramírez.

En el caso del exalcalde fue acusado de peculado agravado por 328 millones de pesos, luego de una venta irregular de reservas territoriales del estado, las cuales se vendieron a un precio inferior a su valor. Obtuvo su libertad condicional, tras un juicio abreviado en el que se declaró culpable de peculado y señaló a César Duarte como el cerebro detrás de la operación ilegal, pagó 435 mil pesos de multa y fue inhabilitado por tres años para desempeñar cargos públicos.

Mientras que Fernando Reyes Ramírez recibió una sentencia condenatoria, pagó 44 mil pesos de fianza y obtuvo la libertad condicional, luego de depositar en garantía dos millones 420 mil pesos, siendo hasta el momento el único que ha resarcido la totalidad del daño.

En contraparte, el exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, acusado del desvío de 20 millones de pesos para favorecer a ciertos constructores durante las obras de la Ciudad Judicial, enfrenta el proceso en libertad condicional, al igual que el profesor Diógenes Bustamente, extitular de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), señalado por el desvío de 5 millones de pesos y por tratarse de un adulto mayor, recibió el mismo beneficio, después de pagar una fianza de 500 mil pesos.

Sin embargo, otros implicados como el exasesor técnico de Duarte, Jesús Manuel Luna Hernández, permanece en prisión acusado de haber instruido en junio de 2016, que una aeronave del Gobierno del Estado hiciera un viaje de Toluca a Cancún para beneficio del hijo del exgobernador.

Esta acción repercutió en un gasto de 336 mil pesos y Luna Hernández fue detenido en mayo pasado.

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el que se sigue en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, exsecretario general del PRI Nacional, a quien el Estado acusó del desvío de 250 millones de pesos, más otro cargo por el desvío de 1.7 millones; la primera causa penal fue atraída por la Federación y el 1 de septiembre de este año, un juez federal determinó el sobreseimiento de la causa debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) no encontró más elementos para mantenerlo en prisión; sin embargo, el Gobierno del Estado ha promovido una serie de recursos legales para evitar que esa sentencia sea ejecutoria y se le reconozca cómo víctima.

Hasta el momento, “La Coneja” permanece en prisión, mientras se resuelven los amparos promovidos.

En lo relativo a la segunda causa penal, un juez federal determinó que la prisión preventiva era excesiva y se le modificó la medida cautelar a libertad provisional, para lo cual el martes pasado se le colocó un brazalete electrónico, pero otro amparo frenó su salida de último momento.

En este caso, el abogado Héctor Villasana declaró que es el claro ejemplo de la incongruencia con la que ha operado el gobierno estatal, pues ha favorecido a algunos con la libertad condicional, pero a otros cuyas sentencias son en contra del Estado, los mantiene presos con el famoso “chicaneo”, la acción que los abogados realizan para retrasar los ordenamientos judiciales.

Otro de los implicados que obtuvo su libertad, pero que sigue recluido es Pedro Mauli Romero, extesorero del PRI estatal, acusado de peculado por más de 78 millones de pesos en dos causas penales. A través de un juicio abreviado logró que un juez de control federal le dictara una sentencia de tres años y cuatro meses, con la posibilidad de obtener la libertad condicional con el pago de 300 mil pesos, empero permanece en prisión por otro delito.

Un ejemplo más es Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación, acusado del desvío de 246 millones de pesos, quien fue encontrado culpable y se le sentenció a cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño; el exfuncionario se encuentra en el Cereso de Aquiles Serdán.

Destacan también los casos de Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración y Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones, quienes enfrentan por lo menos ocho vinculaciones a proceso y hasta el momento no tienen ninguna sentencia condenatoria, ambos han sido señalados por el gobierno estatal como “claves” en el desfalco a Chihuahua.

Otra implicada es Karla Areli Jurado Bafidis, exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, quien fue detenida en junio de 2017, señalada por el desvío de más de 246 millones de pesos, que fueron enviados al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Declarada culpable y sentenciada a tres años de prisión, Jurado aseguró que su juicio había sido irregular y que la obligaron a reconocer la comisión del delito. Permanece en prisión y sin haber depositado la millonaria cantidad; otro caso en el que el resarcimiento del daño no ha sido la prioridad.

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