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Nacional

Recula Borge: anulará reformas a modo

Reforma | Viernes 15 Julio 2016 | 09:44 hrs

Reforma |

Ciudad de México.- El Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, aseguró a la Procuradora Arely Gómez que está dispuesto a derogar las normas anticorrupción de su entidad, las cuales fueron impugnadas por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia.



Durante la reunión sostenida esta tarde en la sede central de la Procuraduría, el Gobernador expresó a Gómez su intención de establecer en su entidad un sistema anticorrupción conforme a la Constitución y las leyes generales que serán promulgadas.

"Para tal efecto, precisó el mandatario estatal Borge Angulo, el Ejecutivo a su cargo está en disposición de proceder a la abrogación o derogación en su caso de los actos o normas generales que han motivado dicha acción de inconstitucionalidad", dijo la PGR en un comunicado.

Borge manifestó lo anterior a la Procuradora, en una mesa donde también estuvieron presentes los subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, Salvador Sandoval Silva, y de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal.

El Mandatario estuvo acompañado por el Consejero Jurídico del Gobierno de Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza.

De acuerdo con informes de la Procuraduría, el Gobernador fue quien solicitó esta audiencia con la titular de la PGR "haciendo uso de sus derechos jurídicos" y en esos términos se le dio la atención.

Un día antes, el Mandatario quintanarroense dijo que su interés era exponerle a la Procuradora que la reforma impugnada no era un blindaje anticorrupción, sino una modificación legal para crear el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

La PGR presentó esta semana tres acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra diversas modificaciones de los Gobiernos de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz en materia de combate a la corrupción.

Según la PGR, los Congresos de dichos estados realizaron actos que no son acordes con el sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, cuyo objetivo es concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo.

Para la Oposición, estas modificaciones impulsadas por los gobernadores constituyen un "blindaje" contra futuras investigaciones sobre posible corrupción en sus administraciones.

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