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Nacional

Tienen 4 estados las 10 peores cárceles; CNDH: la de San Blas, en último lugar

Excélsior | Viernes 03 Noviembre 2017 | 08:07 hrs

Agencias |

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la operación de 10 cárceles ubicadas en municipios de cuatro estados del país.



De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, esos penales no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos. 

Y en una escala del 1 al 10, los centros de reclusión obtuvieron una evaluación que va de 0.08 al 3. El diagnóstico de la CNDH ubica a la cárcel pública municipal de San Blas, Nayarit, como la peor del país.

Le siguen las prisiones de Rosamorada y Acaponeta, también en ese estado; las cárceles distritales de Tizayuca y de Zacualtipán, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de Bochil, Chiapas.

Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208%. Además, carecen de separación entre hombres y mujeres.

Según la CNDH, los Centros Federales de Readaptación Social Aserradero y Morelos, ubicados en las Islas Marías, son las mejores prisiones evaluadas.

 

Peores penales están en Nayarit e Hidalgo

En diez municipios de Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Nayarit se encuentran las prisiones más inseguras y con las peores condiciones para los internos de las 298 que hay en las 32 entidades federativas del país, revela un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 menciona que al realizar una revisión se determinó que las diez cárceles no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.

De una escala del 1 al 10, los centros de reclusión obtuvieron una evaluación que va del 0.08 al 3. El diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica a la Cárcel Pública Municipal de San Blas, Nayarit, como la peor del país.

Le siguen la prisión de Rosamorada y Acaponeta, ambas en esa misma entidad. La Cárcel Distrital de Tizayuca y Zacualtipán, Hidalgo; Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la Distrital de Zimapán y Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la Cárcel Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit, y la Cárcel Distrital de Bochil, en Chiapas.

Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles Distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208 por ciento.

El documento menciona que las prisiones carecen de separación entre hombres y mujeres, servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad, supervisión por parte del director, no hay programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como programas para la prevención de violaciones a derechos humanos y la atención en caso de detección.

Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, no hay manuales o protocolos, el personal penitenciario carece de capacitación, así como una deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada persona privada de la libertad.

El diagnóstico de la CNDH muestra que sólo uno de 19 penales de máxima seguridad, los cuales la federación administra con la iniciativa privada, está entre las diez prisiones con mayores estándares de calidad en el país.

Las prisiones se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Querétaro.

Según los datos, el Centro Federal de Readaptación Social Aserradero y Morelos, en las Islas Marías, a cargo del gobierno federal, son las mejores prisiones del país. Le siguen el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila; y el de Centro Estatal de Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato.

En estas prisiones, según la CNDH, las instalaciones son adecuadas y el personal tiene la capacitación adecuada, lo que garantiza la estadía del interno (mujeres y hombres), así como su reinserción en la sociedad.

Nayarit, con el promedio más bajo

Nayarit se encuentra dentro de los estados con las peores cárceles del país, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 Nayarit obtuvo la calificación más baja de 4.37 dentro del estudio, seguido de otros estados como Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo.

El estudio se basa en rubros como la garantía de la integridad personal del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del reo y grupos de internos con requerimientos específicos, de su libertad, insuficiencia en el personal de seguridad y custodia, entre otras y sólo se observó una apropiada atención a personas indígenas.

-Karla Méndez

El Tatos niega la extorsión

Luis Alberto González Nieto, El Tatos, negó que haya quemado a un interno en el penal Neza Bordo para extorsionarlo y dijo que esta acción fue porque estaba cobrando una deuda que la víctima tenía con otro reo.

En una tercera parte del video dado a conocer por Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, González Nieto se dijo molesto con los extorsionadores y secuestradores, pues dijo que por ejemplo a él se le imputa el delito de plagio sin haberlo cometido.

"No fue tanto porque yo lo estuviera sopleteando, sino porque le debía al que contrate, al fallecido que hubo, y él (el quemado) fue el que realmente lo mató, no fue ahorcado”.

El Tatos se va a mantener recluido en el penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, en Durango.

Ayer  se venció el plazo de 48 horas para que los abogados de El Tatos revirtieran la medida de traslado.

No lo hicieron y el juez que lleva su causa validó el traslado para que González Nieto fuera canalizado al área de tratamiento de secuestradores.

González había sido llevado el pasado martes al Penal Federal Número 14 de Gómez Palacio Durango, una cárcel especial para secuestradores.

-Redacción

Denuncian que violaron a reos con macanas

Durante el motín del pasado 10 de octubre en el penal de Cadereyta, los reos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Incluso fueron violados con macanas o aventados varios pisos por las escaleras.

Así lo aseguró Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y reiteró que la información corresponde a entrevistas con familiares de los reclusos.

"Tras los hechos violentos en el penal de Cadereyta, los días 9 y 10 de octubre, Cadhac abrió diferentes vías de comunicación con las familias y las víctimas para conocer y documentar la situación”, explicó.

Agregó que recibieron más de 400 reportes y ante la falta de transparencia del estado, el organismo tiene la necesidad de compartir la información que preocupa tanto a víctimas como familiares.

Luego de que Morales aseguró que la cifra de muertos en los hechos habría sido de 50 y no 18, como lo manejaron las autoridades, el gobierno del estado difundió un comunicado reiterando la cifra oficial.

"Los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”, detalló la activista.

-Aracely Garza

Reciben protección al menos 700 personas

Tras informar que 700 personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuentan con medidas de seguridad ordenadas por la junta de gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CNDH demandó que éste cuente con  el presupuesto y el personal necesario y capacitado para llevar a cabo sus labores de manera efectiva.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó que las  autoridades hacendarias y legislativas deben asegurar dicho presupuesto a fin de que no se  limiten o  entorpezcan las funciones del Mecanismo y, al contrario, se  pueda hacer frente a la protección de los beneficiarios que cuentan con medidas de seguridad.

En el marco del  Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, este 2 de noviembre, la CNDH  detalló que del año 2000 al 31 de octubre de 2017 se tiene el registro de 130 homicidios de periodistas, mientras que de 2005 hasta ahora  20 periodistas se encuentran desaparecidos y se han cometido 52 atentados a medios de comunicación de 2006 a la fecha.

En este contexto, la CNDH advirtió que el incremento de agresiones contra informadores en México, la falta de investigación y la prevalencia del 90%  en el índice de impunidad de los delitos en su contra exigen atención urgente y decidida de los tres órdenes de gobierno pues debilitan el Estado de derecho.

"La libertad de expresión es un derecho con implicaciones de índole individual y colectiva, por lo que agredir a periodistas y medios de comunicación trastoca los fundamentos de nuestra democracia, ya que se generan zonas de silencio ante el temor de ser asesinados, desaparecidos o amenazados por su ejercicio profesional”, advirtió la CNDH.

Por otra parte, el defensor de los derechos humanos en el Estado de México, Jorge Olvera García, recibió una recomendación por parte de la CNDH por haber concluido una queja sin analizarla adecuadamente, en la que se señala la posible tortura infligida al quejoso y la dilación en la integración de una carpeta de investigación.

Tras un recurso de impugnación promovido por el afectado, la Comisión Nacional consideró fundado el  agravio denunciado por el quejoso, que denunció haber sido agredido físicamente por los elementos policiales que lo aprehendieron; además que desconocía el estado que guardaba la carpeta de investigación sobre el caso, lo realizado en ella y si estaba resuelto.

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