• Martes 18 Septiembre 2018
  • 11:07:34
  • Tipo de Cambio $18.25 - $19.10
  • 24°C - 76°F
  1. Martes 18 Septiembre 2018
  2. 11:07:34
  3. Tipo de Cambio $18.25 - $19.10
  4. 24°C - 76°F
  5. Siguenos en Facebook - eldiariodechihuahua.mx
  6. Siguenos en Twitter - eldiariodechihuahua.mx

Opinion

La muerte de Jeshua fue un homicidio

El Diario | Miércoles 17 Agosto 2016 | 17:57 hrs

Cortesía/El Diario |

La impunidad es uno de los males que mayor daño han hecho al país. Esa es una verdad de perogrullo dicha y constatada hasta el hartazgo; Chihuahua no es la excepción, la aplicación y administración de la justicia es tardada; la inacción de los agentes ministeriales encargados de realizar indagatorias es desesperante para quienes han sido víctimas de los criminales, muchos de los cuales en incontables ocasiones gozan de plena libertad.

Esa es la impunidad de los criminales que aprovechan fallas de los aparatos de justicia y cometen una y otra vez actos en contra de la sociedad sin pagar por ello. Hay casos extremos en los que quienes incurren en delito y son procesados, al poco tiempo ya están en la calle como si nada.

Pero hay otra impunidad de la que casi nunca se habla, ni se escribe: la impunidad institucional, que es una etapa posterior a lo que en los años sesentas y setentas fue denominada violencia institucionalizada. En aquellos años, cuando permeaba sobre los países latinoamericanos la opción de la vía armada, las guerrillas para combatir las injusticias derivadas de las estructuras sociales, el obispo brasileño Helder Cámara, precisamente en 1968, abogó por la transformación social y denunció la violencia institucionalizada, concepto que en 1972 retomaron los obispos de Chihuahua y Juárez, Adalberto Almeida y Manuel Talamás.

El concepto se refiere a las condiciones estructurales que determinan que haya situaciones de injusticia y desigualdad social y económica. Actualmente podemos decir que a la violencia institucional le ha seguido la impunidad institucional, aquélla que es ejercida por las instituciones gubernamentales y sus burocracias, cuando hay omisiones en el desempeño de sus funciones que se convierten en omisiones criminales, como la tragedia del Aeroshow en la que sólo pago el pobre (aunque corresponsable) chofer Panchito y todos los funcionarios de esa administración municipal y también de la estatal, como la Unidad Estatal de Protección Civil, quedaron impunes.

Ahora es el caso de la muerte del niño Joshua Agustín Nava, de 11 años, fallecido la madrugada del lunes en la sala de terapia intensiva del Hospital Infantil, a consecuencia de las quemaduras producidas por la descarga eléctrica que sufrió el martes 9 mientras jugaba beisbol en el parque ‘Tuto Olmos’.

¿Por qué este caso debe ser colocado en la categoría de la impunidad institucional? Porque se trata de un homicidio, resultado de una omisión criminal que terminó con su vida. Y no es una exageración. Quizá haya quien califique el hecho como un simple accidente que le puede ocurrir a cualquiera; pero no es así. Eso sucedió porque existían condiciones para ello; porque hubo abulia de los funcionarios municipales, ya advertidos desde octubre del 2015 de que en el parque Tuto Olmos, entre otros, había constante peligro por cables de electricidad rotos y expuestos.

En el Editorial anterior destacamos que precisamente la oficina encargada de corregir esa pligrosísima anomalía, Mantenimiento Urbano, se encuentra en el llamado “corralón municipal”, a unos metros del Tuto Olmos y nadie de esa dependencia se tomó la molestia de revisar la instalación. Dijimos que esa situación de cercanía física entre la irregularidad y quien debe remediarla no era una ironía ni una paradoja: es el absurdo del burocratismo, la ineficacia y la dejadez... ahora, con la muerte de un niño inocente de por medio, tenemos que calificar esa indolencia burocrática como una omisión criminal, responsable de un homicidio.

Porque eso fue, un homicidio, aun en el más benigno contenido semántico de la palabra, que según el diccionario es el delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante; pero es un delito y el o los responsables de ello son delincuentes.

El problema en estas situaciones es que nunca son llamados a cuentas por los aparatos de justicia y mucho menos castigados los responsables de esos delitos institucionales, lo que deriva en una impunidad institucional, bajo la cual se cobijan los funcionarios y burócratas que pueden seguir incurriendo en irresponsabilidades de esa magnitud, que derivan en tragedias, y no pasa nada.

La sociedad reclama justicia, para que los causantes de esas tragedias reciban un castigo ejemplar. Pero hay indolencias criminales que han sido solapadas por los altos funcionarios de los gobiernos de los tres niveles.

En este caso deben ser deslindadas las responsabilidades; la madre de Joshua ha interpuesto una denuncia formal y la autoridad está obligada a obrar en consecuencia y castigar a los omisos.

Exigimos en la entrega anterior que dejen de jugar al ping pong de las responsabilidades; que paren de aventarse la pelota caliente entre el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad. Pero sobre todo, que un juez determine quién o quiénes incurrieron en la omisión que dejó sin vida al niño y que aplique la ley con todo el rigor del caso.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






Estás utilizando AdBlocker D: Quizás te interese este artículo