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Opinion

Cae SAT sobre la ''desaparecida'' CTC

| Martes 25 Octubre 2016 | 00:06 hrs

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Madero cierra corralito contra Anaya

¿Avanzada de Marco Adán con AMLO?

Merodio y Domínguez hacen mancuerna

Maru, los riesgos al decir que no hay

 P
or si los problemas del ViveBus fuesen pocos, la Secretaría de Hacienda le mandó unos cuantos más. En el gremio trascendió que auditores del Servicio de Administración Tributaria, SAT, llegaron hace días a las oficinas de la supuesta desaparecida Coordinadora del Transporte Chihuahuense, CTC.

Y ya sabe usted, esos auditores no son como los de Jesús Esparza, que pusieron diez en todo a la administración de César Duarte. No, los del SAT habrían llegado con la instrucción de abrir todos los archivero e ir a fondo en el tiradero.

Se suponía que la empresa no existía, así lo dijeron innumerables veces Jaime Enríquez y Gustavo Morales cuando oficiaron como jefes del transporte estatal. Entonces explicaron que CTC había desaparecido para dar paso a otra empresa denominada “Operadora de Transporte ViveBus”.

Esa versión choca con la realidad, a menos que Hacienda audite a un fantasma. Improbable, lo más seguro es que hayan resuelto la liquidación de CTC de la misma manera en que hicieron todo en el caótico sistema de transporte, es decir al “ahí se va”.

Ahora el punto es saber a quién responsabilizar de la corrupción sin límite que dejaron en CTC. No es sencillo, el impresentable "Güero" Lozoya se la quitó al ingeniero Armando Méndez, a los dos meses de entrar en operación, y después la Oficina del Transporte retiró a Lozoya para quedarse con la ruta troncal, enviando a la pandilla zapatista a las alimentadoras.

¿Dónde quedó la bolita? Es algo que deberán dilucidar los auditores del SAT, dado que esa empresa es la que firmó el millonario contrato con “ACS Technologies”, responsable del recaudo hasta que la liquidaron con el pago de tres millones de dólares, dinero presumiblemente extraído de las arcas estatales, para contratar a Xerox, que a su vez prepara una demanda por incumplimiento de contrato.

De a poco saldrá la hediondez de ese sistema tan manoseado como podrido. Cosa de esperar a que las perlitas aparezcan una a una.

Madero se las ingenió para cerrar el corralito contra el escurridizo Ricardo Anaya, en franca precampaña publicitándose con recursos del PAN, pero jugando al demócrata y presumiendo triunfos que no le corresponden. Le hicieron cuentas y encontraron que tiene más de 600 mil spot de promoción personal, contra poco más de 200 mil de López Obrador.

Sin llegar al escándalo, la carta aturdió al soberbio dirigente queretano. En ella panistas prominentes le piden que defina sus prioridades: o precandidato a la Presidencia de la República o jefe del partido. Lo amonestaron con palabras enérgicas: “… Quien debería fungir como armonizador y árbitro de las aspiraciones, se convierte en factor de tensión, inequidad y abuso de poder”.

La carta está firmada por 18 panistas muy competitivos, entre ellos Gustavo Madero, su mayor promotor, así como los exgobernadores José Guadalupe Osuna y Alberto Cárdenas, los senadores Roberto Gil y Ernesto Cordero.

Después Calderón, de facto jefe de campaña de Margarita su esposa, soltó un twitter donde repetía la parte sustantiva del texto, reiterando que Anaya pone en riesgo la unidad del partido. El jefe panista hizo lo que nadie había logrado antes, unir en el mismo propósito político a Madero y Calderón, signo de que los tiene muy enfadados.

En la política doméstica, es valido cuestionar la ausencia de Francisco Barrio en la misiva. Se supone que Barrio acompaña en sus proyectos políticos nacionales a Corral y Madero, verlo marginado en ese movimiento de pinzas contra uno de sus competidores alimenta la versión de no estar en los mejores términos con el gobernador.

Aparte del “Coco” Reyes Castro y sus ofertas de redentor electoral, uno de los empresarios en la mesa de López Obrador, el jueves pasado, fue Poncho Bachir. Quizás su presencia fuese por lo mismo motivos que el resto, entre curiosidad y la pretensión de hacer una relación con el tabasqueño “por si a caso”.

No obstante, la cercanía de Bachir con Marco Adán Quezada alimenta la especulación. Coordinó las finanzas en la campaña de Lucía Chavira, es amigo personal de exedil y parte importante de ese grupo político. No es inocente ni atrabancado, de modo que la pregunta guarda pertinencia. ¿Pasó lista de presentes como avanzada de Marco Adán?

Para cerrar con ese tema sólo decir que AMLO llegó acompañado de Juan Iván Peña Neder, Abraham Cherema, influyente en la comunidad Judía, y dos o tres empresarios de medio pelo hacia arriba, sin apantallar a nadie.

No obstante, nunca había tenida una reunión de ese tamaño, el sector tricolor de Morena se consolida mientras las esperanzas de financiamiento a los candidatos pejistas crecen.

En lo que una corriente del PRI se decanta hacia López Obrador y Javier Corral consolida su liderazgo en el PAN, a través de Fernando Álvarez Monje, el PRI institucionalizado sigue destemplado por la derrota, esperando a que Enrique Ochoa nombre delegado.

Y los que se mueven lo hacen por la libre. Ahí están el caso de Lilia Merodio y Pedro Ignacio Domínguez, quienes firmaron un pacto para ir de uno dos en la dirigencia estatal del tricolor. Ya se les hace que los dejan.

Fácil se le hizo a Maru Campos decir que los trabajos del distribuidor vial Zootecnia quedarán tirados por falta de dinero, lo mismo que la construcción de la plaza del Mariachi, en el centro de la ciudad.

Tiene razón la joven alcaldesa: el gobierno del estado incumplió con las ministraciones para el distribuidor vial, no entregó su parte. Sin embargo se trata de una obra que por su enorme importancia no pude, por ningún motivo, quedar a medias.

Dando prioridad al interés ciudadano y con un poco de voluntad, Campos y Corral pueden firmar un convenio para que el municipio aplique en los puentes los 60 millones de pesos, o parte de los mismos, que dejó Javier Garfio para obra pública. Después el gobierno reembolse la cantidad que le corresponde, a efecto de continuar los trabajos.

Dejarlos a medias sería un crimen, ya que hay mucho dinero del ciudadano invertido para que pospongan más tiempo los trabajos.

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