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Opinion

Observan batidero en Educación y Salud

| Martes 07 Marzo 2017 | 00:20 hrs

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Documenta ASF desvíos por 240 millones

Jáuregui y Gallegos en las redes de la mafia

Retenes carreteros ante indiferencia estatal

E
n la revisión practicada a las cuentas públicas de las Secretarías de Salud y Educación, durante el Ejercicio Fiscal del 2015 –siempre están retrasados un año-, la Auditoría Superior de la Federación confirma las versiones públicas, trascendidas a retazos, que prefiguran un batidero administrativo en ambas dependencias.

El valor de la presente información es que ha sido observada de manera oficial por el ente fiscalizador de la Federación y puesto en su pagina de transparencia, en consecuencia no se trata de versiones, trascendidos o filtraciones del actual gobierno o personas interesadas en desprestigiar -¿Más?- a la administración de César Duarte.

Lo anterior implica por necesidad responsabilidades legales de los funcionarios que dispusieron de tales recursos. O bien que los solventen y expliquen satisfactoriamente que la auditoria equivoca sus conclusiones.

En todo caso los aludidos, sean quienes sean, en ese momento detentaron el cargo de secretarios o subordinados, tienen frente a sí un largo proceso para demostrar su inocencia, pues la carga de la prueba recae sobre ellos.

En Salud confirma sobreprecios de hasta 14 veces arriba de su precio normal en medicamentos, pagos realizados fuera de normatividad, licitaciones irregulares, desvío de recursos destinados a otros rubros, que tan sólo en ese año hacen una cantidad que ronda los 107 millones de pesos.

Señalan a empresas tales como “Servicios y Atenciones Médicas K, S.A de C.V.”, “Ymmarsa Pharmaceutica S.A. de C.V.”, “Administración y Comercialización de Franquicias Internacionales, S.A. de R.L.” entre otras, cuyas versiones populares adjudican a empresarios de apellido Almeida y Yáñez y en los rumores más atrevidos apuntan hasta Emilio Gamboa Patrón. Pero eso, son rumores. Conste.

La compras observadas fueron hechas en varias facturas, por cantidades que van desde los tres millones doscientos mil pesos –números cerrados- a la mayor de 48 millones ochocientos mil pesos.

En el mismo Ejercicio Fiscal la ASF encontró desvíos por casi 139 millones de pesos en la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente en el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) también distribuidos en varias modalidades presuntamente fraudulentas.

En el punto número ocho del legajo correspondiente al FONDE, referente al pliego de observaciones, la ASF concluye que “se presume un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 14,214,514.00 pesos –catorce millones doscientos mil pesos cerrando cifras- más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”

En el punto nueve presume daños por un monto de 108,735,499.00 pesos –ciento ocho millones setecientos mil pesos- más intereses generados, por realizar pagos a trabajadores no inscritos en el FONE. Además de otras cantidades que cierran la cifra en los 139 citados arriba.

Estas cantidades, según la misma ASF, debe ser restituidas a la Hacienda Pública. ¿Lo hará el gobierno de Javier Corral? Imposible que asuma la responsabilidad, como tampoco la defensa legal de los implicados. Así que habrá denuncias penales al respecto, de hecho se han mostrado lentos o juegan con los tiempos electorales, esperando presentarlas cuando más duelan. Hay nanita, son muchos millones para estar volando.

César Jáuregui y Joel Gallegos quedaron arropados en las redes de la mafia del transporte, dominada por el impresentable Francisco “Güero” Lozoya, responsable operativo de reventar el nuevo sistema de transporte y promotor principal del aumento a la tarifa.

El anuncio que ayer hizo el Director de Gobernación, Joel Gallegos, demuestra lo anterior. ¿Otra vez el gobierno servirá de aval para la compra de camiones nuevos destinados a la ruta troncal que terminaría pagando como los actuales? El cuento de nunca acabar; modernizan las unidades con dinero de la gente para que la mafia las chatarrice en cuestión de meses y pida más.

De los 89 camiones nuevos adquiridos para la ruta troncal, hoy están en operación aceptable apenas la mitad y de esa mitad varios son movidos en condiciones precarias; el resto en yonkes de los mismo transportistas. Esos camiones estarían dotados de aire acondicionado e internet, presumieron al ponerlos en servicio, hoy ruedan con dificultad.

Fueron adquiridos a dos millones cuatrocientos mil pesos cada uno, pero los especialistas calculan que hubo un sobreprecio de 400 mil pesos, “diezmo” distribuido entre líderes sindicales y empresarios. Si Jáuregui y Gallegos ponen a la mafia de Lozoya y compañía en charola de plata los nuevos camiones, harán exactamente lo mismo.

Son varios antecedentes: de los 40 camiones rojos que Gobierno del Estado compró para circular en el periférico de la Juventud y otras rutas perimetrales de la ciudad, también la mitad está destruida y los que siguen rodando quedaron en manos de los concesionarios. Los tomaron por regalo sin pagar ni una mensualidad.

Lo que deben hacer Jáuregui, "el ex bueno", y Gallegos, "el circunspecto", es obligarlos a comprar con sus propios recursos camiones nuevos para las rutas alimentadoras, donde radica la mayor deficiencia del servicio, situación reseñada hasta el cansancio y observable en las calles de la ciudad. Dan pena verlas que apenas sostienen las carteras chillantes.

La mafia puso a rodar chatarras en rutas y horarios a su conveniencia, muchos de los camiones transitan sin placas y otros con adeudos en cientos de miles de pesos, pues no pagan ninguna infracción y todos los días acumulan varias. Pero en fin, ningún gobierno toma en serio a los usuarios, víctimas directas de la indolencia de concesionarios y la inacción gubernamental.

Los retenes ilegales en la autopista Chihuahua-Juárez están de vuelta y muy cerca de la capital, prácticamente pasando la caseta de Sacramento. La denuncia llegó de conductores testigos del atraco –eso es, un atraco- en despoblado, que observan con horror a las patrullas federales antecedidos únicamente de conos amarillos, con peligro de causar accidentes.

Pero a los señores policías nos le importa, ellos se plantan donde consideran mejor ubicación a fin de extorsionar a conductores que se ponen nerviosos o circulan sin la documentación en regla, el caso es conseguir víctimas que les hagan la quincena. Todo ante la complicidad o indiferencia del Estado. Los conductores están en la indefensión. ¡qué pena!

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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