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Opinion

Ya, déjenlo ser

Sergio Alberto Campos Chacón | Domingo 19 Marzo 2017 | 00:58 hrs
A la memoria de mis maestros Augusto Martínez Gil y Luis Garibi Harper.

El domingo 25 de septiembre de 2016, El Diario de Chihuahua publicó mi colaboración titulada “El desarticulado Chihuahua jurídico”, en relación al origen histórico de los Consejos de la Judicatura, federal y estatal, al cual me remito.

La justificación del Consejo se corresponde y relaciona con la Carrera Judicial, ayuda a valorar ascensos sustentados en el registro y seguimiento, objetivo y verificable, de la calidad en el desempeño de los jueces, secretarios y notificadores, de sus acuerdos y actuaciones.

Son varias esferas del derecho y de administración que se tocan y enlazan. Ninguna autoridad, ni persona física o moral particular escapa a esa interconexión, pues algún día, un ciudadano comparecerá como testigo a un proceso, una empresa rendirá informes al juzgado, o el perito emitirá un dictamen, en auxilio de la justicia.

Al iniciar un proceso (no juicio) en un juzgado, entran a escena numerosos personajes, el  juez, secretario de acuerdos, escribientes, notificadores, defensores públicos, archivistas, notarios, abogados, estudiantes y pasantes de derecho; se dictan acuerdos, presentan escritos, oficios, más acuerdos, más escritos (aunque ahora se afirme que los “juicios son orales”), desahogo de pruebas, apelaciones, sentencias de magistrados, exhortos de fuera del lugar del proceso, demandas de amparo, ejecuciones, embargos, avalúos, remates, audiencias de conciliación, expedición de copias certificadas, convenios…

¿Se emplazó bien al demandado?, ¿se elaboró el oficio y llegó a su destino?, ¿se notificó en tiempo al Ministerio Público y podemos celebrar la audiencia?, ¿expedimos copias certificadas con la rapidez necesaria?, ¿ya se envió el expediente al notario?, ¿ya llegó el expediente del archivo?, ¿el acuerdo está fundado y motivado, es completo, claro y preciso?, ¿son uniformes los criterios jurídicos de juzgados y Salas acerca de determinados casos o supuestos?

¿Cuáles órganos del Poder Judicial del Estado detectan y atienden esas cuestiones, a la par de diagnosticar que el edificio del Centro de Justicia es disfuncional para la población usuaria?

Tenemos una enorme y compleja cadena de contactos entre los personajes arriba mencionados y los trámites, sin excepción, encaminados a la justicia.

Por la justicia (dar a cada quién lo suyo) se sostiene, cuando menos a partir de la Revolución Francesa, que el juez debe ser imparcial y el Poder Judicial independiente, regirse por sí mismo dada su naturaleza; sin embargo, según veo, no lo dejan ser.

En 1994 se creó el Consejo de la Judicatura Federal, por reforma al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dotándolo de amplias facultades para nombrar jueces, magistrados de Circuito, dictar acuerdos administrativos y otras más; en 1999 se reformó otra vez para facultar a la Corte pedir al Consejo expedir acuerdos generales que estime necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal; incluso puede revocar acuerdos del Consejo.

A esa reforma de 1999 se le llamó la “contra reforma” porque neutralizó la independencia del Consejo.

Ese Consejo se compone de siete miembros: El presidente de la Corte, que será también del Consejo; tres más, que nombra el Pleno de la Corte de entre magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos más, que designa el Senado de la República, y el último, claro, lo nombra el Presidente de la República.

Este Consejero que representa al Poder Ejecutivo, me parece que es una especie de “interventor” al pendiente de la vida interna del Poder Judicial de la Federación, y si “algo pasa”, avisará de inmediato al presidente de la República.

Visto así, por “equilibrio” de poderes constitucionales, supondríamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería tener un representante en el Senado y otro en la Presidencia de la República, para opinar y “resolver” sobre la designación de secretarios de Estado, directores de organismos, etc. No es así, obvio.

Entonces, el Ejecutivo Federal “está metido” en el Poder Judicial, lo que me parece impropio.

La legislatura de Chihuahua reformó hace unos días la Constitución Política del Estado para crear el Consejo de la Judicatura Estatal, que se integrará por cinco magistrados consejeros: uno, el presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; otro, nombrado por el Poder Legislativo; dos, por el Poder Judicial, y el quinto, claro, por el gobernador del Estado.

La reforma anuló el proceso de designación de un grupo de jueces que, se comenta, ya tenían rostros y nombres asignados por el ex gobernador Duarte Jáquez y Gabriel Sepúlveda, entonces Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de ahí que se suspendió su designación hasta moldear el referido Consejo de la Judicatura Estatal.

Si los ayuntamientos aprueban la reforma nacerá un órgano no independiente; tendrá a los “interventores” del Legislativo y del Ejecutivo.

Esa reforma también alude al “nuevo” criterio de elección de magistrados por medio de concurso de oposición, y establece como bases para la Carrera Judicial los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Entiendo esos principios, mas no definidos los factores, elementos o reactivos para calificar y tener por cierto, que un aspirante es excelente, etc.

¿Quiénes tendrán derecho a concursar? ¿Todos los integrantes del Poder Judicial del Estado, o quienes por riguroso escalafón, antigüedad y méritos medibles se encuentren, por decirlo así, en la antesala de una Sala?, ¿y por qué no abogados externos con aptitudes suficientes?

Es por ello que soy de la opinión que Consejo, Carrera Judicial y órganos administrativos de vigilancia y control interno de irregularidades, desvíos, simulaciones o pachorras, son simultáneos y corren paralelos; se necesitan nuevas funciones y estructura.

Para clarificar mi opinión, ejemplifico los ascensos en el Ejército. El cadete egresa del Heróico Colegio Militar como subteniente, luego asciende a teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel, general brigadier, general de brigada y general de división, hasta su retiro. Los requisitos para ascender son rigurosos, no basta la sola antigüedad, la profesión militar implica serias responsabilidades, como también lo es administrar justicia.

Igual, la Carrera Judicial debe iniciar desde “abajo”, a partir de oficial notificador, secretario de juzgado, de acuerdos o proyectista, secretario de Sala, de acuerdos o proyectista, juez y magistrado.

En lista de espera, hay abogadas y abogados en el Poder Judicial del Estado con maestrías y doctorados, que prueban esfuerzos académicos para mejorar la calidad de su trabajo, amén de superación personal; entonces, por respeto y justicia a todos, es impostergable, ya, diseñar escrupulosamente la Carrera Judicial y echarla a andar.

Sabemos que los grados de maestría o doctorado no son, por sí mismos, garantes de “excelencia”, si recordamos el lema de la Universidad de Salamanca (1215): “Quod natura non dat Salamantica non praestat” (Lo que la naturaleza no da (talento) no lo otorga Salamanca).   

Reconozco la valía de personas servidoras públicas del Poder Judicial por su vocación y compromiso en el ejercicio de sus atribuciones, como también señalo que las hay burócratas oscuras, tardas e indolentes.

En opinión del Dr. Julio Garcerán de Vall, hay 16 tipos de jueces, según escribió en su libro “El juez”, Editorial Librería Martí. 1957. p.p. 410 a 413, cuyas características se reprodujeron en el Boletín de la Asociación Chihuahuense de Abogados, A.C. Colegio de Abogados. Año 2. Número 2. Chihuahua, Chih., del 1 de noviembre de 1963.

Hay jueces y magistrados, federales y estatales, analíticos, objetivos, subjetivos, indecisos, instintivos, obstinados y otros, pero de momento cito la conclusión de Garcerán: “El juez que desee ser mejor juez, progresar, avanzar en la forma correcta de ejercer su función, ha de estudiarse debidamente a fin de eliminar los defectos, en los distintos tipos apuntados y adoptar lo aprovechable y conveniente de cada uno, mediante examen severo y sincero.”

Supongo que en el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia se tiene el registro veraz de la calidad laboral de cada persona que labora en el Poder Judicial, que servirá, según la estructura orgánica, para construir niveles de escalafón.

Los últimos meses hemos visto pugnas políticas públicas para incidir en el Poder Judicial; se dice que el ex gobernador César Duarte dejó magistrados a modo para protegerlo; que Javier Corral Jurado va a “limpiar” el Poder Judicial; que como sea, quitará a aquéllos magistrados para poner a los de su simpatía, jueces incluidos; que actúa subjetivo.

Esa confronta desconoce la independencia del Poder Judicial (que, dócil, acepta cuanta cosa), y lo sitúa en la mente de la comunidad como objeto de sospecha, porque por años se designaron por recomendación y consigna, por ejemplo, secretarios de acuerdo sin antecedentes en el Poder Judicial desdeñando a empleadas y empleados que cursaron la carrera de derecho y tenían más antigüedad, y tal vez, más merecimientos; se divulgó que magistrados y funcionarios tenían familiares laborando (¿siguen?) en diversas áreas, que se requería auditar la administración del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, que…

La Comisión de Gobernación del Honorable Congreso del Estado, creo por mayoría de votos, el martes 14, ya noche, acordó enviar auditores a revisar a los dos magistrados con residencia en Parral, fundada en que su ratificación se anticipó al plazo constitucional y adolece de anomalías. El miércoles 15 a las nueve de la mañana ya estaban los auditores en las oficinas judiciales. Veremos qué resulta.

La reyerta política que vemos en el Estado de Chihuahua proviene de múltiples factores, ¿quién no lo sabe?; los contrarios políticos de Javier Corral le conducen y entrampan, sin piedad, a nuevos y más frentes de guerra en días, por horas; le envían múltiples andanadas de metralla política para devastar su imagen y potestad, al grado que, impactados sus puntos débiles, le hacen ver, tácticamente, aislado y disperso, a menos que disponga de estrategia tal, que de la defensiva pase a la ofensiva y controle las dificultades.

Germina la impresión que el propio Corral Jurado descuidó y descubrió sus flancos, que omitió ponderar, racional y razonablemente, las circunstancias sociopolíticas que le llevaron a la gubernatura.

Es ostensible que atrás de la embestida contra Javier Corral hay estrategas expertos, hábiles en el combate político, parece que leyeron a Sun Tzu (El arte de la guerra -400 y 320 a. C.- p. 107), en el que destaca el siguiente diálogo: “¿Quién es el comandante en jefe del Estado de Wei´? ´Po Chih´, le contestaron. El rey comentó: “Todavía no se ha secado en su boca la leche materna. Nunca podrá competir con Han Hsin. ¿Quién manda la caballería? ´Fen Ching´, le contestaron. El rey dijo: Es el hijo del general Feng Wu Che, de Ch´in. Pese a que es hombre de valía, no supera a Kuang Ying. ¿Y quién manda la infantería? ´Hsiang t´o ´le contestaron. El rey dijo: No hay comparación posible entre él y Ts´ao Ts´ao. No tengo motivos para preocuparme”.

Está en el aire que la reforma que crea el Consejo de la Judicatura Estatal se apruebe por los ayuntamientos de Juárez y Parral, como ya lo comentaron algunos analistas, y de no aprobarla no entre en vigor, porque deben aprobarla, cuando menos, veinte ayuntamientos que representen más de la mitad de la población del Estado, como dispone la fracción II, del artículo 202, de la Constitución Política del Estado. Como están las cosas, no es improbable que otros ayuntamientos se sumen al rechazo. Haga cuentas.

De la destitución del Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), Lic. Rodolfo Leyva, los comentaristas ya escribieron suficiente, calificándola como un acto “golpista”.

Pero, de la borrasca, ¿qué culpa tienen las personas comunes que acuden a los tribunales a pedir justicia? Ninguna.

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