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Opinion

El Estado, incapaz de gobernar: lo hacen los delincuentes

Editorial | Sábado 15 Julio 2017 | 01:08 hrs
Los atracos que sufrieron viajeros que transitaban por la carretera vía corta a Parral, perpetrados por un grupo armado de al menos 15 hombres que montaron retenes y los despojaron de pertenencias y de siete vehículos, no es una rayita más al tigre de la violencia que abate al estado de Chihuahua; es una manifestación más de la ineptitud de los gobiernos estatal y federal para poner un alto a estas prácticas que no son nuevas.

Es inadmisible, desde todos los puntos de vista, que una carretera sumamente transitada como esa, carezca de vigilancia en un tramo tan conocido como las inmediaciones del poblado de Satevó. No fue siquiera en un lugar lejano o aislado: es por donde a diario cruzan cientos de automóviles particulares y de transporte público.

En esta ocasión las víctimas fueron llevadas en sus vehículos a brechas cercanas a la carretera donde les quitaron dinero, teléfonos celulares y a algunos hasta los zapatos y luego los abandonaron.

Otro agravante es que los atracos fueron cometidos en el tramo carretero del kilómetro 35 al 43 de la carretera a Parral, poco antes de llegar a Satevó, entre las 21 y las 22 horas, no en la madrugada.

Se trata de una modalidad más de las fechorías que cometen los grupos delictivos, que ahora colocaron retenes en esa vía, pero que ya antes lo habían hecho desde hace varios años en la zona de Janos y Casas Grandes, donde los viajeros también lo habían denunciado, pero las autoridades nunca resolvieron las quejas.

Son grupos que colocan retenes como si fueran operativos oficiales e incluso utilizan pick ups con códigos de luces iguales a las de la policía y quienes marcan el alto, son personas que llevan uniformes y chalecos de los conocidos como tácticos.

Esto no es nuevo, pero que no salgan ahora los funcionarios del gobierno actual con que es otro de los males heredados de la pasada administración.

Lo más delicado del caso que revela la indolencia de las autoridades para actuar es que incluso en esa vía no es la primera vez que sucede algo así: esta es la tercera ocasión en este año que se cometen atracos similares en esa carretera, según archivos policíacos.

A pesar de eso, en un comunicado de prensa la fiscalía se atreve a decir que mantienen permanente vigilancia en la carretera donde se cometieron los atracos. Textualmente dice: “La Fiscalía General del Estado en coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, mantiene operativos de prevención y vigilancia en los diferentes tramos carreteros de la entidad, a fin de brindar seguridad a quienes se trasladan a otros lugares”. Eso es una mentira, si acaso pusieron vigilancia. lo habrían hecho desde la noche del miércoles pasado, no antes; si así hubiera sido no habrían ocurrido los atracos por tercera ocasión. Es una cuestión de lógica.

Los viajeros que utilizan esa vía corta a Parral, son empresarios de diversos giros, comerciantes, profesionistas, trabajadores y también turistas, muchos estudiantes, todos ellos, ya de por sí cada vez que viajan se ponen en riesgo por las pésimas condiciones físicas en que se encuentra la rúa, donde han ocurrido accidentes fatales y ahora, también están a merced de los atracadores.

Para ser precisos, la vigilancia de esta vía le corresonde a la Policía Federal por ser un tramo de esa jurisdicción; pero se supone que la coordinación de todos los cuerpos de seguridad está a cargo del Estado, de ahí que ni las corporaciones federales ni las estatales están exentas de responsabilidad.

De nueva cuenta hay que advertir que la responsabilidad de la coordinación de acciones está encabezada por el gobierno estatal, particularmente de la Fiscalía General, cuyo titular César Augusto Peniche no atina a dar respuestas a las demandas de seguridad que plantea la población, motivo por el cual desde hace tiempo se impone su remoción del cargo, por incompetencia.

La verdad de toda esta situación, fue puesta con claridad sobre la mesa el pasado jueves por el expresidente nacional de Coparmex, Gerardo Aranda Orozco, quien declaró abiertamente que el crimen organizado “gobierna” en diversas regiones del país, entre ellas, algunas zonas en Chihuahua, donde la autoridad democrática no entra.

Equiparó la situación de Chihuahua con lo que sucede en Guerrero, Chiapas y Tamaulipas, donde advierte el riesgo de que en el marco de la próxima elección presidencial se consolide lo que él llamo “un gobierno paralelo” con el objetivo de control territorial y de extorsiones.

Si aplicamos esta teoría nada improbable a Chihuahua, podemos interpretar la existencia de esos retenes como una más de las manifestaciones del crimen organizado o para ser más claros, del gobierno del narcotráfico, constituido en un poder de facto y lo que es peor en el caso del estado de Chihuahua, con más recursos logísticos, más dinero, más poder político en muchos municipios donde no sólo infiltran a sus elementos, sino que ahi mandan; tienen más y mejores armas que las policías y más desarrollo táctico. Y por si fuera poco, establecen sistemas recaudatorios mediante la práctica de la cuota en negocios de las ciudades o exigiendo el “diezmo” de la cosecha en las poblaciones rurales.

De poco o nada sirven algunas acciones compensatorias del gobierno, como los programas llamados de “intervención social”, similares al que recién acaban de llevar al municipio de Madera; esos son paliativos que, dicho sea de paso, ni siquiera llegaron a la vapuleada comunidad de Las Varas, donde muy probablemente quienes sigan ahí sean los criminales.

Lo que se requiere en esa y otras zonas rurales del estado es una presencia efectiva y permanente de las fuerzas federales (ejército y policía federal), así como estatales, que sean capaces de extinguir a los grupos delictivos que mantienen su dominio en muchos ámbitos de la vida de los pueblos.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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