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Opinion

Respuesta social a los sismos

Armando Sepúlveda Sáenz | Martes 10 Octubre 2017 | 00:07 hrs
Con los sismos del 7 y 19 de septiembre además de la destrucción de infraestructura, edificios y casas o departamentos, se evidenciaron fenómenos sociales que se han perfilado como inusitados y otros que son obvios pero que exhiben la vulnerabilidad extrema de capas de la población afectada.

Si bien en todos los sitios en que se dio el efecto catastrófico de los terremotos se dio cita la participación ciudadana, principalmente de jóvenes; en la ciudad de México según los medios, parece haber sido sustancialmente más numerosa, decidida y permanente en tanto duró la fase de rescate de las víctimas que aún se presumía con vida.

Para el caso de la ciudad de México se ha pretendido establecer comparaciones con la espontaneidad de la presencia civil durante los sismos de 1985 y los recientes y de ahí postular la posibilidad de su organización y efectos políticos. En realidad las situaciones son muy diferentes. El impacto fue  por su localización y por los edificios y construcciones habitacionales afectados muy diferentes. La  pasividad del gobierno en 1985 no se registró en 2017; y la capacidad de gestionar (dado el control presupuestal y administrativo) las acciones de recuperación y reconstrucción durante 1985 eran inmensamente mayores a las que tiene el actual gobierno. Las zonas afectadas en aquel entonces se caracterizaban por población de escasos recursos, lo cual en este año fue muy diferente. Aunque el primer impulso de la memoria es mirar los sismos de 2017 con los recuerdos de 1985, lo cierto es que son eventos distintos. Únicamente para ilustrar el punto: el terremoto de 1985 destruyó 412 edificios en la Ciudad de México y arruinó 3,124. El de 2017 abatió  38 y dejó inservibles 500. Las autoridades expidieron 13,000 actas de defunción. El total de los muertos del 2017 es 228 en la Ciudad de México  y 141 en el resto del país.

Inmediatamente del sismo la solidaridad se desbordó para aliviar la tragedia de otros. La autoridad fue rebasada por el tamaño de los daños y por su propia incompetencia. A medida que se agota la emergencia, salen a la luz poco a poco las causas de los daños y la sociedad comienza a fijar las responsabilidades e incluso a reclamar culpables de las autoridades y los constructores. El problema todo parece indicar, no será presupuestal sino en todo caso político. Menudean las apreciaciones de que el terremoto del pasado 19 de septiembre puede ser  el punto máximo de la crisis de legitimidad y desconfianza de la sociedad con el Gobierno y los partidos políticos (los grandes ausentes en la solidaridad). En su caso ¿cómo se reflejará este hartazgo en los comicios por venir?

Ya se empiezan a lanzar estimaciones gubernamentales del daño material (sin que se sepa bien a que se refiere el Gobierno Federal) del orden de 35,000 millones de pesos. Desde mi perspectiva lo que se puede inferir es que, primero, los daños materiales y económicos pueden estar subestimados, ya que aún no se terminan los análisis de los inmuebles, ni concluyen las actividades (de todo orden);  segundo, al determinarse la naturaleza diversa del territorio del DF, las exigencias constructivas deberán ser igualmente diversas) no es lo mismo construir o consolidar sobre el antiguo lecho lacustre que en sus linderos; tercero, los costos son función del tipo de construcción; cuarto, lo que ha aflorado son problemas de supervisión y normatividad (que no excluye la omisión de su aplicación); quinto las soluciones serán necesariamente distintas, y por ello deberán cambiar las reglamentaciones y sistemas constructivos; y  sexto, deberán buscarse mecanismos que garanticen la rígida aplicación de la normativa. Estos puntos en relación con el espacio urbano de la metrópoli.

Aunque numerosos analistas presuponen que habrá un proceso amplio de organización, catalizado por un malestar previo y ahora aumentado después de las actividades de la sociedad civil y las autoridades con frecuencia en conflicto, creo improbable que las huestes de la espontaneidad no compartan otra cosas que la solidaridad ante la desgracia y el malestar con las autoridades. Y no es suficiente para aglutinar a las personas con metas sociales y políticas. Ojala el fermento de solidaridad y el malestar propicie la organización de la sociedad civil, aún que sea de manera limitada. Quienes requieran establecer las bases de su autonomía de desempeño social y político son sobre todo las poblaciones afectadas que transitan por una gran vulnerabilidad económica.

También se han generado opiniones en el sentido de aprovechar los siniestros provocados por los terremotos, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México. Para  impulsar cambios en sus economías que permitan remontar el daño y acelerar el crecimiento  local. El motor de las oportunidades siempre aparece esencial el Gobierno Federal. Desgraciadamente las zonas más afectadas son las que tienen mayor atraso y tradicionalmente, escaso dinamismo económico: difícilmente en corto y mediano plazo van a cambiar sus condiciones.

Pensar que la desgracia abre cauces para impulsar el desarrollo, es olvidar que dichas condiciones tienen que ver con los modos de producción, la existencia de capital humano y de vinculación entre las unidades económicas. Así que en el corto y mediano plazo no hay que hacerse ilusiones. Cuando las políticas públicas atiendan a esta realidad multidimensional, podremos pensar que su diseño va por buen camino.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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