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Opinion

Atavismos y vilezas; decadencia de las instituciones

Luis Froylán Castañeda | Domingo 05 Noviembre 2017 | 01:50 hrs

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México es un país de leyes e instituciones solidas, robustas y confiables, suele decir el discurso oficial en la primer oportunidad. Henchidos y aplomados, sus actores públicos reproducen el estribillo hasta darle categoría de verdad, como algo que se da por sí mismo, inherente al desempeño de la función pública.

Es un discurso tramposo de políticos y gobernantes ruines interesados en mantener el actual estado de cosas que, durante décadas, ha privilegiado a los sectores económicos y políticos más encumbrados del país, en detrimento la enorme mayoría de mexicanos ocupados en conseguir el sustento diario de sus familias.

En realidad nuestras instituciones son frágiles, desprovista de personalidad y carentes de independencia. Están bien amarradas legalmente, pero su sentido y objeto de ser, el motivo por el cual fueron creadas, suele estar al servicio de los Ejecutivos federal y estatales, los hombres del dinero y los clanes políticos que buscan acomodo en las estructuras de poder.

En su reporte más reciente, 26 de octubre, Latinobarometro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile que anualmente aplica más de 20 mil entrevistas en América Latina, entregó datos que ubican a México entre los peores países de la región en cuanto a la percepción democrática y otros indicadores. En muchas sociedad esos datos serían un llamado estrujante a quienes ejercen el gobierno, en cualquier nivel.

A la pregunta “Diría usted que está muy satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en nuestro país? El 82 por ciento de los mexicanos respondió nada satisfecho, por el 18 que se dijo satisfecho.

Vea la otra pregunta y lo que de ella se infiere: “Esta de  acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”. Ahí los mexicanos nos fuimos hasta el último lugar, sólo el 56 por ciento respondió de acuerdo y el 44 estuvo en desacuerdo. Estamos por debajo de Venezuela y Bolivia.

Casi la mitad de los mexicanos prefieren otro sistema ¿parlamentario, dictadura, monarquía? No está descrito, pero lo que en otros países, por ejemplo Uruguay, la enorme mayoría piensa que es el mejor para gobernarse, en México muchos ciudadanos tienen sus reservas.

¿Qué relación guardan las instituciones con la insatisfacción de los mexicanos respecto a la democracia? Toda, la gente asocia las instituciones con el descrédito de la política, las observa como entes onerosos e inútiles que solo sirven para “acomodar a los parásitos de gobierno”. Y así, lapidario, el pueblo las descalifican.

 Semanas antes del reporte, la clase política del país ofreció un ejemplo inmejorable de porqué la gente está insatisfecha con la democracia. Por medio de un escueto comunicado de apenas tres líneas, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, cesó de la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales a Santiago Nieto.

Lo acusó de poner en riesgo procesos en curso, a cuyos implicados pudo trastocar sus derechos violando el principio de presunción de inocencia.

En un sistema de instituciones sólidas la destitución sería resuelta en apego a las leyes, en México generó una confrontación política al más alto nivel, teniendo al Senado de la República como centro del choque.

Siendo parte relevante del conjunto de instituciones que administran justicia, Santiago Nieto se comportó como activista político. Exhibió a quienes tenían una carpeta abierta y proporcionó información contenida en expedientes en proceso que, ciertamente, era suficiente para destruir su presunción de inocencia y arruinarlos los encausamientos.

Legisladores, presidentes de partiditos, analistas y en general todos los que entraron en la discusión saben la disputa, saben que se reduce al caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quién habría recibido 12 millones de pesos del consorcio brasileño Odebreacht, para la campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

Era evidente que la destitución de Nieto provenía de Los Pinos, como evidente que dio motivo pasando por activista político en lugar de asumir la discreta conducta que se espera de un fiscal. Ese asunto de la mayor relevancia política explica que haya partido al senado en dos; el PRI de Peña resuelto a destituirlo y la oposición defendiéndolo sólo para conservar un fiscal electoral a modo.

Episodio similar sucedió una semana antes. Raúl Cervantes renunció a la Procuraduría General de la República, vetado por la oposición para ser electo Fiscal General. En este caso PAN, PRD y otros partidos consideraban que Peña Nieto quería tener un fiscal que le garantizase inmunidad.

¿En realidad eran las pretensiones de Peña? Desde luego, como lo intentaron en Chihuahua y Veracruz los Duartes y lograron varios ex gobernadores. Ninguno quiere ser “molestado” una vez que entregaron el cargo, es el derecho a la impunidad prevaleciente históricamente en el país.

Despojados ambos casos del ensordecedor ruido de posturas demagógicas con interés de partido, casi todas falaces y muchas viles o rastreras, en la esencia queda que tanto el gobierno en turno como la oposición desplegaron una lucha de poder para quedarse con el control de instituciones fundamentales para la procuración de justicia. No abogaban por la institución sino por sus intereses.

Cuando llegan esos momentos, aquellos  en que no tienen otra sino retirarse la máscara con que suelen ocultar sus intenciones, describen una clase gobernante tal y como la observa la sabiduría popular: ocupada en proteger sus intereses más oscuros, así tenga que pagar el mayor precio por ellos.

Esta percepción también está contenida en la encuesta de Latinobarómetro. Al la pregunta ¿Se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio? El 90 por ciento de los mexicanos respondió que si, sólo superados por Brasil donde los escándalos de corrupción que tiraron a una presidenta, Dilma Rousseff,

han eclipsado a los nuestros.

Esos datos demuestran que estamos frente a una clase política mezquina y de doble discurso, que añora el viejo presidencialismo cuando alcanzó el nivel más alto de poder, a efecto de disponer a su antojo de las instituciones e impone trabas al ejercicio presidencia durante su época opositora; cuando yo ejerzo el poder está bien montarme sobre las instituciones del país, cuando soy opositor intento destruirlas. Es un quita tu para ponerme yo y que a las leyes se las lleve el diablo.

Ese forcejeo político sería un factor de dinamismo para el país e incluso galvanizador de las instituciones, siempre que la disputa trascurriese en apego a las leyes. En México sucede que los acuerdos entre los grupos de poder se tejen en la trastienda.

Va otro ejemplo, el INE. Para terminar con el partido hegemónico lo oposición consideró necesario rescatar la organización electoral del gobierno y ponerla en manos ciudadanas. Así le llamaron, “ciudadanizar” los organismos electorales y nació el Instituto Federal Electoral y sus réplicas estatales.

Sólo sirvieron para la elección del 2000, cuando el PAN ganó por vez primera la Presidencia de la República ¿Qué sucedió después? Los grupos de poder representados en la Cámara de diputados pactaron la distribución de los consejeros. Un pacto no escrito donde el presidente del IFE (hoy INE) y los consejeros que hagan mayoría es para el partido mejor representado en el Congreso y el resto de los consejeros distribuidos según su número de diputados.

Porley el INE es un órgano ciudadanizado, somos los ciudadanos quienes organizamos las elecciones; en los hechos son los partidos, cada consejero responde a los intereses de cierto partido. En los estados peor, ahí los gobernadores en turno, con independencia al partido al que pertenezcan, toman el control del organismo y lo convierten en una dependencia de su administración.

Por eso la idea de reformarlo para hacer un órgano único de alcance nacional que promovió durante meses Gustavo Madero, cuando era presidente del PAN. Fracaso, hoy es un bodrio oneroso y pesado al servicio de quien tenga la mayor habilidad y poder para manipularlo: en los estados los gobernadores, en el país el presidente.

Vivimos la decadencia de las instituciones y no sólo aquellas mencionadas anteriormente, las tomé por ejemplos en razón de que los intereses de la clase política quedaron expuestos. También alcanza los organismos de transparencia, dedicados a proteger la opacidad del “ente obligado” que los eligió; las Auditorias Superiores, usadas como armas contra enemigos políticos -¿verdad nachito?- las comisiones de los derechos humanos y en algunos casos extremos, donde las condiciones lo permiten, como en Chihuahua, hasta los poderes judiciales.

Además de la mezquindad y vilezas históricas de los políticos mexicanos, a la decadencia institucional contribuyen atavismos históricos que se remontan hasta la Colonia, subordinados al Virrey, consolidada en la dictadura porfirista, “institucionalizada” en la Revolución y expuesta su inoperancia en los tiempos que corren.

Implementar otro sistema de gobierno, parlamentario –por ejemplo- como sugieren varios teóricos, entre ellos Muñoz Ledo, es inútil mientras persista la indiferencia del Poder hacia el respeto de las leyes. No es problema de sistema, sino de voluntades y en ese punto todos quieren imponer la suya, a cualquier precio.

Mucha teoría para una conclusión tan obvia y masticada. Ya se, pero que Weba hablar otra vez de inseguridad y violencia, dejen descansar a los muertos aunque sea en su día.

Lavisiondechihuahua.com

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