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Opinion

Miente el gobierno estatal para ocultar crisis en el psiquiátrico

Editorial | Miércoles 06 Diciembre 2017 | 00:36 hrs
Desde que El Diario de Chihuahua puso al descubierto mediante un reportaje la grave situación en que se encuentra el Centro de Salud Mental ubicado en esta capital, debido al pésimo servicio que brinda a los pacientes por falta de medicamentos y por la saturación en que se encuentra, el Gobierno del Estado prohibió al personal de ese nosocomio que diera información a los medios de comunicación y se ordenó que cualquier solicitud de información fuera remitida a Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Ése es el recurso al que acuden los funcionarios de gobierno y con mayor razón en la Secretaría de Salud, cuyo titular Ernesto Ávila ha llegado al colmo de la incompetencia, como lo mostramos en editoriales anteriores, entre otros motivos, por no solucionar la falta de medicamentos para hospitales públicos, por su actitud déspota ante la solicitud del personal del hospital de Gómez Farías, acosado por los delincuentes, amén de que transgredió la ley al promover la adjudicación directa de un contrato por 80 millones de pesos para surtir medicamentos al Ichisal a la empresa Egro Servicios de México.

Por supuesto que la información centralizada trata de desmentir las versiones de quienes conocen y sienten realmente los problemas, que son los médicos psiquiatras que atienden a los enfermos y se ven imposibilitados para internarlos por falta de espacio o de recetarles medicamentos porque no hay en la farmacia del hospital.

Este medio informativo reiteradamente ha constatado esa falta de medicinas. No obstante, el pasado 16 de noviembre, Eduardo Ramírez, jefe de los servicios médicos del Ichisal, en respuesta a esta denuncia por la falta de medicamentos, se atrevió a declarar lo que sus jefes le ordenaron: “Actualmente se cuenta con un abasto de medicinas de entre un 90 y un 95 por ciento y es prácticamente imposible contar con el 100 por ciento, por la propia dinámica que se tiene al señalar que al momento en que llega el medicamento se surten las recetas de los pacientes”, rechazó que se tenga un faltante del 30 o 50 por ciento para pacientes con enfermedades mentales, como lo demostró El Diario, e indicó que los hospitales están facultados para adquirir medicamento sin realizar la licitación en caso de que no cuenten con el suficiente.

Lo dicho por Eduardo Ramírez es una completa mentira, y es lamentable que para acallar las inconformidades de un sector tan vulnerable como los familiares de estos pacientes, acudan a semejante recurso, en vez de solucionar la crisis.

Ya habíamos advertido en este espacio, desde el primero de julio pasado, que el drama de los enfermos mentales es una realidad que soslaya el gobierno estatal y esto ha ido de mal en peor.

Pero lo que recientemente ha preocupado más a los médicos psiquiatras es la solución que ahora busca el gobierno, de presentar mañana en el Congreso local una iniciativa para la Ley de Salud Mental en materia de atención psiquiátrica promovida por el propio gobernador Javier Corral, ya que en algunos aspectos se podría poner en riesgo la vida de los pacientes y deteriorará aún más la calidad del servicio.

La iniciativa señala, entre otros puntos, que los pacientes puedan decidir sobre su internamiento y, por lo tanto, valida el retiro voluntario lo cual, a decir de los psiquiatras, no considera que en muchos casos no pueden tomar decisiones y no son responsables de sus actos, de ahí que se les considere inimputables. Lo que en realidad sucede es que acualmente cuando un paciente requiere internamiento no hay espacio para él.

Psiquiatras consultados por El Diario, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, explicaron que ésta es una iniciativa enmarcada en un proyecto denominado “Proyecto Miguel Hidalgo” y es laxa frente a la problemática de los padecimientos psiquiátricos.

En la exposición de motivos de esta iniciativa el Ejecutivo incurre en planteamientos por demás contradictorios, como el de que Chihuahua ocupa el segundo y tercero lugares en el país, en los casos de incidencia de suicidios, ya que en lo general existe una tasa de casos de 8.4 por cada 100 mil habitantes, pero esta cifra aumenta a 14 cuando se trata de la población entre los 15 y 29 años.

Otro argumento es que las condiciones en que actualmente están las dos instalaciones psiquiátricas de la entidad, el Hospital de Salud Mental y el Centro Integral de Salud Mental, no cuentan con las áreas para que a los pacientes se les brinde el debido tratamiento cuando se trata de discapacidades psicosociales y no ofrecen la posibilidad de internamientos de cortos periodos, o para recibir atención preventiva.

De hecho, la iniciativa señala en su apartado del Internamiento, artículo ocho, que éste solamente podrá realizarse cuando haya evidencia de que la persona corre un riesgo a su integridad, además de que será por plazo definido por el equipo tratante y se dará preferencia a la atención ambulatoria, lo que en la óptica de los especialistas abre la puerta a una delicada situación, si el paciente se irá a su casa y los familiares no están capacitados para atenderlo, o en una crisis es enviado a cualquier hospital donde no cuentan con la infraestructura necesaria.

En una lógica fría, el planteamiento del gobernador es que como hay muchos suicidios y no hay instalaciones para atender a los pacientes que virtualmente pudieran incurrir en ellos, entonces mejor no los internamos. En vez de decir que dado ese hecho urge dedicar recursos para mejorar y ampliar los hospitales psiquiátricos, para contratar más médicos y que haya medicamentos.

En realidad quienes elaboraron esta ley no conocen las condiciones de los pacientes con trastornos mentales, porque bien dicen los psiquiatras, si en el artículo 12 se considera que el paciente internado de manera voluntaria puede darse de alta por sí mismo y dejar de tomar sus medicamentos, no toma en cuenta que en el caso de una persona con tendencias suicidas puede atentar contra su vida, o que una persona que es violenta actúe contra terceros, puede llegar al homicidio, advirtió un médico psiquiatra consultado.

Esa ley es absurda en varios sentidos, como lo advierten los especialistas; pero la descoordinación en esta área de salud también se refleja en la desvinculación que existe entre la comisionada de Atención a las Adicciones y a la Salud Mental, Adriana Bouchot --promotora de esta iniciativa-- y quienes atienden directamente a los enfermos mentales en Chihuahua.

Todo parece indicar que se trata de una “ley al vapor”, presentada o elaborada sin consultar a los especialistas locales, quienes conocen a fondo la problemática de los pacientes y los atienden. Hay preocupación en el colegio de psiquiatras. ¿Y la respuesta del gobierno estatal? Recurrir al engaño y la mentira.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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