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Opinion

Regulación de la propaganda de gobierno debe ser transparente y consultada

Editorial | Miércoles 14 Febrero 2018 | 00:24 hrs
El anuncio del gobernador del Estado, de que enviará esta semana una iniciativa de Ley de Publicidad Oficial, la cual marcará los criterios que se aplicarán al momento de contratar espacios en los medios de comunicación de parte del Gobierno, ocurre luego de que el Poder Judicial federal recordó al Senado que tiene de plazo hasta el 30 de abril para aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental.

En el ámbito federal esta legislación secundaria se encuentra pendiente desde hace casi 11 años, cuando fueron aprobadas modificaciones al artículo 134 constitucional, dentro de la reforma de Estado de 2007, para regular la administración de los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el entonces Gobierno del Distrito Federal.

Hasta el momento no ha sido dado a conocer el contenido de la iniciativa que presentará el ejecutivo estatal; solamente ha comentado el gobernador Corral que la está revisando y que tiene como objetivo precisar los criterios para que exista una contratación de publicidad oficial basada en lineamientos, pero no dijo cuáles serán esos lineamientos.

El asunto es de la mayor importancia: lo que está en juego es nada más y nada menos que el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que es la libertad de expresión, que incluye la libertad de prensa, ambas condiciones indispensables para el desarrollo de la democracia en la sociedad. Hay que recordar que una de las principales funciones de los medios de comunicación es mantener una actitud vigilante ante la autoridad para evitar los abusos, omisiones y atropellos de la autoridad en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno; aún está vigente –y hoy con mayor razón-- la tesis del periodismo como perro guardián de la sociedad y de la democracia. Cuando un medio informativo llega a ser adulado por el poder, los ciudadanos deben preguntarse con sobrada razón quién entonces está cuidando sus intereses.

Sería ingenuo en estos momentos esperar cándidamente que haya una iniciativa de ley imparcial en la regulación de los contratos de publicidad por parte del gobierno estatal, toda vez que la política del gobernador y de su aparato de comunicación social ha sido atacar a los medios que en cumplimiento de su función critican las acciones de su administración. Cuando una información le incomoda, adopta la política de atacar al mensajero en vez de desmentir con pruebas lo informado, como ha ocurrido en repetidas ocasiones. Baste referir que en noviembre del 2017 acusó a este medio de “mentir vilmente a los lectores” por sus viaje de placer a su departamento en Mazatlán en el avión oficial del gobierno estatal, no obstante que había dicho que eso él no lo haría.

En este sentido el anuncio de una iniciativa de ley, hecho sin consulta previa, despierta suspicacias, ya que proviene de una administración estatal que no ha actuado con transparencia y no solamente ha actuado con parcialidad al denostar a los medios que lo critican y no le dan las primeras planas a sus obras, en tanto que a otros medios que oficiosamente publican indiscriminadamente y de manera acrítica y servil todo lo que hace, les dedica epítetos más que obsequiosos; no sólo eso, sino que ha llegado a criminalizar a un medio por publicar un video sobre un interrogatorio de un grupo delictivo a una mujer.

El Congreso del Estado, al recibir la referida iniciativa del ejecutivo, debe tomar en cuenta que está por ser emitida la ley federal en torno a esta materia, por lo que lo más prudente es que espere para que luego no tenga que hacer modificaciones a la ley local porque no está en congruencia con lo que legisle el Congreso de la Unión en el ámbito federal, que tiene supremacía.

Lo que sí procede en estos momentos es que haya una consulta con la sociedad y con los entes interesados y afectados con las normas que regirán en este delicado tema de las relaciones entre prensa y poder, sobre todo cuando se trata de la contratación de propaganda oficial.

A diferencia de lo que ocurre en el estado, donde la iniciativa no ha sido ventilada en la opinión pública, en este momento en el escenario federal hay seis iniciativas en la materia, la más reciente presentada el pasado 8 de febrero. Se trata de la propuesta de ley general de propaganda gubernamental, que elimina "el uso discrecional" de la publicidad en medios escritos y electrónicos y crea las bases para que ninguno de los tres niveles de gobierno la use para encumbrar a medios de comunicación afines y presionar a los críticos.

Los criterios emitidos por Poder Judicial federal en el recordatorio hecho al Senado, referido en el primer párrafo de este editorial, de que tiene de plazo hasta el 30 de abril para aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental, deben ser replicados en el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua: La omisión de expedir la ley señalada “viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”.

La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.

Se trata de una regulación que le haga justicia a los medios, independientemente de que sus contenidos sean críticos ante la autoridad.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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