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Opinion

Las muertas que no se ven

Teporaca Romero del Hierro | Domingo 15 Abril 2018 | 19:11 hrs
Alarmante las cifras de feminicidios en México, auspiciados por la cultura misógina, las omisiones y negligencia institucional y el silencio ciudadano, que dan como resultado, impunidad. Ni leyes, tratados internacionales, protocolos, alertas de género y campañas de prevención emprendidas por el gobierno y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han disminuido las brechas de discriminación, los abusos, golpes, humillaciones, acosos laborales, agresiones sexuales, desapariciones y crímenes de mujeres.

Los feminicidas no conocen fronteras, razas, títulos académicos, estatus económicos, las víctimas son niñas, adolescentes y jóvenes, amas de casa, profesionistas, universitarias, empresarias, académicas, periodístas, artistas, deportistas y políticas. Hemos visto, como mujeres empoderadas, candidatas de los diversos partidos politicos en México han sido blanco del crimen, el último caso registrado antes de la entrega de dicha colaboración, fue el asesinato de Maribel Barajas, la aspirante a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, por el municipio de Múgica, Tierra Caliente en Michoacán, de 25 años, quien fue apuñalada y golpeada hasta la muerte. Su cuerpo lo abandonaron en un rancho a las afueras de Morelia.

Antes de su asesinato, el dirigente estatal de su partido, Ernesto Núñez, había advertido el riesgo que corrían los políticos que aspiraban a un cargo local en muchos municipios de esa entidad, contó hasta tres aspirantes que se habían retirado de la campaña tras sufrir amenazas del crimen organizado. Dejó en claro que se encuentran en la zona de Tierra Caliente, una región que se extiende a otros Estados como Guerrero y el Estado de México.

Datos del Observatorio Ciudadano del Feminicidio revelan que de los 8 mil 904 asesinatos de mujeres, cometidos entre 2014 y 2017, sólo 2 mil 188 casos fueron investigados como feminicidios, subraya que la impunidad es el principal aliciente para que los feminicidios sigan incrementándose. En el estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017” señala la ruta y lo que implica para las víctimas y sus familias el sello de la impunidad, señalan: “Esta ruta se construye con acciones y omisiones de las autoridades e inicia con su resistencia de reconocer -y por lo tanto investigar y sancionar- los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios”.

A criterio de dicho organismo, otro de los problemas que enfrentan las víctimas es que los agresores no son investigados como feminicidas, en la mayoría de los casos son considerados como víctimas, las investigaciones en su contra se inician por el delito de homicidio culposo y no por feminicidio, la víctima del delito resulto ser la que provocó su muerte.

Diecinueve entidades cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas para poder acreditar el delito de feminicidio, pese a ello, las autoridades se rehúsan a investigar el caso como feminicidio. Los estados que no cuentan con Protocolos de actuación para la investigación del delito de feminicidio son: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala.

La periodista Valeria Durán, en coordinación con la Unidad Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), documentan el mayor informe sobre el asesinato de mujeres en México,“Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios”, el cual revela que más de 10 mil mujeres han sido asesinadas en México desde 2012, pero menos del 20% han sido juzgados como feminicidios.

Con datos oficiales, exhiben una radiografía sobre el número de mujeres víctimas de homicidio en el país, cuántos casos son catalogados como “feminicidio” en cada estado, además de exponer historias de vida truncadas y las lagunas jurídicas que frenan a la justicia. Señalan que 7 mil 694 mujeres asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas sexualmente, asfixiadas o golpeadas, no fueron reconocidas por como víctimas de feminicidio. La autora de la investigación señala: “Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres, incluso descuartizadas o asfixiadas– no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios”.

Dicho informe pone como ejemplo, la investigación vertida en Chihuahua, donde la Fiscalía General estatal se reservó la causa de muerte de 754 mujeres asesinadas de enero de 2012 a noviembre de 2016 en la entidad, lo cual impide saber cuántas fueron víctimas de feminicidio. Chihuahua, ocupa el segundo lugar en la tasa de personas del sexo femenino víctimas de homicidio a nivel nacional, con 7.87 por cada 100 mil habitantes, solo superado por Guerrero, que registra 11.93. En Chihuahua de enero a abril del presente año, se han registrado 32 feminicidios.

A pesar del repunte de feminicidios, el actual gobierno estatal sigue sin solicitar la alerta de género, según datos de 2016 presentados por ONU Mujeres, en su estudio “Violencia feminicida en México. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres forma parte del Programa del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres) para garantizar la seguridad de este sector de la población en aras de “eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos”. Según el Diario de los debates del Congreso local, el 28 de noviembre de 2017 el diputado del Partido Verde, Alejandro Gloria, presentó ante el pleno, una propuesta, apoyada por legisladores del PRI, PAN, PRD y Morena para solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

En lo que va del 2018, se han contabilizado 500 feminicidios en México, la cifra proviene de un mapa elaborado por María Salguero, activista y defensora de derechos humanos de las familias de mujeres víctimas de violencia machista, quien se dio a la tarea de hacer un rastreo de las noticias que publica la prensa policiaca en todo el país. La mayoría de las víctimas oscila entre 18 y 30 años.

En México, matar a una mujer es sinónimo de impunidad, urge tomar medidas drásticas sobre el tema, concientizar a la sociedad sobre temas de perspectiva de género para que juntos, hombres y mujeres cosechemos la cultura del respeto mutuo. Hasta no abatir las brechas de desigualdad entre ambos géneros, seguiremos condenando la opacidad de hombres y mujeres que ocupan espacios políticos, en el servicio público, poder judicial, empresariado, medios de comunicación, universidades, partidos políticos, espacios de conducción artística y deportiva, por permitir los abusos y crímenes de mujeres con su silencio. Sumemos voces, Ni una Menos.

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