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Opinion

¿Cuándo comete un servidor público un delito electoral?

Benito Abraham Orozco Andrade | Martes 12 Junio 2018 | 00:24 hrs
    En una colaboración anterior se trató lo relativo a los delitos electorales en general, sin embargo, dada la importancia que reviste, considero que es pertinente ser específicos en cuanto a las conductas ilícitas en que pueden incurrir, durante los procesos electorales, quienes laboran en alguna institución pública.

     Efectivamente, no falta el servidor público que por inocencia o por conveniencia, utilizando recursos públicos, se involucra en actividades relacionadas con los procesos electorales. En múltiples ocasiones seguramente lo harán obligados por sus superiores, y en otras tantas, simplemente como sus comparsas.

    Ciertamente, no resulta extraño que alguna persona que trabaja en una institución pública –de cualquier nivel de gobierno- comente que sus jefes la están obligando a participar en actividades a favor o en contra de algún partido político o candidato, ya sea dentro o fuera de su horario de labores, con la amenaza tácita o expresa de perjudicarla en el supuesto de no atender tal exigencia. Idénticas manifestaciones de ilicitud ocurren, en algunos casos, atribuyéndolas a sus respectivos líderes sindicales.

    Por lo anterior, con el propósito de hacer patente cuáles son las conductas que pueden llevar a un servidor público a cometer un delito electoral, en esta ocasión se hará alusión a lo que establece el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, respecto de los mencionados servidores públicos.

“Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo”.

 También señala el artículo 11 antes referido: “III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado; IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización”.

Asimismo, el artículo 5 de la menciona Ley estable que: tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en dicho ordenamiento legal, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

    En tal virtud, cometer un delito electoral deriva en sanciones económicas, de prisión y de inhabilitación, tratándose de servidores públicos. Estamos hablando de asuntos sumamente delicados, y el restarle importancia puede traer graves problemas para el que los comete y para sus familias, ya que al ser recluido en una cárcel, ineludiblemente perderá su empleo e ingreso económico del que seguramente dependen su cónyuge e hijos, además del rechazo social al que muy posiblemente estará expuesto.

    Definitivamente es mejor rechazar esas deshonestas peticiones y denunciarlas inmediatamente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, evitándose momentos –hasta años- desagradables. La experiencia ha demostrado que un sinnúmero de servidores públicos ya han tenido que ser huéspedes de los centros de “readaptación” social (prisiones) por haber cometido algún o algunos delitos electorales.

    En cuanto a esos funcionarios públicos que obligan a sus subalternos a convertirse en delincuentes electorales, espero que estén conscientes de que tarde que temprano les cambiará su suerte, y tendrán que pasar la vergüenza –si es que la tienen-, junto con sus familias, de verse encarcelados e involucrados en un escándalo público. Al tiempo.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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