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Opinion

Desastre ecológico de mina, negligencia de empresa, autoridades y Gobierno del Estado

Editorial | Miércoles 13 Junio 2018 | 00:46 hrs
El desastre ocurrido en la mina Río Tinto, en Urique, donde se reventó la cortina de una presa que contenía lixiviados o líquidos residuales derivados de un proceso de tratamiento de los minerales, ha dejado no solamente cuatro defunciones y la desaparición de varias personas, sino una gran contaminación que ha dañado el entorno ecológico, es consecuencia de la negligencia y falta de previsión de la empresa, cuyos directivos desoyeron la advertencia de sus trabajadores de que había una falla o grieta en la cortina de contención.

Pero también es responsabilidad de las dependencias oficiales encargadas de supervisar la operación de la mina y el cumplimiento de todas las normas de seguridad y de conservación ecológica; así como del Gobierno del Estado, el cual ha sido comparsa de la compañía minera y de las autoridades federales que han tratado de minimizar los daños.

El perjuicio al hábitat ha sido sumamente grave, baste ver las fotografías del cauce que siguieron los líquidos residuales a través de cientos de kilómetros y lo que es peor, ha puesto en riesgo a más de medio millón de personas por el derrame de desechos cuyo contenido ya llegó a la presa Luis Donaldo Colosio, conocida también como “Huites”, en el municipio de Choix, al Norte de Sinaloa, de modo tal que fue necesario cerrar las compuertas, ya que afectaría a los municipios de El Fuerte y Ahome.

Al respecto, la Red Mexicana de Afectados de la Minería (REMA) en un comunicado publicado en su página oficial denunció la negligencia con que se ha tratado el tema por parte de dependencias oficiales como la PROFEPA, SEMARNAT y CONAGUA así como el propio Gobierno del Estado de Chihuahua.

REMA advierte “la presunta red de complicidad entre particulares y dependencias oficiales que han dado 'cobijo' a la minera Río Tinto, asegurando casi de inmediato que 'no hubo contaminación' luego del derrame de la presa de jales ocurrido el pasado 4 de junio y que habría llegado ya a la presa Huites en Sinaloa, poniendo en riesgo a miles de personas y cientos de hectáreas de riego agrícola”.

La actividad minera ha sido una gran fuente de riqueza para un grupo de empresarios nacionales y extranjeros que si bien es verdad ha dado empleo a muchos mexicanos, lugareños que son contratados por las empresas y que si no es por ellas en muchos casos los habitantes de esos poblados continuarían la secuela de migración forzada, sin embargo en múltiples ocasiones las empresas mineras no han respetado el entorno ecológico y han provocado graves daños al medio ambiente donde se instalan, sin que las autoridades actúen de manera enérgica para evitar la destrucción de bosques y la contaminación ambiental.

Este grave incidente en la mina Río Tinto no escapa a la tendencia de las declaraciones oficiales anticipadas, que en automático aseguran que no pasa nada de cuidado, como lo asienta el informe preliminar de la PROFEPA, el cual asegura que no existe cianuro en los desechos de la mina, ni otros metales pesados que causen un daño ecológico o que sean nocivos para la salud en caso de ingerir el agua que está contaminada. En el mismo sentido se pronunció la CONAGUA en un primer momento.

Estos informes apresurados son totalmente irresponsables. Si alguien sigue al pie de la letra esas consideraciones, llegaría a la conclusión de que entonces esa agua contaminada puede ser ingerida sin riesgo alguno.

Afortunadamente esas publicaciones “tranquilizadoras”, no han tenido credibilidad por parte de los habitantes de la zonas afectadas, tanto de Urique como de Sinaloa. El senador sinaloense Francisco Salvador López Brito, quien preside la Comisión de Salud, pidió al gobierno federal un informe preciso sobre el contenido de los ‘jales’; en tanto la empresa minera debe informar también qué tipo de químicos maneja, que pudieran poner en riesgo la salud de los habitantes y el entorno ambiental.

Hoy miércoles López Brito presentará en el Senado de la República un punto de acuerdo a través del cual exigirá a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que informen de manera puntual y precisa sobre el contenido del material de desecho que se esparció tras el desbordamiento de la presa de la mina Río Tinto.

Lo cierto es que ha habido gran hermetismo en la empresa y en las dependencias que deben intervenir en la solución de la problemática; desde un principio no fue dada la información oficial acerca de muertos y desaparecidos y posteriormente en cuanto a la magnitud del daño.

A ocho días del derrumbe, la empresa minera publicó en un comunicado que “el área accidentada se encuentra bajo el control de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de Chihuahua, quien dirige las acciones de búsqueda y rescate; por su parte la Comisión Nacional del Agua coordina las acciones de contención, cuyo objetivo es evitar que los residuos sólidos lleguen al río Fuerte”; aseveraciones que dejan mucho qué desear, porque CONAGUA aún está analizando la calidad del agua de la zona y no ha dado resultados definitivos y por parte de Protección Civil no hay siquiera cifras claras de los decesos y las personas desaparecidas.

Por lo anterior, a medida de prevención, fueron cerradas las compuertas de la presa “Huites”, para evitar que el agua siga su cauce y así permanecerá hasta que se determine con exactitud qué tipo de material fluyó al cuerpo de agua, informó el senador López Brito, toda vez que esta presa sirve para el consumo humano, riego agrícola y para el ganado de tres estados: Sinaloa, Sonora y Chihuahua, por lo que el impacto productivo es muy elevado.

En este contexto, además de las dependencias que no han cumplido con su deber de supervisar y exigir a la empresa la aplicación de medidas de seguridad laboral y ambiental, hay que ubicar este desastre dentro de las consecuencias de la grave omisión del gobierno estatal, de brindar seguridad y abandonar en esta región el combate al crimen organizado. Incluso hubo reporteros que no pudieron llegar al sitio de la mina porque los retenes del crimen organizado les impidieron el paso.

En este panorama es necesario que la sociedad, sobre todo los habitantes que habitan cerca de los cuerpos de agua afectados, exijan al Congreso del Estado y a las demás autoridades responsables, informes fidedignos de lo riesgos para la salud y el medio ambiente; además, que la empresa sea sancionada de acuerdo con la ley.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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