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Opinion

El de Corral, un gobierno insensible; conflicto por cobro en caseta y camiones urbanos, dos ejemplos claros

Editorial | Miércoles 11 Julio 2018 | 00:28 hrs
La incapacidad del gobierno estatal para resolver el conflicto con los pobladores del ejido Sacramento, por su negativa al pago en la caseta de peaje ubicada a la salida norte de la ciudad y el abuso de los camioneros al imponer tarifas de nueve pesos en casi la totalidad de las antes llamadas rutas alimentadoras, refleja la insensibilidad de los funcionarios hacia los problemas más sentidos de los habitantes, especialmente de los más necesitados.

En el discurso inaugural de su administración, el gobernador Corral ofreció atender prioritariamente las necesidades más urgentes, en este caso se pueden ubicar tanto la población usuaria del transporte urbano que cada vez tiene que pagar más por un mal servicio, así como los ejidatarios referidos que no tienen por qué pagar para llegar a sus casas cuando viajan a la capital.

Corral enfatizó en ese primer mensaje como mandatario: “En la campaña y en la etapa posterior me he comprometido orientar la acción gubernamental a favor de los que menos tienen que sea un gobierno de opción para los pobres. Así lo haré, les pido a mis colaboradores que toda acción y programa público ponga en prelación primera a los que necesitan apoyo”.

Los hechos contradicen tal prelación, pues en en el caso de la caseta de peaje, en vez de obrar con prudencia y eficacia administrativa, su gobierno ha optado por la represión, cuando los lugareños con razón buscan alternativas para llegar a sus casas sin tener que pagar.

No es el caso defender la ilegalidad de las carreteras de cuota como un mecanismo que violenta la libertad de tránsito. Desde la perspectiva del derecho hay elementos suficientes para demostrar que el cobro en esas vías tienen fundamento jurídico, lo cual no es materia de este breve análisis.

Lo que está en cuestión es la forma tan absurda que la administración estatal ha desatado un conflicto en donde durante 30 años no lo hubo, ya que existía un convenio firmado en 1988, que garantizaba el paso libre a los habitantes de los ejidos y tasa preferencial en el pago de la caseta de peaje, con el cual, según los ejidatarios, ha incumplido la actual administración estatal.

Luego de los primeros desacuerdos entre gobierno y ejidatarios se había tomado la decisión por ambas partes de elaborar un censo para colocar engomados a quienes tenían derecho de pasar con exensión o rebaja de cuota; sin embargo ese procedimiento se suspendió repentinamente y los ejidatarios abrieron una brecha para para exigir que les entregaran la totalidad de los engomados.

La razón de tal suspensión, según el secretario general de gobierno, César Jáuregui Robles, fue que existieron “abusos” en el censo que los mismos pobladores hicieron, pues comenzaron a meter en el padrón para la entrega de las tarjetas con descuento a habitantes que no eran del lugar o que no cumplían con los requisitos que la Secretaría de Hacienda estipuló.

De ser cierta la consideración de Jáuregui, el gobierno estaría en razón de no otorgar las tarjetas a quienes no cumplían requisitos; bastaba que los funcionarios encargados de los trámites realizaran su labor con pertinencia; pero esa cualidad no es propia de los funcionarios medios de esta burocracia estatal.

Se requería que en las entrevistas con los aspirantes al carnet o tarjeta de rebaja les dijeran quién sí y quién no y realizaran visitas de campo; pero tal parece que eso no se hizo adecuadamente y optaron por la vía del enfrentamiento. Gobernación suspende la entrega de tarjetas, los ejidatarios reaccionan, abren la brecha, el gobierno pone muros de concreto y barras en esas brechas, los ejidatarios los quitan e interviene la fuerza pública; hay detenidos que luego son liberados, pero aún no hay acuerdo.

Al respecto el director de Gobernación del Estado, Joel Gallegos, anunció que habrá una reunión de funcionarios estatales para analizar cómo llegar a una solución en el caso de los vecinos de la caseta de Sacramento, pero recalcó que por ningún motivo se permitirá que se violente le legalidad.

Es indispensable que en esa reunión haya representación de los ejidatarios para que en verdad se tomen acuerdos, toda vez que los ejidatarios constituidos en lo que denominaron Asamblea Popular Comunitaria, en un comunicado aseguraron que la autoridad incumplió el convenio que realizaron un par de meses atrás, en el cual les entregarían un engomado para el costo nulo de la caseta a todo aquel que formara parte de un padrón previamente validado por la autoridad competente, encabezada en ese momento por Martín Solís.

Lo que deja en claro este episodio es la incapacidad del gobierno estatal para resolver conflictos; su insensibilidad y falta de tacto y oficio político son manifiestos.

El otro problema, el del transporte público en esta capital, cuya atención corresponde también a Joel Gallegos, en vez de avisorar soluciones, se torna más complejo, pues a pesar del incumplimiento de los concesionarios del compromiso de renovar todas las unidades, la gran mayoría cobra nueve pesos por llevar a los pasajeros al centro de la ciudad o hacia algún punto de la ruta troncal.

Esta determinación tomada de manera unilateral por los concesionarios ha llevado al extremo de que cada persona que se traslade de su casa al centro o a su trabajo, y para ello utilice dos camiones, el de la ruta alimentadora y el de la troncal, paga por ida y vuelta 32 pesos, 18 de rutas alimentadoras y 14 de troncales; si en una familia son dos personas que hagan el mismo gasto son 64 pesos y si son tres serán 96 pesos al día en transporte. Es inaceptable.

Para que tres personas de una familia se trasladen en un día, una de ellas debe gastar en eso un salario diario, y lo peor es que las rutas están diseñadas para emplear mínimo dos autobuses, si no es que tres, para llegar a un destino medianamente retirado.

Lo dicho, el pulpo camionero sigue haciendo lo que quiere con el Gobierno del Estado y los que sufren son los usuarios.

Esos son los problemas que revelan la falta de sensibilidad de las autoridades, aquí hay que ponerle nombres: Joel Gallegos de Gobernación del Estado y su jefe inmediato, el gobernador Javier Corral.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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