En todas las ocasiones en que importantes intelectuales, académicos y políticos tanto mexicanos como del extranjero han manejado la tesis de que en este país la aplicación de la ley es letra muerta y de que en muchos aspectos y en ciertas zonas de México se viven situaciones que pudieran ser consideradas como un Estado fallido, inmediatamente las autoridades refutan tales aseveraciones considerándolas arbitrarias y excesivas.
Sin embargo cuando se empieza a hacer un recuento de todos los penosos incidentes y las delicadas situaciones que se han suscitado en muchas partes de la República Mexicana de un tiempo a la fecha, se hace necesario reconsiderar la postura de aquellos que creen que aquí sí se vive en un Estado fallido o por lo menos en vías de serlo. Y es que luego de observar una y otra vez las imágenes que captaron lo que ocurrió en la zona de Los Altos de Jalisco, donde queda muy clara la participación de la autoridad de Seguridad Pública Municipal de Lagos de Moreno en hechos que pudieran ser considerados como graves delitos.
Dichas imágenes muestran cómo uniformados llegan a un hotel y preguntan por unas personas, una vez que las ubican, permiten que un comando de civiles lleve a cabo la detención de tres sujetos, quienes unas cuantas horas después aparecen torturados y sin vida dentro de un vehículo en la misma zona. Por lo que se observa en ese difundido video, resulta innegable la participación de varios elementos de una corporación oficial, así como de sus superiores en la captura y entrega de estos sujetos a miembros del crimen organizado.
Desafortunadamente estas imágenes que fueron grabadas oportunamente, son parte de una realidad que se vive todos los días en muchas partes de México y que para mala fortuna de muchos no son grabadas por ninguna cámara. Una situación que se vuelve recurrente, que crece cada día alimentada por una impunidad incontrolable que alienta a seguir cometiendo delitos en contra los indefensos ciudadanos que se encuentran impactados  ante tanta violencia.
De igual manera cuando el término pena capital se pone en la mesa del debate nacional, surgen voces dentro de las esferas gubernamentales que llaman radicales y retrógradas a quienes consideran esta posibilidad de castigo como una alternativa para disminuir la violencia del ambiente tan complicado en el que viven los mexicanos. Sin embargo son esas mismas autoridades las que justifican tantos asesinatos argumentando que se trata de personas relacionadas con la delincuencia y que perdieron la vida por dedicarse a esas actividades. Reconociendo con sus afirmaciones que existe una pena de muerte de facto en muchas regiones del país.
Y esa es otra grave omisión de las autoridades, de que por el hecho que aparentemente se trata de crímenes relacionados con las organizaciones delincuenciales ya no se investiguen. La mayor parte de los 60 mil muertos de los que se habla, frecuentemente representan una cantidad igual de expedientes que no han sido debidamente revisados ni mucho menos resueltos. Todo esto en contra del Estado de derecho.
Se defiende hasta el cansancio la tesis de que México no es un Estado fallido, pero muchos de los argumentos caen estrepitosamente conforme se da a conocer que descubren una vergonzosa cantidad de fosas con centenares de cadáveres apilados que previamente fueron mutilados;  y se vuelven a caer cuando se ven  la imágenes de decenas de cuerpos torturados que son arrojados a plena luz del día en transitadas avenidas de importantes ciudades;  se caen también cuando aparecen sujetos sin cabeza o colgados  en puentes de grandes metrópolis enviando macabros mensajes a los rivales, o cuando se ve la clara participación y complicidad de la autoridad con los criminales como en caso de Jalisco.  
Desde hace varios años se defiende con mucho ahínco esta guerra en contra del crimen organizado; sin embargo cuando se da a conocer la recomposición del mapa de los territorios que controlan los diferentes cárteles inevitablemente surge de manera colectiva la pregunta respecto de que entonces qué es lo que realmente se ha estado haciendo por parte de las autoridades en esta materia.  
Es tiempo de reconocer que algo no anda bien en cuanto a la aplicación del estado de derecho en el territorio nacional. Ya es hora de que en México a las cosas se les diga por su nombre, porque en este país hay cosas, personas y organizaciones intocables. En un lapso de 12 años hay 82 periodistas asesinados con total impunidad y hay zonas donde la autoridad no puede entrar y delincuentes a los que no se les puede atrapar.  
Se niega que se viva en un Estado fallido sin embargo muchas situaciones apuntan a lo contrario. Para convencer, las tres instancias de gobierno deben primero cumplir con su principal responsabilidad que es proveer de seguridad a sus gobernados, un pacto que no ha podido cumplirse desde hace mucho tiempo. También, hay más de 60 mil expedientes en todo el país que, no importa de quiénes sean, cuanto antes se deben resolver para retomar el estado de derecho. Por lo pronto hay que dejar de lado las simulaciones, las hipocresías y aplicar la ley.