Resulta absurdo que dos menores que asesinaron a cinco personas en el transcurso de las recientes semanas y que al ser capturados estaban en posesión de armas de alto poder, cargadores y cartuchos, además de estar involucrados en robos de autos, vayan a recibir como pena máxima 15 años de cárcel.
En efecto, esto es lo que alcanzarían dos presuntos sicarios detenidos el pasado viernes al ser juzgados y encontrados culpables, porque se trata de dos menores de edad, quienes acogidos a la Ley de Justicia Especial para Menores Infractores del Estado de Chihuahua, no pueden pasar más tiempo en un reclusorio.
La fracción 1 del artículo 102 de esa ley establece que la Medida Sancionadora Privativa de la Libertad, aplicable a los adolescentes infractores será: “De seis meses a diez años, cuando tengan entre 14 años cumplidos y menos de 16 años” y fracción II,  “De seis meses a quince años, cuando tengan entre 16 años cumplidos y menos de 18 años”.
Agrega la ley que en caso de concurso de delitos se impondrá la sanción correspondiente a la conducta que merezca la mayor penalidad, la que podrá aumentarse hasta por el mínimo de la sanción que corresponda a cada una de las conductas ejecutadas, sin que exceda de quince años.
En otras circunstancias, lo más probable es que la acumulación de penas les llevara hasta más de cien años de cárcel, como ocurre en casos similares, cuando los delitos son cometidos por adultos. Pero en esta ocasión uno de ellos cumplirá la mayoría de edad el próximo 7 de julio y el otro el 27 de noviembre; es decir, que al cumplir la pena máxima a la que se les puede sentenciar, saldrían a los 33 años, si no es que por algún motivo logran su preliberación y salen antes.
Estos casos, que cada vez se presentan con mayor frecuencia, son los que no encuadran en el marco que la Ley de Justicia para Adolescentes que está en vigor. La diferencia que en uno de los casos es de tres semanas para cumplir los 18 años no puede ser el criterio para eximirlos de un tratamiento penal que se aplica a quienes cometen delitos mayores y que además lo más probable es que estén relacionados con el crimen organizado.
Es necesario que los tres poderes del Estado reconsideren esta normatividad, porque no se ajusta a la realidad de una sociedad agraviada que reclama justicia.
Hay que advertir que no se trata de posturas vengativas: simplemente que las medidas que han tomado las autoridades no responden a la preocupante realidad que vive Chihuahua, que es el estado en donde un mayor número de niños y adolescentes son invitados a unirse a grupos criminales. Así lo revelan los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2012 del Instituto Federal Electoral.
De 2 millones 491 mil 361 menores de entre 6 y 15 años de edad entrevistados en todo el territorio nacional que manifestaron haber recibido alguna invitación para trabajar en organizaciones criminales, el 17.8% habita en Chihuahua, 13.6% en Baja California, 12.5% en Quintana Roo y 12.35% en Durango; entidades que encabezan la lista.
Ya lo habíamos advertido en este mismo espacio: si la problemática de los menores delincuentes no es atendida adecuadamente, los centros de reclusión para estos infractores se convertirán en bombas de tiempo que pueden explotar en breve.
Se ha dicho por los especialistas que poner presos a los menores equivale únicamente a  colocarlos en la escuela del delito y que la cárcel no es solución: que sólo serviría para casos extremos de una sociedad enferma.
La pregunta es si Chihuahua, como muchos otros estados de la República, no se encuentran ya en los linderos de esa patología social. Por supuesto que sí. Indudablemente que las medidas coercitivas no son lo más deseable. Es verdad que hay que ir a las causas de estos fenómenos atípicos como son los adolescentes que ni estudian ni trabajan y son captados por el crimen organizado.
Cierto es que la sociedad provoca que estos jóvenes vivan en la marginalidad, la pobreza, la falta de trabajo, los bajos índices de educación, amén de otros factores que dan a una gran parte de la población una muy baja calidad de vida. Por esto, se requieren soluciones inmediatas y no medidas a mediano o largo plazo. No es viable que por ser adolescentes que cometen homicidios, extorsiones y se ocupan como sicarios, gocen de los privilegios de los menores de edad: que estén unos años en la cárcel y salgan de ahí aún jóvenes, de nuevo a cometer más delitos.
Mientras no mejoren las circunstancias que los llevan a esa vida se impone necesariamente el castigo y que si delinquen como adultos, que sean juzgados como tales.