Ciudad Juárez.- La explosión del carro-bomba hace dos años no sólo causó dolor a las familias de las víctimas que ahí fueron asesinadas, también sumió en la tragedia a los seres queridos de Noé Fuentes Chavira, el joven que fue detenido de manera ilegal y torturado para obligarlo a que se responsabilizara del atentado y otros delitos.
La misma suerte corrieron las familias de sus tres amigos de la infancia y un vecino, quienes junto con Noé fueron detenidos por la Policía Federal 27 días después de la explosión del primer carro-bomba que detonaba en el país en el marco de la guerra contra el crimen organizado.
Aunque Rogelio Amaya Martínez, Ricardo Fernández Lomelí y los hermanos Víctor y Gustavo Martínez Rentería no fueron culpados de participar en la explosión del carro que dejó un saldo de tres personas muertas y 11 lesionadas, sí fueron vinculados con “La Línea”, grupo al que se le atribuyó el atentado.
A los cinco hombres detenidos el 11 de agosto de 2010 les imputaron el asesinato de dos policías federales que cuatro días antes habían aparecido desmembrados, así como varios secuestros, extorsiones, robos y hasta el abuso sexual de una menor de edad.
Al menos así lo manifestó Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), durante la presentación de los imputados a los medios de comunicación en la Ciudad de México.

Desilusionan autoridades a familias, pero continúan en espera de justicia

Al dar lectura al comunicado de prensa emitido a partir de la detención, Cárdenas Palomino agregó que Noé declaró haber participado como informante al servicio de “La Línea” en el atentado con explosivos en contra de la Policía Federal, ocurrido el 15 de julio.
“La detención de estos sujetos se derivó de reportes de inteligencia del apoyo de la sociedad”, sostuvo el funcionario federal de primer nivel ante los medios de comunicación el 13 de agosto de 2010.
“Al consultar la base de datos del centro de inteligencia de la Policía Federal se pudo conocer que los presuntos integrantes de ‘La Línea’ son investigados por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión, violación agravada, amenazas y robo”, agregó
Posteriormente, la Policía Federal distribuyó a los medios de comunicación un video en el que Noé narraba su supuesta participación en la detonación ocurrida a unas cuadras del Centro Histórico de la ciudad.
En el interrogatorio videograbado, Noé comenta a grandes rasgos lo ocurrido esa tarde del 15 de julio y, a pregunta expresa de una mujer, manifiesta que se decidió explotar el vehículo por la tarde para que fuera difundido ampliamente en los noticieros.
En otro video distribuido por la misma corporación, Rogelio asegura que el Cártel de los Carrillo Fuente recluta mujeres jóvenes y bonitas para entrenarlas como sicarias.
Todas estas afirmaciones, según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las obtuvieron a base de tortura física y psicológica infligida en contra de los cinco detenidos, a quienes les encontraron diversas huellas y lesiones, así como estrés postraumático, depresión y ansiedad severa a consecuencia de la violencia empleada por policías federales.
Así consta en la recomendación 75/2011 emitida por la CNDH el 8 de diciembre de 2011 a Genaro García Luna, titular de la SSPF, en la que le pidieron reparar el daño a las víctimas, proporcionándoles tratamiento médico y psicológico; además de que imparta a los elementos de la Policía Federal un programa de capacitación en materia de derechos humanos.
Además, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte que lleva el caso y familiares de los jóvenes, uno de los detenidos fue abusado sexualmente y a todos los sometieron con golpes, asfixia con bolsas de plástico, ahogamiento, amenazas de muerte, toques eléctricos, arrastrados con automóvil, patadas, insultos y amagos con pistolas con el fin de que aceptaran los delitos referidos.
Mientras que en un expediente abierto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) consta que la detención de los jóvenes se llevó a cabo de manera irregular, porque más de una docena de vecinos fueron testigos de los hechos registrados en la colonia Praderas de la Sierra.
Sin embargo, luego de exhibirlos públicamente como presuntos responsables del atentado con el carro-bomba y otros delitos, ponerlos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) que los mantuvo bajo arraigo 80 días, los jóvenes fueron consignados por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de mariguana que supuestamente les encontraron al ser detenidos, pero no les imputaron los cargos de inicio.
Por lo que ahora, a casi dos años de la detención, los jóvenes se encuentran recluidos en penales federales –tres en Veracruz y dos en Tepic, Nayarit–, en espera de ser sentenciados por los delitos que, sus familiares y testigos aseguran nunca cometieron y hasta les fueron sembrados.
“Nosotros lo único que queremos que se sepa es que ellos son inocentes, asegurarles a las familias de las personas que murieron por el carro-bomba que ellos no fueron, que nada tuvieron que ver, que entendemos su dolor, pero ellos son inocentes”, afirmaron familiares de algunos de los imputados que por temor a represalias pidieron el anonimato.
Las familias narraron que tras la detención de sus hijos y esposos no sólo tuvieron que abandonar sus casas por temor a ser lastimados, sino que vendieron todos sus bienes para solventar los gastos del traslado a la Ciudad de México para visitarlos durante el arraigo y ahora a los penales federales donde se encuentran detenidos.
“Yo prácticamente me fui de la ciudad para estar con mi hijo, no lo puedo dejar solo porque es inocente, pero aún si fuera culpable no lo dejaría porque es mi hijo, pero es inocente y estoy con él porque le hicieron mucho daño”, contó la madre de uno de los jóvenes.
Mientras que la esposa de otro dijo que aunque se sienten impotentes, desilusionados e incrédulos de las autoridades mexicanas y un gran dolor por el daño causado a ellos y sus familias, sólo esperan justicia.
“Justicia es que ya hubieran salido, pero no sabemos cuándo va a terminar esto porque los policías federales que los arrestaron no se presentan a los careos, pero aún así tenemos la esperanza de que los liberen y nos dejen vivir en paz para rehacer nuestras vidas”, expresó.