Distrito Federal.- Empleados del Instituto de Control Vehicular (ICV) son sometidos a controles de confianza para descartar posibles vínculos con bandas de la delincuencia organizada, tras el robo de 175 mil 508 placas para unidades móviles.

 En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Domene Zambrano, recién nombrado director de Comunicación Social del gobierno de Nuevo León, confirmó que hasta el momento 80 trabajadores han sido sometidos a las pruebas de confianza, entre ellos 22 delegados, más cuatro empleados de cada área.

 Autoridades no han descartado que las láminas hayan sido utilizadas en unidades robadas y vendidas, o en uso de miembros de la delincuencia organizada.

 Una fuente de la Policía Ministerial especializada en robo reveló que este plagio de láminas fue en una operación “hormiga” que duró varios meses y debió haber estado bien planeada entre una red del personal.

 Los miles de juegos de placas robados provocaron un quebranto al erario por 33 millones de pesos, detectado entre junio y julio pasado. Esto ocasionó que el titular del ICV, Pedro Morales Somohano, fuera despedido y dos funcionarios estén arraigados.

 “(Con los resultados de las pruebas de control de confianza), los cuales en un lapso de 15 a 20 días estarán ya concluidos, se podrá determinar el grado de participación”, dijo.

 Por su parte, el secretario de Gobierno, Álvaro Ibarra, confirmó que Pedro Morales será citado a futuro para comparecer ante la Procuraduría de Justicia para que declare acerca de la desaparición de las láminas. Sostuvo que la investigación tiene una avance importante, por lo que no descarta que más funcionarios estén implicados. “De parte de la Procuraduría no tengo ninguna duda que va a tener que ser así”, informó.

 Ibarra reveló que los resultados de esta investigación y los exámenes de confianza se darán a conocer cuando la Procuraduría así lo determine.

 El procurador Adrián de la Garza no descartó que Morales fuera arraigado por la Procuraduría en torno a este escándalo del robo de placas. “Vamos a investigar seriamente; obviamente hay tiempos legales”.

 Israel Carrillo Herrera, quien se desempeñaba como coordinador administrativo del ICV, y Édgar Eduardo Contreras Silva, coordinador de operaciones, están arraigados por la Procuraduría de Justicia estatal, y dos personas más de las que no se ha revelado su nombre. Un tercer implicado está prófugo, de nombre Santiago Adrián González López.

 Piden castigar a responsables

Representantes de organismos empresariales exigieron al gobierno del estado que se actúe penalmente contra los responsables del tráfico de juegos de placas. “Queremos, exigimos y demandamos que después de esta auditoría haya consecuencias, que se vaya hasta las últimas consecuencias”, dijo José Mario Garza, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Nuevo León.

 Miguel Treviño de Hoyos, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, añadió que es necesario que la autoridad dé a conocer el número de serie de las láminas apócrifas a fin de que la ciudadanía sepa cuáles son ilegales.

 El pasado 10 de julio, Pedro Morales renunció al cargo de director del ICV tras revelarse el faltante de los 175 mil juegos de placas. Éstas estaban en una bodega del instituto ubicada en la calle Antonio Garza Elizondo, en la Colonia Reforma, a unos metros del cuartel de Seguridad Pública del Estado.