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Estado

Analiza Suprema Corte caso de Sergio Adrián

El Diario de Juárez | Lunes 20 Febrero 2017 | 13:04 hrs

El Diario de Juárez |

Ciudad Juárez.- La pistola se accionó en Estados Unidos. La bala se detuvo a 18 metros (60 pies) en México − de manera trágica., en la cabeza de un menor de 15 años, Sergio Adrián Hernándes Güereca, escribió The Washington Post.



Ese día de hace seis años el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Meza Jr. Movió el gatillo en el amplio canal de concreto que separa a El Paso de Ciudad Juárez. Este martes, la Suprema Corte analizará si la Constitución otorga a los padres de Hernández el derecho a demandar en los juzgados de Estados Unidos a Mesa por matar a su hijo.



El caso se da en un momento de tensión en aumento y de polémica en torno a la forma en que este país vigila el revuelo cotidiano a lo largo de la frontera, donde comercio internacional esencial tiene lugar junto al tráfico de estupefacientes y de personas.



Los tribunales han tenido dificultades para abordar las implicaciones del caso para la seguridad nacional y las políticas de relaciones exteriores, así como los precedentes de la Suprema Corte.



Si Hernández hubiera sido asesinado en el interior de Estados Unidos, entonces el caso podría proceder. O si hubiera sido ciudadano estadounidense, no hubiera importado que Mesa estuviera en un lado de la frontera y él en el otro.



Pero hasta ahora los juzgados han señalado que la Constitución no se aplica más allá de la frontera –ni siquiera 18 metros− para brindar derechos a quienes no tenían lazos previos con Estados Unidos.



Determinar lo contrario, escribió la magistrada Edith H. Jones cuando el Tribunal de Apelaciones del V Circuito Federal consideró el asunto, “ampliaría de manera asombrosa la autoridad de algún juzgado federal… y tendría consecuencias seriamente adversas para las relaciones exteriores estadounidenses”.



Pero los abogados de los padres sostienen que debe existir algún recurso por matar a un adolescente desarmado que jugaba con sus amigos. Poniendo alto al caso aun antes de ser procesado, alegan por escrito que la Suprema Corte crea “una tierra de nadie en la cual los agentes federales pueden matar impunemente civiles inocentes”.



“Esta corte debe dejar claro que nuestra frontera no es un encendedor donde se prenden y se apagan las protecciones más fundamentales de nuestra Constitución”.



Se han registrado más de 40 muertes provocadas por agentes de la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con una investigación del Arizona Republic mencionada en el documento de los padres de Hernández. Su abogado, el litigante de Corpus Christi, Texas, Ribert C. Hilliard, dijo haber 10 balaceras trasfronterizas, con 10 muertos.



El deceso de Hernández atrajo más que los encabezados comunes, en parte debido a la edad den él y en parte porque los videos del incidente tomados con celular contradijeron las explicaciones iniciales de la Patrulla Fronteriza.



La corporación señaló que unos menores estaban arrojándole a Mesa  piedras desde el otro lado del canal del río Bravo cuando el agente intentaba frustrar un intento de ingresar a Estados Unidos. 



Pero en los videos se aprecia a Hernández y otros jugando aparentemente a subir la empinada orilla de concreto, tocar al alta malla del lado estadounidense y correr de regreso a México. En  el video, Mesa, quien patrullaba en bicicleta el lugar, sujetó a uno de los menores. Sin soltar a éste, disparó en dirección a Hernández. El disparo fatal ocurrió cuando Hernández se asomó desde detrás de un pilar en el Puente Paso del Norte que une a ambos países.



En las investigaciones estadounidenses se determinó no existir bases para levantar cargos o tomar medidas disciplinarias contra Mesa. En México el agente fue acusado de un cargo de homicidio, pero Estados Unidos se negó a extraditarlo.



El abogado de Mesa, Randolph J. Ortega, cuestiona la versión de los eventos descrita en la demanda familiar. Pero para las diligencias ante la Suprema Corte, los magistrados aceptarán las alegaciones contra Mesa al analizar si los juzgados de Estados Unidos pueden atraer el caso.



Ambos bandos aseguran haber precedentes que los apoyen mientras el tribunal superior considera si los derechos constitucionales se aplican a alguien que no sea ciudadano del país en un suceso registrado en el exterior.



En el caso de 1990 Estados Unidos v. Berdugo-Urquidez, la corte decidió que la Constitución no protege más allá de la frontera a no ciudadanos de la prohibición de registros e incautaciones poco razonables por parte de agentes federales.



Pero en un caso del 2008, Boumediene v. Bush, en torno a los derechos de los detenidos en Guantánamo, el tribunal superior asumió lo que se denomina un enfoque “funcional” sobre los temas fronterizos. Manifestó que deben contemplarse la totalidad de las circunstancias, no sólo la ubicación. 



En ambos casos resultó crucial el magistrado Anthony M. Kennedy. Kennedy redactó la opinión mayoritaria en el Boumediene y escribió una opinión de acuerdo en el caso Verdugo-Urquidez que aportó el voto decisivo.



El gobierno federal está respaldando a Mesa. “Por definición, la herida que Estados Unidos provoque a un ciudadano extranjero en territorio soberano de otro país constituye un incidente con implicaciones internacionales., señaló el Gobierno por escrito. Los tribunales no deben inmiscuirse en “dichos asuntos delicados”.



Pero México está exhortando a la Suprema Corte a tomar cartas, diciendo que los fallos de los juzgados de menor instancia “no tuvieron la debida consideración respecto a las obligaciones internacionales para con los derechos humanos que Estados Unidos ha asumido en forma voluntaria con México y los ciudadanos de este país”.



El documento continúa: “incluyen , entre otras cosas, el derecho fundamental a no ser privado de manera arbitraria de la vida y el derecho a un recurso adecuado cuando dicho derecho ha sido violado”.



Hilliard, el abogado de los padres de Hernández, señaló que el renovado compromiso nacional por proteger las fronteras y la mayor militarización de la Patrulla Fronteriza significa que se registrarán más casos similares. El Tribunal de Apelaciones del IX Circuito Federal ha manifestado la posibilidad de que procedan otros casos de tiroteos transfronterizos, teniendo varios a la espera de las diligencias en la Suprema Corte.



Los intentos por traer a Washington a la madre de Hernández para la audiencia de mañana resultaron infructuosos. Ortega ha anunciado que su cliente tampoco acudirá y que Mesa no ha asistido a ninguna diligencia en los juzgados de menor instancia.



Mesa ha seguido trabajando como agente fronterizo pero se ha mudado de El Paso debido a amenazas de muerte, dijo Ortega. “Quiere saber lo menos posible” acerca de las batallas legales por sus actos, añadió el abogado.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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