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Estado

Fallas apagan videovigilancia en las calles

Luz del Carmen Sosa/El Diario | Jueves 27 Abril 2017 | 08:35 hrs

El Diario de Juárez |

Ciudad Juárez.- Seis de cada 10 cámaras de videovigilancia instaladas en las calles de la ciudad están sin operar.



El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, informó que de un total de 280, sólo 176 funcionan, el resto presentan fallas.



A 13 años de que se activara el primer sistema de videovigilancia y pese a inversiones que en conjunto ascienden los 200 millones de pesos, ninguna administración ha logrado operar al 100 por ciento el equipo, arrojan datos periodísticos.



Y aunque el Gobierno Municipal informó que se tiene contemplada la adquisición de más cámaras para la ciudad, aclaró que de momento carece de un proyecto definitivo.



Las cámaras son operadas desde el Centro de Respuesta Inmediata (CERI) y son propiedad del Gobierno Municipal.



Para su mantenimiento, la SSPM creó en la pasada administración municipal un equipo especializado conformado por los propios agentes con especialidad en Informática, Mecatrónica y Sistemas Computacionales, dijo el secretario.



Si el personal no puede resolver el problema técnico, entonces se contrata a empresas que ofrecen este servicio”, agregó el servidor público.



En la ciudad hay equipo de monitoreo propiedad de la Fiscalía General del Estado (FGE), además del equipo de la SSPM, sin embargo, los ciudadanos pueden observar que en cruceros importantes el equipo está inservible.



En el 2015 la FGE logró instalar 115 cámaras nuevas –a un costo aproximado de 250 mil pesos cada una–, adicionalmente reparó 35 de las 285 que ya existían y que se han reducido a 280. 



El archivo periodístico establece que el sistema de videovigilancia le ha representado a la ciudad una inversión estimada en los 240 millones de pesos sólo tomando en cuenta los gastos hechos por el Gobierno municipal.



La Fiscalía no entregó información sobre la situación actual de las cámaras que opera.



El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, dijo que el actual equipo que funciona ha dado resultados, principalmente en el combate al robo de vehículos.



Parte de las estrategias en el combate al delito que las corporaciones están instrumentando es aumentar la vigilancia, por lo que junto con el helicóptero, la videovigilancia y el patrullaje terrestre, pretenden dar una mayor seguridad.



Sin embargo, el helicóptero no ha logrado sobrevolar a diario, una tercera parte de las cámaras en la ciudad no sirve y un alto porcentaje de las unidades vehiculares están fuera de servicio por fallas mecánicas.



Una historia sin fin



Fue en marzo del 2004, cuando el entonces alcalde Jesús Alfredo Delgado Muñoz, destinó 8 millones 560 mil pesos sólo para la compra de 60 cámaras de video que serían operadas desde las instalaciones del Centro de Control de Atención y Respuesta Inmediata 060 (Cecari).



El edil panista autorizó el gasto de 30 millones de pesos para incluir la puesta en funcionamiento del Cecari 060 y la instalación de las cámaras de video.



Este sistema operaría con varios dispositivos colocados estratégicamente por toda la ciudad: 12 en la Zona Centro, 14 en el Pronaf, 14 en la Zona Poniente y 20 más en el surponiente y en la Zona Dorada.



El proyecto fue relegado por la primera administración que encabezó Héctor Murguía y por el Gobierno estatal de José Reyes Baeza. Un año después –septiembre de 2005–, las cámaras dejaron de operar en su totalidad.



En lugar de reparar el sistema, el Gobierno municipal 2004-2007 cedió la administración del mismo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Entonces surgió el segundo proyecto de vigilancia remota que incluía la reparación de las cámaras existentes y la instalación adicional de 10 más; en ese contexto, la administración de Reyes Baeza anunció la creación de su propio Centro de Mando que operó desde las instalaciones del Centro de Inteligencia Policial (Cipol).



Raúl Grajeda Domínguez, titular de la SSPE, entonces de nueva creación, anunció en el 2005 la inversión de 19 millones de pesos para la rehabilitación de los 60 aparatos y la adquisición de otras 10 cámaras, para alcanzar 70 cámaras, ubicadas en las zonas de alto índice de homicidios y desapariciones de mujeres, según las autoridades estatales.



En noviembre de ese año, ocho de esos equipos fueron derribados de forma intencional por integrantes de la delincuencia organizada.



Cuatro años estuvo el Estado a cargo del sistema de monitoreo urbano.



Para 2009, cuando Ciudad Juárez atravesaba por la peor crisis de seguridad pública en su historia reciente, la Policía Federal asumió la responsabilidad total del CERI 066.



Entonces el Gobierno federal instrumentó el Operativo Conjunto Chihuahua.



El 12 de mayo de 2009, el entonces alcalde José Reyes Ferriz hizo público que operaban en la ciudad 280 cámaras, de un total de 2 mil que, según él, serían instaladas y las imágenes serían seguidas desde el Centro de Mando en el Distrito Federal y luego en el CERI de Ciudad Juárez.



A partir de entonces inició la instalación de cámaras de video digitales cuya inversión fue de 200 millones de pesos, tomando en cuenta, además del equipo, los costos de instalación y operación del sistema.



Entre los compromisos que hizo el Gobierno federal con Juárez, a través del Operativo Conjunto Chihuahua, estaba que la administración municipal debería instalar un puesto de control con capacidad para monitorear 2 mil cámaras ubicadas en lugares estratégicos que se acordarían con la SSPF, que el sistema entrara en operación a más tardar en seis meses, lo que nunca se cumplió.



Para julio de ese mismo año habían instalado 100 cámaras. A finales de agosto ya eran 284 las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, pero de esas sólo 94 enviaban imágenes al CERI de esta frontera. En febrero del 2014 arrancó un cuarto esquema de monitoreo con una inversión superior a los 118 millones de pesos por parte de la FGE con recursos de la federación e Iniciativa Mérida y que no logró concretarse, según los últimos datos aportados por los especialistas de esta Fiscalía.

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