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Estado

Austeridad, compromiso del gobierno sin cumplir

Orlando Chávez/El Diario | Viernes 20 Julio 2018 | 07:33 hrs

Archivo/El Diario |

Chihuahua.- El 17 de enero de 2017, el gobernador Javier Corral presentó ante los medios de comunicación y a la opinión pública, una serie de puntos que según destacó enmarcarían su plan de austeridad como una nueva forma de dirigir la administración, generar ahorros y subsanar las finanzas estatales. A 18 meses de ese anuncio, la mayoría de los rubros se aplicaron a medias o simplemente no se cumplieron.

Apenas la semana pasada, Corral Jurado declaró que su plan de austeridad era de avanzada y abarcaba más que lo anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de reunirse con los gobernadores para darles línea sobre su política presupuestal.

No obstante, al analizar el plan propuesto por el mandatario estatal y lo que se ha llevado a la práctica resulta que el avance se quedó corto.

Para empezar, el acuerdo exponía que era de observancia obligatoria para las y los servidores públicos de las dependencias y entidades. Mientras que en otro punto, se establecía la responsabilidad de los titulares de las dependencias de aplicarlos. Adicionalmente, señalaba que “la Secretaría de Hacienda puede recortar o ajustar presupuestos”.

Por otra parte, se obligaba a que todos los gastos estuvieran dentro de presupuesto”, ya que el quinto indicaba que de no estar presupuestado un gasto, la Dirección de Egresos no lo pagaría.

Asimismo, se ordenaba la venta de la Casa de Gobierno y la oficina alterna del gobernador del Estado, ambos inmuebles ubicados en la avenida Zarco número 2601 y 2603, de la colonia Zarco en esta ciudad, con una superficie de terreno de cinco mil 833.92 metros cuadrados y una superficie de construcción de dos mil 821.86 metros cuadrados. Al respecto, en junio de este año se informó la decisión de cancelar la venta y se determinó que la casa será sede del archivo histórico de la entidad.

Además, la propuesta apuntaba al Congreso del Estado para autorizar la desincorporación para objeto de venta de los bienes inmuebles en la ciudad de Chihuahua, que suman en total 13 propiedades de distintas extensiones. Hasta la fecha, no se ha dado conocer que se lograra consumar la venta de los predios.

Mientras que en otro apartado, se ordenaba la venta de la flota aérea, propiedad del Gobierno del Estado, con el propósito de obtener ingresos para hacer frente a la contingencia y el déficit presupuestal, así como eliminar los cuantiosos gastos de mantenimiento, seguros, operación y certificación de las distintas aeronaves.

En ese sentido, se difundió que serían vendidas seis aeronaves, después se estableció que se quedarían con dos. El avión Cessna Citation CJ3, modelo 2006, matrícula XC-GDC con capacidad para siete pasajeros y dos tripulantes; el helicóptero Bell 407, modelo 2008, matrícula XC-CUU con capacidad para seis pasajeros y un tripulante, además del helicóptero Bell 206, matrícula XC-LJA, aunque este último desde un principio se informó que sería para la Fiscalía General del Estado.

También se ordenó la inmediata venta mediante el procedimiento de subasta pública de 500 unidades que estaban destinadas a usos no sustantivos del servicio público. En este aspecto sí se cumplió el objetivo y se remataron alrededor de 600 vehículos.

Por otro lado, se contempló suprimir los gastos de representación y el pago de notas de consumo de restaurantes. “De manera excepcional, se cubrirán aquellos que autoricen la o el titular de la dependencia y/o entidad en conjunto con la Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando atienda a una comisión oficial”.

A pesar del ordenamiento, salió a la luz pública el caso de Jesús Mesta Fitzmaurice, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, quien en enero de 2017, justificó viáticos de 360 mil pesos en cuestión de 10 meses, declarando que ha aportado “ideas brillantes” en sus viajes por Europa y Canadá, según se asentó en los informes de comisión.

El caso fue revisado por la Secretaría de la Función Pública, pero no informó de los resultados aun cuando se expuso –conforme a las facturas— que reportó el uso de renta de limusinas, bebidas alcohólicas, consumos en restaurantes por más de siete mil pesos, películas con cargo a la habitación y hasta pases de espectáculos.

Según el gobernador, también quedó prohibida la compra de boletos de avión en primera clase. “Esta regla aplica absolutamente a todo el personal del Gobierno del Estado, a las y los titulares de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, fideicomisos, secretarías, dependencias, entidades así como al gobernador”.

Ni qué decir de la secretaria de Cultura, Concepción Landa, quien gastó un millón 263 mil 476 pesos en viajes nacionales e internacionales tanto de ella como sus funcionarios durante 2017.

“Misiones culturales” a Austria, París y Nueva York con facturas en las que se incluyen pagos de bebidas alcohólicas y comidas de miles de pesos, mientras se declaró que no había recursos para pagar adeudos a los artistas locales que participan en actividades en la entidad.

Así, Javier Corral hasta incluyó un rubro para detallar que “el gobernador viajará preferentemente en vuelos comerciales, y en los casos que así justifiquen, recurrirá al arrendamiento de aeronaves”.

Sin embargo, el mandatario ha utilizado las aeronaves estatales tanto para trasladarse a Mazatlán, de vacaciones y para asistir al informe del gobernador de Sinaloa, así como para seguir el paso de su Caravana por la Dignidad realizada en enero y febrero de este año.

El plan de austeridad además, prometía reducir 80 por ciento del gasto en materia de comunicación social a lo largo del ejercicio presupuestal, y el 20 por ciento disponible se utilizaría acorde con los requerimientos por dependencia y entidad, sujetos al procedimiento de la Coordinación de Comunicación Social.

En el mundo real, sólo para este año 2018 el gobierno de Javier Corral firmó un contrato con la televisora local, Canal 28 para la prestación de servicios de producción y edición de programas, así como de transmisiones en vivo y divulgación de publicidad oficial por 8.5 millones de pesos.

Además de que la administración de Javier Corral destina un millón de pesos al mes a la impresión de su semanario Cambio 16.

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