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Estado

Denuncian menores haber sido víctimas de abusos en detenciones

Miguel Chavarría/El Diario | Viernes 14 Septiembre 2018 | 09:44 hrs

| Fotografía ilustrativa

Chihuahua.- Desde que son detenidos hasta su estancia en algún reclusorio, los adolescentes en Chihuahua reportaron haber sido víctimas de amenazas y castigos llevados a cabo por los propios policías y custodios.

Así lo dicta la primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup) 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual afirma que en Chihuahua la mitad de los adolescentes internos han recibido algún tipo de sanción dentro de la correccional.

Sin embargo, los abusos contra adolescentes comenzaron al mismo tiempo que sus detenciones.

Chihuahua se posicionó como el tercer estado en donde la policía municipal, ministerial y estatal, detuvo al mayor número de menores de edad. Una cifra de 578 jóvenes.

De ese número, 263 afirmaron haber sido sometidos bajo la fuerza física y 129 fueron amenazados con algún tipo de arma. Incluso hubo ocasiones en las que el agente de seguridad disparó su pistola. La mayoría de los jóvenes (437) afirmó en la encuesta no haber tratado de defenderse ni escapar de su detención. Una vez que fueron trasladados a la estación de policía o a un Ministerio Público, 221 menores detenidos afirmaron que los agentes de seguridad pública los presionaron para dar información.

En 343 casos se reportó que hubo violencia psicológica, pues la mayoría afirmó haber recibido insultos por parte de los policías, otros incluso dijeron que habían sido paseados en un automóvil dando vueltas por la calle, mientras que otros fueron incomunicados o aislados.

En algunos casos incluso, además de recibir amenazas, fueron obligados a desvestirse, presionados para denunciar a alguien, vendados de los ojos o cubiertos con algún objeto sobre la cabeza para no vieran. Once adolescentes detenidos afirmaron que los policías cometieron daños contra algún familiar. Otros 271 menores de edad confesaron que fueron víctimas de violencia física.

La mayoría de estos jóvenes fueron pateados o golpeados con las manos, otros fueron con objetos. Incluso unos afirmaron que las autoridades habían aplastado su cuerpo, les impidieron respirar o les dieron descargas eléctricas. De los 578 detenidos, 115 menores de edad fueron retenidos en centros de corrección.

Más de la mitad de ellos aseguraron en la encuesta que habían sido castigados de alguna forma dentro de las celdas. Los castigos varían.

Aunque el Inegi no tiene información desagregada sobre el estado de Chihuahua, las sanciones aplicadas para la población juvenil reclusa van desde: cancelación de visitas familiares, castigo físico, impedimento para realizar actividades, aislamientos, asignación de trabajos de limpieza, cambio a otra sección del centro, pérdida de beneficios alcanzados hasta reducción de alimentos o agua potable.

Además, 39 menores dijeron haber sido víctimas de corrupción por parte, en su mayoría, de custodios laborando en el centro penitenciario.

Estos adolescentes afirmaron que tuvieron que pagar para poder tener acceso a servicios básicos. Personal de las correccionales orillaban a los reclusos a pagar por cosas esenciales como si fueran privilegios. Esos servicios condicionados por dinero fueron: acceso al teléfono, atención médica, psicológica o escolar, cambio de dormitorio, visitas familiares, comida, agua potable, uso de baños o regaderas, una cama y cobijas, entre otros.

Luego de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta del Inegi, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef) calificó los actos de violencia contra adolescentes como inadmisibles dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En un comunicado, la Unicef hizo un llamado urgente a las entidades de seguridad pública, procuración de justicia y demás autoridades responsables de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia a reflexionar sobre los resultados de la encuesta, y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia física y psicológica que reportan haber sufrido la mitad de los reclusos adolescentes, particularmente al momento de su detención.

“Los resultados de esta encuesta confirman las situaciones exclusión, falta de oportunidades, violencia y vulneración múltiple de derechos a los que están siendo expuestos a lo largo de su vida la mayor parte de los adolescentes que ingresan al sistema penal mexicano”, señaló Christian Skoog, representante de Unicef en México, quien afirmó que los sistemas de justicia deben enfrentar desafíos que, lejos de propiciar la reintegración de los adolescentes a la sociedad, generan nuevas situaciones de violencia y exclusión.

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