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Internacional

Trump quiere recursos para seguridad

Agencias | Domingo 28 Enero 2018 | 08:27 hrs

Agencias |

San Diego.- El presidente Donald Trump no sólo quiere el muro a cambio de los dreamers, también pedirá para la Patrulla Fronteriza más recursos de los que esa agencia ha tenido de manera combinada en toda su historia, hasta 120 mil millones de dólares en cinco años y, permitir que los agentes de migración deporten de manera expedita a los detenidos sin darles oportunidad de presentarse ante jueces de migración, entre otras medidas, de acuerdo con información de la Casa Blanca.

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) advirtió que la propuesta de Trump  de conceder la ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados que llegaron de niños al país, a cambio de 25 mil millones de dólares para construir el muro, no sólo trata de acabar con la migración indocumentada sin que “la Casa Blanca lanzó una propuesta de inmigración basada en el odio y la xenofobia, que reduciría la inmigración legal a niveles no vistos desde las cuotas raciales desde 1920”.

Lorella Praeli, la directora de políticas y campañas de inmigración de la Aclu, destacó que, de aprobarse ese plan, “la única comunidad que se beneficia de esta supuesta generosidad son los supremacistas blancos”.

Algunos documentos con detalles que el presidente dará a conocer mañana, dejan ver que Trump quiere un plan sin precedentes de recursos y poderes contra los indocumentados y la inmigración legal.

La Aclu advirtió que “la crisis que enfrentan dreamers y sus familias es urgente, pero abordarla no debe ser a costa de utilizar a los jóvenes inmigrantes como moneda de cambio, devastando a las comunidades fronterizas con muros y agentes dañinos, o tomando en serio esta propuesta nativista”.

Mientras que esta semana los republicanos en el Senado acordaron que alcanzarían un acuerdo sobre  migración con los demócratas para el 8 de febrero, o tomarían el tema de los dreamers por separado hasta resolverlo, en la Cámara baja no hay ningún compromiso y cualquier acuerdo podría fracasar si lo reprueba la Cámara de Representantes con mayoría republicana.

El Instituto Cato informó que tras el anuncio del presidente el miércoles, “un amplio grupo de republicanos de la cámara baja con el apoyo del presidente Trump se unió en una legislación integral de reforma migratoria que sería su respuesta al punto muerto de DACA (programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)”.

Ese grupo republicano quiere “un nivel de presupuesto durante los próximos cinco años para Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, a la que pertenece la patrulla) del doble del que ha tenido en toda su historia desde su creación en 2003”, indica Cato.

"Específicamente para la Patrulla Fronteriza, que ahora es un componente de la CBP - requeriría aproximadamente seis veces más gasto por año y un total de 120 mil millones de dólares en cinco años, que es más de lo que la Patrulla Fronteriza ha gastado en toda su historia”, advirtió.

Desde 1965, la Patrulla Fronteriza ha gastado alrededor de 65 mil millones de dólares, cerca de la mitad del monto que exige ahora el proyecto de la cámara de representantes para los próximos cinco años, según Cato.

Por otro lado, y de acuerdo con detalles que adelantó este fin de semana la Casa Blanca, parte del paquete de medidas que el presidente exige a cambio de mantener el programa de DACA, ampliarlo para un total de dos millones de dreamers y otorgarles residencia legal y ciudadanía estadunidense en un proceso de diez a dos años que incluye medidas también sin precedentes para oficiales de migración.

Según detalles de la propuesta, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían deportar de manera expedita a los indocumentados detenidos, sin llevarlos a centros de detenciones ni otorgarles oportunidad de presentarse ante jueces de migración.

Trump quiere que acabe lo que los republicanos llaman “el juego del gato y el ratón”, que arrestan a una persona indocumentada y luego sale libre, tras audiencia ante cortes de migración; ahora detendrían a todo aquel que deba presentarse ante las autoridades sin permitirle salir libre.

El Presidente también exige que se termine la reunificación familiar. Hasta ahora cuando una persona inmigrante adquiere la ciudadanía estadunidense, puede solicitar que sus padres, hijos menores y otros familiares sean residentes legales en el país, muchas veces con esperas de entre 15 y 20 años. Trump quiere que ahora termine esa opción a la que llama “inmigración en cadena”.

El documento de la Casa Blanca con detalles dice que Trump pide que se “asegure la detención y remoción de extranjeros criminales, pandilleros, delincuentes violentos y delincuentes agravados”, pero la sola presencia sin permiso o documentos convierte en delincuentes a los indocumentados.

Todo eso, además de los 25 mil millones de dólares para construir el muro fronterizo en los límites con México.

En un comentario, la revista The Nation informó que “la Casa Blanca de Donald Trump ha tomado a los dreamers como rehenes y para liberarlos a ellos y a otros jóvenes inmigrantes en su situación, les están diciendo a los demócratas (y a los republicanos a favor de la reforma) que deben entregar a los otros nueve millones de personas indocumentadas y rechazar aproximadamente la mitad de los inmigrantes legales que podrían venir en el futuro”.

La propuesta del Presidente, según los detalles adelantados, ni siquiera menciona a 200 mil salvadoreños a quienes canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Los dreamers se dicen  defraudados por los legisladores demócratas que avalan la construcción del muro y otras medidas antiinmigrantes, especialmente para la frontera.

Erika Andiola, una dreamer mexicana activista y dirigente nacional que fue portavoz latina de la campaña de Bernie Sanders, dijo en tono de reproche: “por un momento pensé que los demócratas podrían ponerse de pie para defendernos”.

Algunos jóvenes consultados opinaron que hay dos partes a las que no se puede creer: a Trump, quien puede decir algo y cambiar de parecer y a los demócratas que proporcionan declaraciones de apoyo, pero luego optan por proteger intereses.

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