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Vergonzoso que la FGE sabotee la ley

Miguel Silva/El Diario | Viernes 10 Agosto 2018 | 07:36 hrs

Tomada de internet | Fotografía ilustrativa

Chihuahua.- El espionaje telefónico que el Gobierno del Estado realiza a través de la Fiscalía General, sin una orden judicial, es vergonzoso, afirmó Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la mesa de seguridad de la Coparmex, al señalar que la autoridad es la primera obligada en cumplir las leyes y no lo hace.

El empresario expuso ayer que esta situación no debe presentarse ni permitir que nada pase en consecuencia, pues es una clara violación a la privacidad de las personas, es simplemente una práctica ilegal y violatoria de los derechos humanos.

En este sentido, Manjarrez Ayub enfatizó que una autoridad superior a la Fiscalía General del Estado (FGE), “ya debiera estar fincando responsabilidad legal en contra de quienes ordenan el espionaje telefónico, el cual se realiza de una forma deliberada y en perjuicio de quienes son objeto de esas prácticas deshonestas y que hacen ver mal a cualquier gobierno”.

Como ejemplo de una instancia superior, en la víspera estableció el Consejo de la Judicatura Federal su exhorto a que la Fiscalía esclarezca y sustente los 49 casos de intervención telefónica, ordenados a empresas privadas sin la debida autorización de jueces federales. No obstante, la dependencia estatal ha permanecido en silencio desde el lunes pasado que esa información se hizo pública.

Por ello, el titular de la mesa de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que con este tipo de acciones, el gobierno estatal pierde legitimidad y manda un mensaje negativo y vergonzoso a la población.

“Cualquier persona está sujeta a estas prácticas y sin siquiera darse cuenta de ello, sin importar que no esté vinculada a alguna investigación policial o a algún delito, violentando el derecho de cualquier ciudadano”.

Desde la activa plataforma del organismo empresarial, Manjarrez Ayub instó a las autoridades estatales a dejar de realizar estas prácticas que carecen de toda ética, ya que no existe argumento válido para hacerlo, pues simplemente la ley no lo permite.

Agregó que la autoridad debe actuar con el ejemplo, con mayor razón la encargada de aplicar la ley, debe ser la primera en respetarla y no lo hace, incluso la violenta con técnicas de espionaje telefónico.

En la óptica del empresario, lo anterior resalta la importancia de contar con una fiscalía autónoma, capaz de trabajar sin apegarse a lo que el Ejecutivo le dicte, lo cual sucede en todas las esferas de gobierno, donde los aparatos de justicia son usados a conveniencia de los gobernantes.

El Diario reveló el lunes pasado que la FGE solicitó directamente a la empresa Telcel datos de geolocalización en tiempo real en 49 ocasiones desde el segundo semestre de 2016 hasta diciembre de 2017, sin permiso de un juez federal.

Además de haber obtenido datos sensibles de forma ilícita, esta casa editora documentó también que la Fiscalía adquirió un software especializado para el rastreo inmediato de celulares a través de un contrato de 2.7 millones de pesos con Neolinx de México, S.A. de C.V., empresa vinculada con la firma italiana Hacking Team, la cual desarrolla programas que utilizan métodos de infección para la intervención de celulares.

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