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Opinion

... Y con Peniche ¿Qué hacemos?

| Viernes 17 Marzo 2017 | 00:26 hrs

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Que se maten solos, la estrategia

Bachilleres a la orilla del barranco

Ante el silencio, especulación

 P
óngalo en los términos que prefiera, los más amables respetuosos y comedidos de que disponga. Con independencia del tono, la percepción ciudadana –en buena parte del primer círculo corralista también- es que César Augusto Peniche alcanzó su nivel de incompetencia.

No es que sea falto de voluntad o tarugo, simplemente los grupos criminales rebasaron sus alcances y el de los fiscales regionales que lo acompañan en el desastre violento que sufre Chihuahua. Los rumores de su renuncia, que venían de días atrás, se intensificaron entre la tarde del miércoles y ayer jueves.

Patricio Martínez aguantó al bonachón abuelo González Rascón hasta que sufrió el atentado, entonces llamó a Chito Solís y cuando perdió su confianza nombró a Toño Piñón; en el camino aprendió que la inseguridad no es cosa personal o buena voluntad.

Reyes Baeza se la jugó los seis años con Patricia González: las consecuencias de mantenerla resultaron funestas para la procuradora y el gobernador pagó un elevado costo político, que hasta hoy sigue lamentándolo. Duarte confió la delicada tarea a Carlos Manuel Salas, los primeros tres años; y la segunda mitad de su gobierno a González Nicolás. Ambos terminaron aceptablemente bien.

Javier Corral empezó su historia, en materia de procuración de justicia, con un recomendado al que no conocía. En menos de cinco meses ese recomendado volteó el estado patas arriba, los datos ahí están para el quisquilloso de las estadísticas. ¿Lo sostendrá por soberbia o cálculo político?

Mantenerlo por decisiones desapegadas al tema de seguridad asestaría un golpe a la menguada imagen del gobernador; sería desastroso para el propio Peniche y una tragedia para la entidad. Existen áreas de la administración que no admiten titubeos y la Fiscalía es una de ellas.

En el submundo de policías y ladrones, donde con frecuencia se pierde la "raya" que separa unos de los otros, trascendió que la estrategia gubernamental contra la violencia es brutalmente simple y elemental: dejarlos que se maten entre ellos a fin de que prevalezcan los más osados. Una versión social de la darwiniana selección natural del más fuerte.

En ese mundillo de falsedades, mentiras viles y rumores generados a gusto e interés de los grupos criminales y sus ramificaciones en los cuerpos de seguridad, todo es puesto en duda. Es el valor que, por lo tanto, debe otorgarse a tales trascendidos.

Sin embargo GPS los retoma porque son alarmantemente coincidentes con la violenta erupción de asesinatos que padece la entidad. De pronto da la impresión de que la policía deja que se maten entre ellos, dando veracidad a los rumores.

Sería la misma estrategia sugerida por García Luna a Felipe Calderón, con el agravante de que entonces la Policía Federal puso a las órdenes del Chapo y sus lugartenientes su enorme fuerza y sistemas de inteligencia.

Cuidado: de las matanzas “entre ellos” hay una línea muy tenue a los delitos de alto impacto social: secuestros, extorsiones, robos de autos y negocios, víctimas colaterales, ahí está el vicerrector del Tecnológico de Monterrey, la mujer herida también en la San Felipe y muchos otros ejemplos.

Al crimen hay que combatirlo o negociarlo y si deciden negociarlo que sea bajo los términos de la autoridad. Es lo que hacen en todos los países del mundo, incluidos los arrogantes Vecinos, quienes sin rubor ven las actividades criminales asociadas a las drogas como un mal necesario.

Es cuestionable que el mero concepto “negociación” vuelva locos a los gobiernos del PAN, al que ponen las cruces sólo por pensar en lo políticamente correcto. El costo social, económico y en vidas humanas es demasiado alto cuando lo postulan, además, como deber ético y moral, inaplicables a los gobiernos cuyo eje rector debe ser eficacia, gobernanza, orden y legalidad.

Todo conflicto sindical se sabe porqué y cuándo empieza; pero nunca cómo y cuándo termina. Ponga usted que José Acuña y el Comité Ejecutivo del sindicato en Bachilleres tienen motivaciones políticas para desestabilizar la institución, conducta hasta hoy inobservada en el movimiento, pero dela usted por buena y además agregue que ciertamente el gobierno está quebrado para atender sus demandas.

En ese caso la obligación de las autoridades educativas –Cuarón y Ortuño- es promover los vastos recursos legales y políticos a su alcance para despresurizar el conflicto. Pero en lugar de mostrar una posición negociadora se montan sobre la intransigencia y la descalificación, alentando el paro indefinido.

Hay anécdotas de un viejo líder sindical que, puesto a la orilla de la huelga, optó por solicitar ayuda fuera de la empresa, a los que sabían, para evitar el estallamiento. Porqué, preguntó extrañado el solicitado para intervenir de gratuito mediador externo. Es que el asesor de la empresa es muy pendejo, no sabe como arreglarla y si vamos a la huelga es mínimo una o dos semanas. Eso ni a nosotros conviene, respondió el sindicalista lagartón.

En el caso del Bachilleres está peor, la directora, que debería facilitar una negociación, es la que parece más interesada en calentar al sindicato. En estos dos días de paro hasta se propuso dividir a los maestros y cualquiera sabe que no hay más ofensa para los dirigentes sindicales que desde la parte patronal alienten el divisionismo de los trabajadores.

Surgió como un chisme difícil de creer y así se mantuvo hasta que Renee Banquett se presentó ante los medios de comunicación para ratificar en público la demanda presentada en el Consulado de Denver, donde acusa al Gobernador Javier Corral de amenazarla de muerte, a través de supuestos personeros, además la señorita formalizó la misma demanda ante la Procuraduría General de la República.

El hecho no había sido recogido por los medios hasta que presentó la demanda en la PGR y por lo tanto emplazó al gobierno a ofrecer una respuesta. No porque se trate de un asunto legal que deba dirimirse estrictamente en los órganos de procuración de justicia, sino porque hay un señalamiento expreso y público contra el gobernador, que de no atajarse abre las puertas a la especulación.

Lo mismo aplica a la diputada aludida Maribel Hernández. Ella específicamente quedó emplazada para someterse a la prueba del polígrafo si no tiene nada que ocultar, lo más sensato y con el fin de espantar habladurías tómele la palabra a su ex asesora y haga la prueba. Partan de la base de que en ausencia de información, cualquier noticia por chismosa que parezca en el caso de los empedrados tiende a crecer.

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