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Opinion

Incertidumbre por la errática administración de Corral

Editorial | Miércoles 16 Mayo 2018 | 00:10 hrs
La población del estado de Chihuahua vive una etapa de inestabilidad y desconcierto, debido a una serie de fallas que arrastra la actual administración del gobierno estatal: destacan las de seguridad pública y justicia, así como las finanzas, la falta de obra pública y la desatención de los funcionarios del primer nivel hacia los representantes de la iniciativa privada.

El estado de Chihuahua figura en el nada halagüeño primer lugar donde es cometido el delito de narcomenudeo, según la página del Semáforo Delictivo, con 827 casos durante el mes de marzo de este año; un 64 por ciento más que la media nacional que es de 534 casos y un 9 por ciento más que el mismo mes del año pasado.

Antes de que iniciara esta administración de gobierno, el fiscal saliente Jorge González Nicolás advirtió de la llegada al estado de grupos delictivos que se dedicaban principalmente al narcomenudeo, razón por la cual ya empezaba en esos meses a incrementare el número de homicidios que había ido a la baja; sin embargo la falta de una adecuada transición --los nuevos encargados de la Fiscalía del Estado nunca se reunieron con sus antecesores-- no fue armada una estrategia para hacerle frente a esa nueva oleada criminal.

El mal cundió en varias ciudades del estado y en las zonas rurales, de tal manera que en Ciudad Juárez, según el mapeo georreferencial del delito realizado por las corporaciones policiacas, existen mil calles en las que se vende droga al menudeo, en tanto que en la ciudad capital fueron detenidas durante el año pasado mil 222 personas acusadas por el delito de narcomenudeo.

En la Zona Centro de la Fiscalía que comprende varios municipios del Sur del Estado, fueron detenidas por el delito de narcomenudeo en el 2017, mil 443 personas, pero de ellos fueron condenados a prisión por un juez sólo 217; es decir, casi el 85 por ciento de narcomenudistas apresados fueron liberados por la falta de evidencia que probara su responsabilidad en los hechos que se les imputaron.

En torno a esta problemática el empresariado chihuahuense manifestó la intención de buscar un acercamiento con el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, para ver cómo detener la puerta giratoria que permite salir a ocho de cada 10 narcomenudistas detenidos. Así lo hizo saber el presidente de la COPARMEX, Federico Baeza Mares, quien resaltó que esa situación también es propiciada por la falta de inversión en tecnología y equipamiento de la misma Fiscalía y en las áreas de investigación.

Lo que existe en el trasfondo de este problema creciente es la ineficacia de los agentes del ministerio público para integrar los expedientes, además del factor de equipamiento que advierte el dirigente empresarial.

La intención del empresariado de Chihuahua de tener un acercamiento con los funcionarios del gobierno estatal enfrenta una dificultad que ellos mismos han denunciado: la desatención del poder ejecutivo a sus planteamientos.

El propio Baeza Mares se quejó de que el gobernador del Estado, Javier Corral, no atiende a ningún organismo de la iniciativa privada y precisó que el gabinete sólo se reúne con unos cuantos hombres de negocios que no representan a todo el sector productivo; y eso está frenando la inversión y los proyectos de desarrollo. En una conferencia de prensa calificó de muy desafortunado que se diga que ‘hay una relación con empresarios’, cuando lo que se tiene es una desatención del mandatario estatal hacia los organismos del sector privado de la ciudad de Chihuahua.

No tener una buena relación con el empresariado es un grave error para el titular del ejecutivo cuando uno de sus problemas fundamentales, que él mismo ha dicho, es la falta de recursos no sólo para desarrollar nuevo proyectos, sino para satisfacer las necesidades que tienen las dependencias de gobierno para cumplir con sus funciones.

Si a esto se agrega la incapacidad de algunos funcionarios nóveles que han desaprovechado los recursos enviados por el gobierno federal y han incurrido en el subejercicio de partidas, el panorama se empeora para los chihuahuenses.

Y es que eso ya ocurrió: el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, devolvió al gobierno federal 31 millones 729 mil 22 pesos por concepto de partidas no ejercidas de aportaciones, subsidios y apoyos durante el 2017, de acuerdo con datos ofrecidos por la dependencia estatal a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Al respecto, Arturo Dávila Dozal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Chihuahua (CMIC), dijo que llama la atención que las autoridades “andan llorando porque no tienen recursos” y que ahora “ilógicamente tengan que devolver dinero a la Federación por no invertir el recurso disponible”.

Es evidente que la Secretaría de Hacienda del Estado brinde un informe detallado a la sociedad de la razón por la cual se cayó en subejercicio de los recursos disponibles durante el año pasado.

En este adverso panorama para los chihuahuenses, el gobernador Javier Corral ha puesto otro ingrediente que puede comprometer el futuro inmediato del estado al confrontarse directamente con el gobierno federal, en lo que respecta a impartición de justicia, que es el caso del detenido Alejandro Gutiérrez, conocido con “La Coneja”, al resistirse a cumplir el mandato judicial que lo obliga a ponerlo a disposición de la justicia federal.

Sin duda es un caso polémico y delicado, pues el inculpado, presuntamente tiene cuentas pendientes en el ámbito local, pero también es acusado, junto con Antonio Enrique Tarín y Gerardo Villegas Madriles de delitos del orden federal. Y ante la resolución judicial, si las autoridades estatales se resisten a entregarlos, incurrirán en desacato. Ya hubo un delicadísimo conato de enfrentamiento entre policías estatales y federales por este motivo. ¿Hasta dónde llegarán?

Este conjunto de circunstancias tienen a la población en vilo; existe una gran incertidumbre por las carencias, el desorden administrativo, los yerros de los funcionarios y la violencia.

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